Chile: “Una opinión pública informada puede cambiar las malas prácticas agrícolas”

El 1 de junio de este año el programa Contacto de canal 13 realizó un estudio que puso una voz de alarma debido a los tóxicos vegetales que estamos consumiendo, pues reveló la presencia de plaguicidas extremadamente peligrosos para el organismo en estos productos.

La situación se agrava tomando en cuenta el último monitoreo del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) publicado el 2007 que expuso que el 63% de las frutas y hortalizas poseen plaguicidas tóxicos.

El panorama en el ámbito no es muy alargador ya que además el parlamento tramita un proyecto de ley que pretende liberar el cultivo de transgénicos; impulsado por los senadores Andrés Allamand (RN), Alberto Espina (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Fernando Flores (Chile Primero) y Eduardo Frei (DC).

Además, el congreso promueve una normativa denominada Ley de Obtentores Vegetales, que permitiría poseer la propiedad de las semillas y de aquellas creadas a través de ingeniería genética, perjudicando severamente la agricultura convencional y orgánica. Este proyecto se enmarca en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de adherirse al Convenio UPOV 91 que exige la regulación de los derechos del obtentor.

Para profundizar sobre estos temas de interés público decidimos conversar con María Elena Rozas, de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL), quien monitorea desde hace años estos asuntos, y que a principios de julio del presente logró -junto a su organización- que el Consejo de Transparencia solicitara a las agroindustrias que operan en el país, dar a conocer dónde se ubican sus cultivos transgénicos.

-¿Cuáles son las frutas y verduras peor evaluadas de acuerdo a los últimos estudios realizados en Chile?

La uva y los pimentones.Y desde que se hacen estudios en Chile aparecen mal evaluados los tomates como un producto con un verdadero cóctel de plaguicidas.

El impacto de los plaguicidas va desde cáncer hasta alteraciones al sistema reproductivo. Además, encontraron componentes alteradores endocrinos y que dañan el sistema nervioso.

Son residuos que sobrepasan la norma. En el caso de los plaguicidas con efecto cancerígeno, no es válido aplicar una norma porque la más mínima cantidad acumulada en el tiempo puede desencadenar un cáncer.

-¿El estudio del SAG constató un porcentaje alto con presencia de plaguicidas?

Apareció un porcentaje alto con residuos, y lo grave es que en algunos casos se detectó en un mismo producto como el tomate, 6 ó 7 plaguicidas que tienen diferentes grupos químicos interactuando entre sí. Es decir, un verdadero laboratorio de sustancias tóxicas que interactúan entre sí y con el organismo de la persona que lo consume. En un niño es mucho peor por las grandes cantidades que absorbe a través de los vegetales.

-¿Qué opinión tiene de los estudios realizados por el programa Contacto y el del SAG en términos metodológicos?

Los estudios están bien hechos. Sin embargo, la investigación de residuos en hortalizas del programa Contacto, es como la punta del iceberg, esto es, que muestra una realidad que es mucho peor, porque las especies son sólo cuatro. Qué pasaría si hubiesen incorporado frutas y otras hortalizas; quizás habrían mostrado una realidad peor.

-¿En términos prácticos, dónde sería más seguro adquirir vegetales de acuerdo a los estudios realizados?

Bueno, las malas prácticas agrícolas se dan tanto en el pequeño agricultor como en el grande. A pesar de que es motivo de análisis determinar dónde encontramos vegetales menos contaminados, la precedencia no cambiaba muchos las cosas.

En el caso del SAG se mostró que en los supermercados se daba una realidad, pero queda la incógnita de qué pasa en las ferias libres. Respecto a la investigación de canal 13, las muestras entregadas al laboratorio fueron “ciegas”, o sea, no informaron la procedencia. No obstante, cuando se mostraron los resultados, curiosamente los vegetales de las ferias públicas tenían menos residuos que en los supermercados (8% frente a un 25% de residuos).

Llama la atención porque siempre se pensó que a los supermercados llegaban productos que tenían mejores prácticas agrícolas. Es curioso el resultado, pero es así.

-¿Cuáles son los principales efectos en el hombre que se pueden esperar de los plaguicidas?

