Colombia: Crisis ambiental, por el agua y la vida, en Putumayo
"Es evidente, como recién lo manifestó el Tribunal Superior de Mocoa, que el agua para el consumo humano está contaminada por diferentes agentes tóxicos que emanan de la actividad petrolera en las veredas, presentes también en aire y suelos".
En el Bajo Putumayo, en Puerto Asís, en las veredas ubicadas en el corredor fronterizo que conduce de Puerto Vega a Teteyé, las comunidades se encuentran preocupadas con la situación que a diario viven en sus casas ante la falta de agua potable, acueducto y alcantarillado; ante la violación de sus derechos fundamentales producto de la actividad petrolera, en cabeza del Consorcio Colombia Energy quien incrementa su producción por encima de la preservación de la biodiversidad y de los intereses de las comunidades que luchan por la paz con justicia social y ambiental. Hoy se cuestiona el marco legal que permite, por parte de las autoridades ambientales nacionales y regionales, al Consorcio Colombia Energy continuar con sus labores a pesar de la no aplicación del Plan de Manejo Ambiental; pues es evidente, como recién lo manifestó el Tribunal Superior de Mocoa, que el agua para el consumo humano está contaminada por diferentes agentes tóxicos que emanan de la actividad petrolera en las veredas, presentes también en aire y suelos.
Por todo lo anterior se decidió reclamar ante las instancias jurídicas la protección y defensa de la vida, el agua y la salud; en el territorio hay personas enfermas de gravedad, sin solvencia económica para recurrir a los centros de atención médica, que además se encuentran colapsados, ya que los centros hospitalarios del departamento carecen de insumos y personal humano, sin la capacidad para atender las innumerables enfermedades graves y extrañas que presentan los habitantes del corredor Puerto Vega-Teteyé.
Con indignación la gran mayoría de los habitantes de las veredas de se preguntan ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta gente muriendo por enfermedades desconocidas?. Por estas razones no están de acuerdo con la entrega de la soberanía de Colombia, en especial del territorio de Putumayo, a empresas petroleras; pues es incalculable el daño que se le hace al Piedemonte Amazónico, desconociendo su trayectoria cultural y su biodiversidad y sus fuente hídricas, además del daño a las comunidades que están conviviendo al lado de las áreas de influencia de la explotación petrolera y quienes viven en la riveras de los ríos, caños, quebradas y humedales por la utilización del líquido vital para actividades industriales en los pozos petroleros. Estas verdades no son reconocidos por las empresas petroleras ni las autoridades ambientales.
Con la llegada de la extracción petrolera desde inicios de los años 60’s al municipio de Orito y cuando se expandieron en el Bajo Putumayo iniciando los años 90’s, las comunidades se vieron obligadas a trabajar para empresas multinacionales operadoras de la extracción de hidrocarburos; obligadas, porque ¿quién va a querer trabajar en condiciones inhumanas, con poca seguridad industrial, con el riesgo de adquirir enfermedades de por vida, sin prestaciones sociales suficientes? Estas condiciones de trabajo indignas obligan a abandonar las culturas y creencias y hacen a los trabajadores esclavos de salarios que muchas veces se han demorado años en llegar o que nunca llegaron.
A esto se le suma la militarización de la vida rural, diariamente existen violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública. Las comunidades temerosas, sin callar, exigen garantías para sus derechos, y el Gobierno Nacional y las empresas petroleras envían sus fuerzas militares, quienes hacen continuos señalamientos, empadronamientos, judicializaciones y asesinatos, como sucedió en el marco de la justa protesta en septiembre de 2014 con la muerte de Arnoldo Muñoz, quien falleció mientras reclamaba los derechos de las comunidades que viven con la desdicha del petróleo.
La militarización de la zona está a cargo de la VI División del Ejército a través de la Brigada 27 de selva y la Brigada móvil 13, quienes protegen estaciones y pozos petroleros en Quinde, Cohembí y Quillasinga, dejando a su paso desplazamiento y despojo. Se han instalado en las tierras de las comunidades con la excusa de allí viven narcotraficantes: intimidan a las comunidades con actos de pillajes, hurtos de remesas y animales. Con la llegada de los soldados se inició el consumo de “vicios” en la región, contagiando a los adolescentes que nunca habían padecido esta problemática. Con la llegada del Consorcio Colombia Energy no sólo se vio la triste realidad del falso desarrollo, también se vio la partida de muchos vecinos por el incremento de ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados “falsos positivos”.
Finalmente en el 2016 sigue agudizándose el abandono estatal, la militarización, la aparición de grupos paramilitares con panfletos, amenazas, desapariciones y desplazamientos forzados; la violación de derechos humanos, la descomposición social, la desaparición de culturas y saberes de los pueblos ancestrales y el aumento de la contaminación ambiental. Por la caída del precio del hidrocarburo la empresa petrolera incrementó la extracción, a las comunidades le robaron y le implantaron nuevas formas de falso desarrollo; pues un desarrollo que permite que se mate la vida y que se mueran los sueños, no puede ser bueno.
No se pueden seguir usando los recursos naturales como ventaja militar para la guerra que ya bastante sufrimiento ha causado, dejando viudas y huérfanos y territorios contaminados. Existen empresas en Putumayo que no son del país, que vienen a nuestros territorios a contaminar y dañar lo que en sus propios países no les dejan hacer. Se exige un cambio en las políticas ambientales, que las comunidades puedan decidir sobre lo ambiental, social, económico y cultural; que su voz sea escuchada para construir territorios de paz, un mejor país con justicia social y ambiental. No se pueden seguir privatizando los territorios que históricamente le han pertenecido a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y que hoy, por las malas decisiones del Gobierno Nacional y su Ministerio de Ambiente, sufren la extranjerización y apropiación por desposesión, en otras palabras el desplazamiento silencioso de sus tierras.
Fuente: Agencia Prensa Rural