Chaco fumigado: la sangre que sabe
Los aviones del agronegocio los rociaron de veneno cuando el viento llevaba la deriva lejos, hasta las vidas inermes. Hasta los huesos. Fueron noticia en algunos medios y luego el silencio. Hoy la comunidad chaqueña de Presidencia Roca no sólo intenta evitar las lluvias malditas sino que tiene que demostrar ante la Justicia que el veneno envenena. El poder económico los dio de baja de una vida saludable. Y el Estado los abandonó a su suerte: los análisis que demostrarían agroquímicos en sangre son costosísimos y tienen que pagarlos de sus flacos bolsillos. Por eso apelan a una colecta solidaria.
La campaña qartago'q (nuestra sangre) les permitirá afrontar económicamente los análisis de plaguicidas en sangre en un laboratorio marplatense. A 1500 kilómetros de distancia. Simplemente para demostrar ante la Justicia lo que sus cuerpos claman a gritos. Aquello que los viene atravesando con una sistematicidad cruel desde que en el último tramo de la década del 90 comenzaron a profundizarse las fumigaciones. En episodios que llegaron en octubre pasado a una intoxicación masiva que atravesó los cuerpos de 700 niñas y niños y adultos. Vómitos, diarreas, alergias, fiebre fueron los síntomas en los habitantes del lugar tras la lluvia de venenos que lanzó un avión aplicador sobre las plantaciones de algodón, arroz y soja.
Como tantas veces le ocurrió a la maestra entrerriana Estela Lemes cuando el poder político le cuestionaba el origen de su polineuropatía aguda, ella se solía plantar diciéndoles mientras señalaba su propio cuerpo: “acá está la prueba de mi enfermedad”. Los 700 chaqueños de Presidencia Roca llevan también en sus cuerpos la prueba del envenenamiento por pesticidas. Envenenamiento directo o hijo de las derivas que afectaron sus huertas y el agua del pozo. Que en lo inmediato, quedaron al desnudo con esos síntomas molestos pero que en el largo plazo suelen tener otros efectos. Nada de lo que se utiliza en las aplicaciones aéreas o terrestres es natural. Se trata de bombardeos químicos con glifosato, 2,4D e inclusive paraquat, bajo el paradigma de un modelo productivo anclado en la necesidad de rentabilidad.
Presidencia Roca es un pueblo sobre la margen derecha del río Bermejo, en el límite del Chaco con Formosa, fundado hace 138 años por el general Benjamín Victorica en lo que bautizaron para ese tramo de la historia escrita por los vencedores como conquista al desierto verde. El pueblo se transformó en un homenaje de tantos en las múltiples geografías al entonces presidente Julio Argentino Roca, del que Victorica llegó a ser ministro de Guerra y Marina. Hoy pueblo fumigado, ayer parte de las colonias civilizadoras de un proyecto de país capaz de borrar de un plumazo a los pueblos originarios que quedaron arrinconados casi sin tierra en la que ser. Fue precisamente esa etapa histórica en la que el mismo estado traspasó más de 40 millones de hectáreas a poco más de 1800 privilegiados, dueños de los destinos y de las vidas.
Hoy el poblado llega apenas a 5000 habitantes. Y la metáfora de aquella conquista del siglo XIX hoy se respira en los pulmones y en la piel con los venenos de los mismos dueños de la tierra con otros nombres y otras producciones.
El establecimiento agroindustrial Don Panos, dueño de los aviones aplicadores, es parte del holding Eurnekian que arrendó esa tierra a Alberto María, dueño de Marfra. Que en 2018 adquirió en 8 millones de dólares el negocio de desmote de Alpargatas (de capitales brasileños) que abarca desde el algodón crudo al proceso de embalaje de la fibra.
Esa metáfora que trasciende los tiempos ubica hoy en el sitial de los vencedores a Marfra o al multiempresario Eduardo Eurnekian (con un salario diario según Forbes de $ 84.167.287,12). Mientras los vecinos abren una cuenta para juntar aportes solidarios de a 100, 200 o 300 pesos para sostener estudios de laboratorio que den cuenta de los venenos que les pueblan la sangre y el cuerpo.
Víctimas de las fumigaciones desde hace décadas, ninguno de los logros comunitarios ante la justicia o el poder político los protegieron porque no fueron otra cosa que letra legal violentada en la práctica.
Una letra legal parida por un poder político y una justicia endebles ante el agronegocio, propietario de tantas vidas y tantas muertes. El estado debería pagar esos estudios. El estado debería hacerse cargo de las consecuencias terribles de una matriz productiva que nadie –nadie con algún poder de decisión- aparece con intenciones de transformar.
Pero son los sectores populares los que tienen que pagar esta deuda. Como tantas otras.