De los que se permiten y están registrados en Chile, uno de los efectos más importantes es el cáncer. Porque se usan plaguicidas comprobadamente cancerígenos; sus características esenciales provocan esta enfermedad.

En los análisis que hizo el programa Contacto aparecen varios plaguicidas comprobadamente cancerígenos: el buprofezin, carbendazin, ditenoconazol, permetrina, tebuconazol y metil tiofanato.

Todos estos plaguicidas fueron clasificados por la Agencia de Protección Ambiental de Estads Unidos (EPA) y la Unión Europea como potencialmente cancerígenos para humanos.

-Los estudios señalan los efectos de cada una de estas sustancias por separado, ¿Pero qué pasa con los daños que podrían hacer estos componentes combinados en el organismo humano?

Claro, no están estudiados esos efectos. Pero también hay otro problema, que es los efectos de consumir diariamente residuos de plaguicidas cancerígenos por alguien con vulnerabilidades: con el sistema inmunológico bajo, con antecedentes genéticos que lo hagan proclive a un cáncer u otros factores.

Esto es grave ya que actualmente un tomate tiene plaguicidas que deprimen el sistema inmunológico, y además cancerígenos. Es muy preocupante ya que se trata de alimentos de consumo diario a través de toda la vida de las personas.

-Ud. manifestó en una entrevista que “este problema no se ha tomado en serio”. ¿Quiénes son los responsables de este tema y por qué no estarían aplicando las medidas que corresponden?

No se toma en serio este tema ya que se sabe -por estudios internacionales y por organismos que son referentes para Chile- de una serie de plaguicidas con efectos crónicos como cáncer y alteradores endocrinos, pero no se evalúan para sacarlos del registro de plaguicidas.

Estamos hablando de la alimentación en el contexto en que Ministerio de Salud promueve el consumo de frutas y verduras, y el Ministerio de Agricultura -de alguna forma- posibilita el uso de plaguicidas, y no regula este tema a pesar de tener facultades.

La realidad es que el Ministerio de Agricultura -a través del SAG- cuando registra un plaguicida, también se compromete a no retirarlo. Porque si lo quiere sacar tiene que demostrarle al que lo inscribió, que ese plaguicida está causando daño. Y para eso estos organismos tendrían que hacer largos estudios para demostrar los daños en la salud. ¿Cómo podría hacer el SAG una vigilancia epidemiológica que puede durar 10 años sobre el producto que tiene registrado?

Entonces para este servicio es difícil sacar determinado plaguicida del registro porque también hay presiones de las empresas de que si el SAG prohíbe un producto ellos interponen juicios que le pueden significar al Estado perder recursos.

LA MARCA DE MONSANTO

-La periodista Marie Monique Robin, autora de El Mundo según Monsanto señaló que Estados Unidos deja actuar a sus anchas a esta compañía conocida por su alto nivel de corrupción en el ámbito agrícola ¿Cómo es el panorama en nuestro país?

Hay un caso que es un ejemplo de esto. El SAG a fines de la década de los 90 trató de prohibir el Paraquat, un compuesto extremadamente dañino para la salud (venenoso para el ser humano). Sin embargo, sufrió fuertes presiones de las empresas fabricantes de este compuesto y amenazas de juicio. Al SAG le costó mucho llegar a una prohibición total de este químico. Sólo pudo regularlo con una severa restricción, en vista de los daños que estaba provocando en los trabajadores que se relacionaban directamente con este compuesto.

Esta situación se debe a un lobby directo de las empresas. En el caso de la regulación del peligroso químico Paraquat aparece vinculada la empresa Syngenta, y uno de los principales lobbystas en ese caso fue Jorge Schaulson, ex mienbro del Partido Por la Democracia y fundador del partido Chile Primero, lo que sucedió entre el año 1998 y 2002, en que se logró una severa restricción del paraquat. También participó a favor de los fabricantes de este producto tóxico el estudio jurídico Aylwin Abogados.

-¿Qué iniciativa legal se presentó en el parlamento en relación a los transgénicos?

