Colombia: Desde Cargill hasta su mesa

Una noticia como estas puede perfectamente pasar de agache y no parecer nada relevante para Colombia, pero sí es relevante y más de lo que podríamos estimar. La razón es bastante simple: la compañía #1 es Cargill con ganancias para 2014 de 134.9 billones de dólares, una cifra que opaca el presupuesto general de Colombia para 2015.

Pero la cuestión nos concierne por razones más importantes. Cargill es una empresa que monopoliza mundialmente la producción de alimentos y va mucho más allá: esta empresa produce, almacena y transporta alimentos a nivel global con una flota de 550 cargueros y hacia 6000 puertos alrededor del mundo, además de contar con plantas de producción en tres continentes. Siendo Colombia una de las fronteras que aliviará la crisis alimentaria del 2050 tan pronosticada por los expertos, y contando con parte de la disponibilidad de tierras cultivables en el mundo que se encuentra en África Subsahariana, Asia y América Latina, el trabajo de Cargill nos concierne directamente.

Solo en Colombia, se estima que hay un total de 4 millones de hectáreas que pueden ser susceptibles de convertirse en tierras productivas y que constituyen en gran parte los llamados “baldíos” de la nación. Sin embargo, son extensiones vastas que están localizadas principalmente en la región de la Orinoquía, y que requieren de grandes inversiones para convertirlas en tierras productivas.

Ahí es donde entra en juego no solo Cargill, sino otros interesados en el rentable negocio de la alimentación y los biocombustibles. A la fecha, de acuerdo con un informe de Oxfam analizado por Verdad Abierta, se ha comprobado que la multinacional en mención se apropió de poco más de 52.000 hectáreas en la Orinoquía colombiana que fueron anteriormente baldíos, y lo consiguió a través de maniobras jurídicas adelantadas por la prestigiosa firma Brigard & Urrutia.

Esta firma, cuando fue consultada sobre sus maniobras [i]legales dijo, palabras más palabras menos, que “desarrolló una solución jurídica para su cliente”, aunque bajo la legislación colombiana ningún particular o empresa (nacional o extranjera) puede acumular más terrenos de los que comprende una Unidad Agrícola Familiar UAF; esta figura lo que busca es impedir que existan grandes acumulaciones de tierras en cabeza de una sola persona u organización.

Para la mencionada firma, no se trata de un problema jurídico sino político y en ningún momento se habla de las implicaciones éticas de estas maniobras. Pero Cargill, no contento con lo que ya de hecho tiene, contempla una meta de 90.000 hectáreas de cultivos en el país, una extensión para nada despreciable y que va en contravía de la ley, sobre todo si se tiene en cuenta que para restituir a las víctimas del conflicto, el Estado está destinando 250.000 hectáreas.

El gobierno nacional -desde Uribe y hasta Santos- ha cimentado este camino, promoviendo leyes que facilitan este tipo de maniobras, como la que se debate actualmente sobre las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre), convirtiéndolo no en un problema de distribución y uso del suelo, sino de productividad del mismo. Nadie niega que para poner a producir la Altillanura se necesitan importantes inversiones, pero esos procesos en el actual marco de negociaciones de paz con las FARC en La Habana resultan ser por demás contradictorios. Por un lado negociamos, pero por el otro adelantamos triquiñuelas legales que impidan en un momento dado implementar ese ideario de campo que se ha plasmado en el primer acuerdo.

Es en este punto cabe preguntarse ¿por qué el Gobierno Nacional no adelanta y ejecuta las inversiones que se necesitan para adecuar las tierras de la Altillanura y convertirlas en productivas? El Ministerio de Agricultura cuenta con un aumento en su asignación presupuestal del 7,3% con respecto al año inmediatamente anterior y su participación relativa en el presupuesto general se ha incrementado al 2,7%. Lo que significa que recursos para invertir sí hay.

Ante este escenario, ¿cómo podrá Colombia cumplir con lo pactado en La Habana si no se hace una reforma agraria seria y estructural?, ¿cómo conciliar los megaproyectos agroindustriales con el país rural que soñamos?, ¿cómo evitar que los monopolios globales permeen la esfera doméstica?, pero sobre todo ¿cómo educar una nueva generación que se aparte del neoliberalismo salvaje en su peor expresión y abrace de alguna manera una suerte de pos-neoliberalismo que evalúe el modelo económico actual que por indiferencia o gusto hemos adoptado?

Finalmente, no podemos pretender que es una realidad que existe pero que la viven otros, más temprano que tarde sentiremos los impactos del gigante monopolista desde sus plantas de producción y procesamiento en nuestro propio país llegando a nuestra mesa, y porque no en nuestro índice de desigualdad.

Fuente: El tiempo