Clorpirifós, el Insecticida organofosforado más utilizado en la Argentina
"Clorpirifós es otro ejemplo de la incorporación descontrolada y creciente de un conocido tóxico que se esparce ampliamente en la Argentina, como parte de una práctica de producción agroindustrial que no considera los derechos a la salud y al ambiente sano de toda la población."
Reconocimiento de la peligrosidad del Clorpirifós
La Environmental Protection Agency (EPA: Agencia de Protección Ambiental) de EEUU llevo a la prohibición de los usos residenciales de chlorpyrifós en ese país. En las palabras de la entonces administradora de esa Agencia, Carol Browner, “Chlorpyrifos is part of a class of older, riskier pesticides, some going back 50 years... Now that we have completed the most extensive evaluation ever conducted on the potential health hazards from a pesticide, it is clear that the time has come to take action to protect our children from exposure to this chemical.” (EPA Administrator Carol Browner). (Que clorpirifos es un viejo y riesgoso pesticida, con más de 50 años de uso y que habia llegado el momento de tomar acciones para proteger a sus niños de la exposición a este químico, ya que conocian claramente su potencial riesgo sobre la salud).
Después de esta prohibición de uso residencial urbano, chlorpyrifós (CPF) siguió utilizándose en agricultura en EEUU.
Un estudio reciente (2011) de la Universidad de Columbia en ese país, concluye que: We report evidence of deficits in Working Memory Index and Full-Scale IQ as a function of prenatal CPF exposure at 7 years of age. These findings are important in light of continued widespread use of CPF in agricultural settings and possible longer-term educational implications of early cognitive deficits. Environmental health Perspectives [electronic publication ahead of print] ( ver aquí), es decir que el cociente intelectual de niños expuestos a Clorpirifós en el periodo pre-natal esta reducido en relación directa a los niveles de este plaguicida en la sangre del cordon umbilical al momento del nacimiento.
Evidencia de este tipo (y este trabajo es solo uno de muchos otros que han obtenido similares conclusiones respecto de la peligrosidad de este plaguicida para el desarrollo infantil) debieran constituir un fuerte argumento para solicitar la prohibición total de su uso en cualquier ambiente, urbano o rural.
Es de hacer notar que estos efectos de Clorpirifós se encontraron a dosis que estan muy por debajo de aquellas que provocan inhibición de la enzima acetilcolinesterasa que es la causa de su toxicidad aguda.
Este ejemplo de efecto de dosis subletales disponible en la literatura reciente justifica la necesidad de re-clasificar (y muy probablemente prohibir el uso) este plaguicida y otros de la misma clase química y toxicológica que se utilizan masivamente en Argentina (por ejemplo metamidofos).
El Clorpirifós disponible puede eliminar a toda la población de Argentina
Para dar una idea de cuan masivo es el uso de esta clase de insecticidas, podemos citar las cifras que indican cuanto Clorpirifós se importa a través de la Aduana de Buenos Aires anualmente. En 2010, entraron 8.650.000 de litros/kilos de este tóxico, un incremento de mas del 100% con respecto a 2006. Estas cifras provienen del sitio web de SENASA.
Si dividimos la cantidad de Clorpirifós importada en 2010 por su dosis letal 50 extrapolada a seres humanos, obtenemos el numero de 2.633.500.635 dosis, es decir, mas de 60 veces la población de Argentina.
Se importa cada año una cantidad suficiente como para eliminar a Argentina del planeta si cada habitante se expone directamente al mismo. Estas cantidades circulan por nuestras rutas, se almacenan en lugares que no conocemos, quizás en centros urbanos, se fraccionan e incorporan a formulaciones varias en establecimientos a lo largo y a lo ancho del país y luego se distribuyen y dispersan en el ambiente por aplicaciones terrestres y aéreas. También existen como residuos en los alimentos y en el agua al contaminar vegetales, peces, aves y demás animales que se consumen en las mesas de los argentinos.
Niños expuestos a clorpirifos en Argentina
Las cifras mencionadas dan una idea de la magnitud de los potenciales daños a la salud pública. La industria de agroquímicos es indiferente a esto e incluso menciona débiles estadísticas del Ministerio de Salud Pública, otro organismo que debiera informar en relación a la solicitud del Defensor del Pueblo de la Nación, y que parecen consignar la inocuidad del uso de plaguicidas en general o quizás no conozca los efectos del clorpirifós sobre el neurodesarrollo humano.
En sus considerandos, la Resolución 147/10 del Defensor del Pueblo dice que aún considerándose solamente el riesgo de intoxicación aguda con dosis letales, lo expresado en el Atlas (de Riesgo Ambiental de la Niñez en la República
Argentina) da cuenta de un número aproximado de 3 millones de niños y niñas que viven en situación de riesgo ambiental por agroquímicos.
Esta gravísima aseveración debiera haber provocado una intervención del SENASA para verificar los niveles de contaminación por plaguicidas en la sangre u orina en niños de las zonas afectadas, pero por ahora con respecto a clorpirifós no tomó ninguna determinación y paralelamente autoriza a las empresas de agrotóxicos a que liquiden todas sus existencias de Endosulfán y después recién comenzar a ejecutar la prohibición del uso de este veneno en la Argentina recientemente acordada en el Convenio de Estocolmo.
Clorpirifós es otro ejemplo de la incorporación descontrolada y creciente de un conocido tóxico que se esparce ampliamente en la Argentina, como parte de una práctica de producción agroindustrial que no considera los derechos a la salud y al ambiente sano de toda la población.
Es preciso insistir en que un sistema de producción que requiere incorporar año a año más venenos para mantener su producción no anda bien, no es sustentable, y con una mirada desde la Salud Pública nos parece hasta criminal. Es urgente que comencemos a replantearnos de que manera avanzamos hacia formas de producción más amigables con la salud del ambiente y de las personas y no seguir aceptando recetas que van contra nuestros propios derechos sociales y que benefician esencialmente a las grandes empresas de biotecnologia que controlan ampliamente este mercado.