La ley para liberar los transgénicos la presentó Andrés Allamand (RN), Alberto Espina (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Fernando Flores (Chile Primero) y Eduardo Frei (DC). Es exactamente igual al que presentó en México la empresa Monsanto, que le llamaban “el Proyecto Monsanto”, porque estaba hecho a la medida de esta empresa. A nadie le cabía duda que la iniciativa en ese país salió de las oficinas de Monsanto para ser presentado en el poder legislativo. Ese mismo proyecto, casi copiado, llegó a Chile patrocinado por estos senadores. Se ve la marca de Monsanto en este proyecto de ley.

-¿Cuál es la relación entre la nueva ley de transgénicos y la ley sobre obtentores vegetales?

El primer objetivo de la ley sobre transgénicos es liberar su producción en Chile, que antes estaba reservada sólo a las semillas de exportación. Por su parte la normativa sobre obtentores consiste en patentar las semillas, principalmente las nativas, y dar derechos de propiedad intelectual a quienes hacen manipulación genética, que precisamente no son pequeños agricultores, sino que grandes transnacionales de la biotecnología. Es decir, está hecho a la medida de estas grandes empresas.

-¿Cuál es el problema de los transgénicos para la salud humana?

Hay efectos demostrados que tienen que ver con afectar la biodiversidad. Donde se plantan transgénicos se mata toda otra vida, especialmente la vida silvestre. Desde hace al menos 4 años surgieron estudios independientes que demuestran efectos dañinos en la salud en animales de laboratorio. El más reciente es el del profesor Gilles-Eric Séralini, del Instituto de Biología de la Universidad de Caen (How Subchronic and Chronic Health Effects can be Neglected for GMOs, Pesticides or Chemicals de 2009).

No se hicieron estudios sobre personas ya que tienen que ser de forma independiente y son bastante caros pues tienen que durar un periodo de al menos 10 años. Los investigadores que hicieron estos estudios en laboratorios fueron perseguidos laboralmente, tuvieron que dejar su trabajo y les quitaron el financiamiento. Entonces investigar sobre los efectos de los transgénicos es muy difícil para los científicos independientes.

-¿Qué impacto tiene este tipo de cultivo para los agricultores convencionales y orgánicos?

Esta nueva ley los afectaría, porque Chile tiene una ventaja comparativa respecto de otros países porque no se puede plantar libremente transgénicos, y el consumidor europeo está prefiriendo alimentos libres de estos productos y de plaguicidas. La liberación del cultivo en Chile acarrearía un costo que tendría que pagar la agricultura convencional y orgánica, y ser un país con fama de ser contaminado con transgénicos.

Por otra parte, el transgénico genera muy poco empleo, ya que es una actividad altamente mecanizada. En Argentina, se ha comprobado que no requiere mano de obra; país donde tienen más de 18 millones de hectáreas plantadas con este tipo de cultivo. Debido a esta realidad, en el país trasandino se habla de una actividad productiva sin agricultores. Además trae daños a la biodiversidad e incertidumbre respecto a la salud humana, y además que el beneficio es sólo para un grupo muy pequeño comprometido con este negocio.

-En Europa se usa el principio de precaución, que significa que hasta que no se comprueba que los transgénicos no hacen daño no se permite su producción, ¿Cómo funciona en Chile?

En nuestro país el transgénico funciona como una tecnología nueva que a juicio de algunos se debe probar y liberarlos sin hacer estudios previos sobre el daño que puede causar. Tampoco existe una legislación, en el sentido de que se proteja la biodiversidad, ya que Chile no ha firmado el protocolo de Cartagena (que es un acuerdo de bioseguridad que regula los productos vivos modificados, OVMs).

Además, nuestro país no tiene una ley de protección de las especies nativas; entonces con la ley que impulsan los senadores de diversos partidos políticos chilenos, se pretende liberar a los transgénicos sin que haya ningún resguardo. Esta ley solo promovería la liberación no la regulación.

-¿En qué consistió la decisión del Consejo de Transparencia respecto a los cultivos transgénicos?

