Chile: estudiantes, pobladores y mapuche en lucha por sus reivindicaciones

El transcurso del último mes la lucha de los estudiantes secundarios en Chile tomó una fuerza inédita. Una nueva generación que nació luego de la dictadura de Pinochet se manifiesta y reclama por derechos incuestionables. Los últimos meses, estuvieron marcados por tres reivindicaciones que dejan en evidencia el carácter del nuevo gobierno de la Concertación. Tanto la lucha de los estudiantes por la educación pública, la lucha del pueblo mapuche por sus reivindicaciones ancestrales como la de los pobladores sin vivienda, demuestran cómo el actual gobierno no modifica las leyes creadas durante la última dictadura militar. Ni “paladín de los derecho humanos” ni del diálogo como intenta sostener en su discurso, la gestión Bachelet se aleja bastante de ser esa “bocanada de aire fresco” que se jacta de ser.

Hace poco más de un mes, los estudiantes secundarios salieron a las calles reclamando la reforma de la educación pública, que se encuentra hoy regida por una ley que hace de la educación chilena una educación reservada para una cierta clase social privilegiada. Los estudiantes se movilizaron en demanda de la gratuidad del pase escolar y de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

La respuesta del gobierno fue clara: represión en manos de los carabineros y detenciones. A partir de entonces, con el apoyo de vastos sectores desde profesores hasta apoderados, estudiantes de universidades públicas y privadas chilenas, profundizaron la lucha ampliando sus demandas hasta sostener el cuestionamiento de fondo de la educación y pidiendo la reformulación de la Jornada Escolar Completa (JEC) y la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Leco).

“El huracán pingüino”, al exceder el reclamo coyuntural, puso al gobierno en la obligación de actuar de algún modo ante el cuestionable estado de la educación chilena desde su munipalización y privatización con la aplicación de las políticas económicas del capitalismo neoliberal. El gobierno reprimió, y finalmente convocó un Consejo Asesor Presidencial para estudiar una reforma educativa.

En tanto, los pobladores de la “Toma de Peñalolén”, en Santiago, fueron brutalmente desalojados en los últimos días - varios de ellos sometidos a descargas eléctricas, pateados, sus casas destruidas incluso con sus habitantes al interior de ellas, forzados a permanecer al interior de sus casas. Los pobladores sostienen desde hace años la lucha por las tierras que les corresponden concientes de los manejos y prepotencias de las autoridades. “No queremos ser expulsados de la comuna por el sólo hecho de no tener (mínimo) 8.000 UF para adquirir una casa, no esta en nuestros planes que nuestra comuna, aquella que se irguió con el esfuerzo de nuestras familias a través de ocupaciones, sea para los ricos y nosotros debamos irnos a la “periferia de la periferia” sólo por ser pobres”, indica un testimonio difundido por Hommodolars.

A pesar de que existen más de 150 hectáreas que podrían destinarse a la construcción de vivienda social, hay 18.000 familias que no tienen un techo digno donde vivir. No alcanzan con sus salarios de hambre a pagar sus deudas a los grandes bancos de Chile, para que éstos puedan hacer sus negocios con las grandes inmobiliarias. Mientras tanto y ante la pasividad del gobierno para dar una solución al problema de la vivienda, y el mutismo de los medios masivos de comunicación, cuantro pobladores sostienen una huelga de hambre.

El propio gobierno compara el dinero que le costaría subsidiar la educación para que pueda ser realmente accesible para el pueblo con el dinero necesario para construir nuevas viviendas sociales o mejorar el sistema de salud. “Es mucho dinero”, dicen, para gastar en los reclamos de los estudiantes. Pero lo cierto es que tampoco construye viviendas sociales y en su lugar multiplica supermercados y megatiendas.

En el caso de la Nación Mapuche, pese a que Bachelet manifestó en su discurso de asunción el deseo de que se reconozcan constitucionalmente los derechos de los pueblos originarios, lo cierto es que nueve presos políticos y una situación de hostigamiento a la comunidades son lo que predomina en la gestión de la Concertación. La lucha por autonomía y territorio sigue siendo perseguida. Además, los indígenas son quienes más sufren de la aplicación de el Tratado de Libre Comercio con EEUU, de mano de las madereras y las represas hidroeléctricas.

Luego de 70 días de huelga de hambre de Juan y José Marileo Sarabia, Juan Huenulao y Patricia Troncoso, de innumerables marchas y protestas, recién en estos días se discute en el Congreso una modificación de la Ley Antiterrorista que creó el dictador Augusto Pinochet, y que sobrevivió en democracia. Una democracia que -todo indica- no es ni para los estudiantes, los pobladores ni los mapuche.

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Fuente: Prensa de Frente, 09/06/2006