Chile: la marcha de las represas

En los últimos dos años, una campaña ambiental de alto perfil llamada Patagonia sin Represas ha ayudado a generar un debate a nivel nacional sobre los planes de la empresa energética HidroAysén de construir cinco represas a lo largo de los ríos Baker y Pascua, en la Patagonia chilena. HidroAysén es un proyecto conjunto entre la gigante española de electricidad Endesa, propiedad de la compañía italiana Enel, y la chilena Colbún.

Lo que comenzó como una oposición local se convirtió en una campaña a nivel nacional que presionó sobre las empresas involucradas y, al menos por el momento, ayudó a detener el proyecto. Según recientes encuestas, la mayoría de chilenos desaprueban actualmente el multimillonario plan, a pesar del apoyo recibido por varios altos miembros del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

"Lo que sí ha cambiado es el lado de la sociedad civil", dijo el ecologista Juan Pablo Orrego. "Con estas campañas hemos viabilizado los verdaderos costos de las grandes centrales hidroeléctricas. Antes era [vista] como energía limpia, renovable, la más barata. Los tres clichés. Con estas campañas hemos mostrado que no es cierto".

Más proyectos

Aunque de hecho el movimiento Patagonia sin Represas ha tenido éxito en llamar la atención sobre la construcción de las plantas, la ampliación del debate más allá de los confines de los proyectos de HidroAysén sólo ha tenido un impacto limitado. Con la atención nacional puesta en la Patagonia, las empresas energéticas han presionado silenciosamente por una larga lista de otros proyectos hidroeléctricos en otras partes de Chile.

En setiembre del año pasado, la socia de HidroAysén, Colbún, presentó un estudio de impacto ambiental para una central eléctrica de US$500 millones en el río Biobío, en la VIII Región, centro-sur del país. El segundo río más grande de Chile, después del Baker, el Biobío actualmente soporta ya dos de las tres represas más grandes del país —Pangue (467 MW) y Ralco (690 MW), de Endesa—, que juntas suministran aproximadamente 9% de la electricidad total del país.

La jugada no atrajo ninguna atención de los medios, a pesar del hecho de que en el 2004, el año que Ralco fue inaugurada, el gobierno chileno prometió en un informe presentado a la Organización de Estados Americanos que no permitiría otros proyectos de ese tipo en la región.

Las represas Pangue y Ralco fueron sumamente controvertidas, no sólo por sus impactos ambientales, sino porque en ambos casos los proyectos obligaron a reubicar a comunidades indígenas mapuche-pehuenche.

La historia parece que se repetirá en vista de que el proyecto Angostura, de 360 MW, de Colbún, planeado para construirse en la unión de los ríos Biobío y Huequecura, demanda un reservorio de 640 Ha que desplazará aproximadamente a 45 familias. Varias de ellas son mapuche-pehuenche. Para empeorar las cosas, seis de las familias ya han sido reubicadas para hacer espacio a la represa Pangue.

"Estamos pidiendo al gobierno cumplir con su palabra en cuanto al manejo sustentable de cuencas, que cumpla su palabra en cuanto a que todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural mapuche-pehuenche sea respetado, y que cumpla su palabra en cuanto a que en el río Biobío no se haga ninguna represa en territorio mapuche-pehuenche", dijo Freddy Pérez, vocero del grupo opositor "Aguas Libres de Quilaco".

Antecedentes nefastos

Pérez y otros críticos del proyecto esperan que sus argumentos sean escuchados por la comisión ambiental de la VIII Región, pero los antecedentes sugieren que eso no ocurrirá.

Entre 1997 —cuando entró en vigencia el Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA)— y el 2007, las autoridades ambientales aprobaron 32 de los 34 proyectos hidroeléctricos recibidos, según el investigador chileno Manuel José Prieto, estudiante de doctorado de la Universidad de Arizona.

En los últimos dos años esa tendencia ha continuado, a pesar de la popularidad de la campaña Patagonia sin Represas. En octubre pasado, la comisión ambiental de la sureña XIV Región votó casi unánimemente a favor de un controvertido proyecto a lo largo del río San Pedro. La central de energía de San Pedro, otro proyecto de Colbún, requiere una represa de 56 m de altura y un reservorio que se extenderá más de 12 km, e inundará casi 300 Ha.

Entre los principales opositores al proyecto se encuentra el ex alcalde de Panguipulli, Alejandro Koehler, una de la veintena de personas que fueron expulsadas de la reunión de la comisión ambiental el 21 de octubre en Valdivia por una unidad antimotines de Carabineros, la policía chilena.

"Violaron todos nuestros derechos. Nos lesionaron. Nos golpearon. Fue una cosa muy arbitraria", afirmó Koehler, quien pasó ocho horas bajo custodia policial. "Yo fui prisionero político en 1973. Estuve exiliado en Alemania muchos años. Y por lo tanto, me parecía un sueño surrealista ser detenido precisamente en un gobierno democrático al cual habíamos aportado para poder conquistarlo".

Tres meses antes, la comisión ambiental en la vecina X Región emitió un fallo aún más sorprendente, al autorizar la planta hidroeléctrica en medio del Parque Nacional Puyehue, la reserva natural más visitada del país. ¿Cómo el gobierno puede permitir la construcción en un parque supuestamente protegido tanto por las leyes nacionales como internacionales?, preguntan los críticos de la decisión.

Los ambientalistas están igualmente perplejos por la decisión de marzo último de aprobar un inmenso proyecto hidroeléctrico que la empresa estadunidense AES Gener planea construir en el Cajón del Maipo, un gran cañón al sur de Santiago que es utilizado por los capitalinos como lugar de descanso los fines de semana. El proyecto de 531 MW usará el agua de varios tributarios del río Maipo, importante fuente de agua potable para los alrededor de 6 millones de residentes de Santiago.

Enfoque burocrático

Los observadores sostienen que el problema es fundamentalmente institucional, que el SEIA no está diseñado ni equipado para evaluar adecuadamente y, por lo tanto, bloquear proyectos potencialmente destructivos.

"El SEIA es un sistema hecho no para rechazar proyectos, ni evaluar alternativas. El sistema está hecho para facilitar los proyectos", manifestó Prieto. El sistema permite a las empresas tener claridad con el cumplimiento de la ley y requisitos. Al no existir planificación energética, ni de aguas, ni territorial, los proyectos no tienen un marco legal sustantivo. Así es muy fácil cumplir con la ley".

Según los críticos, ninguna de las comisiones ambientales regionales tiene una verdadera autonomía. Están encabezadas por los gobernadores regionales, quienes son nombrados por la Presidencia. El proceso de aprobación, en otras palabras, está fácilmente sujeto a los caprichos políticos y económicos de los miembros de la comisión o de sus superiores en Santiago.

Las comisiones "no tienen nada de autonomía. Van a hacer lo que les digan en [el palacio presidencial de] La Moneda. Y punto. Y encima La Moneda está cooptada por las grandes empresas de la capital", opinó Orrego. "Enfrentar este bloque que está conformado por gobierno, corporaciones y transnacionales, es un desafío gigantesco". — Noticias Aliadas.

Fuente: Noticias Aliadas