La ley de transparencia apoyó la demanda contra el SAG de nuestra organización para que se diera a conocer la ubicación exacta de los cultivos en Chile. Solicitamos que se conociera dónde están estos cultivos porque hacen daño a la agricultura convencional y a la orgánica.

Un agricultor tiene derecho a saber si sus cultivos están contaminados porque sus productos bajan de calidad, y además los transgénicos tienen patentes lo que significa que son productos que tienen dueño.

Asimismo los transgénicos usan plaguicidas asociados como glifosato que puede provocar daños a los cultivos convencionales y orgánicos, y aquellos que están libres de plaguicidas.

ROMPER LA INERCIA

-¿Qué salida tiene el ciudadano frente al nivel de contaminación con plaguicidas tóxicos en los vegetales y ante el desarrollo de cultivos transgénicos?

En tanto se informe a la opinión pública que estamos consumiendo alimentos contaminados, se abre la posibilidad de cambiar las prácticas agrícolas, que hayan nuevas regulaciones y que el consumidor elija productos sanos.

Por eso nuestra organización promueve que se pueda saber qué productos son transgénicos y por el etiquetado de los mismos. En el caso de los consumidores, tienen un gran poder pero lamentablemente no lo ejercen por falta de información.

-¿Es importante el papel de los medios de comunicación?

Los medios de comunicación masivos usualmente censuran a las organizaciones que realizan denuncias, las cuales no aparecen públicamente. En tanto se difundan los daños de los plaguicidas y los transgénicos, el consumidor puede tomar más conciencia y elegir productos más sanos. Si existe demanda de este tipo de frutos, se elaborarán vegetales de acuerdo a este criterio.

-¿Qué esperaría en términos de política pública?

Nosotros pedimos que así como se subsidia la investigación en materia de los agroquímicos presentes en las frutas y verduras (como el estudio del SAG), también haya opciones para la agricultura agroecológica, sustentable y convencional. Esto porque muchas veces el agricultor se ve obligado a adoptar sistemas que no quiere, pero hay una política del Instituto de Desarrollo de Agropercuario (Indap) que promueve los plaguicidas.

Sabemos que existen planes en Idap que les permite realizar una reconversión del sector agrícola hacia sistemas sanos. Por ejemplo, el Manejo Integrado, que es disminuir progresivamente el uso de plaguicidas, o bien desarrollar agricultuta orgánica. No obstante, los productores agrícolas no saben que pueden realizar esta actividad porque tienen más bien una actitud pasiva; solo reciben lo que el Estado les entrega.

Por su parte el Estado está de acuerdo con las agroquímicas y publicitan el llamado Paquete Tecnológico para el desarrollo de diversas áreas de la agricultura. Pero Indap y otras instituciones ligadas al agro tienen la posibilidad de entregarles capacitación en agricultura orgánica, y además pueden recurrir al saber tradicional que es más económico y más sano.

-¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Establecer redes campo-ciudad para generar información directa de dónde están los cultivos sanos para que las familias puedan abastecerse. En España existe una experiencia que se llama Garvancitas Ecológicas que son asociaciones de consumidores ligadas a productores orgánicos.

Si utilizamos las ventajas actuales de las comunicaciones, podemos averiguar qué productores orgánicos existen en la región en que cada uno vive, y buscar los canales para conseguir los vegetales sin tanta dificultad, ya que la oferta actualmente es muy reducida.

-¿Cuál es su visión de llevar adelante iniciativas de huertos orgánicos que permitan a las familias ser autosuficiente parcial o totalmente de vegetales sanos?

Es una buena idea, las personas se pueden desligar de la agricultura química y producir sus propias hortalizas en su casa, incluso hasta en pequeñas terrazas se pueden cultivar vegetales orgánicos. Un buen comienzo es plantar hierbas medicinales en maceteros, lo que es posible para todo el mundo.

Los profesores en los colegios son capaces de hacer una gran labor, ya que en varios establecimientos tienen patios que pueden dedicarlos a realizar huertos. Esto consiste en una solución asociativa de manera de poder abordar este tema de una forma colectiva.

Por Francisco Luna Solar

lc.onadaduicle@anulocsicnarf

Fuente: El Ciudadano