Campesinos e indígenas de Colombia contra el TLC

Un conjunto de organizaciones agrarias, campesinas, indígenas y sociales vinculadas al sector rural colombiano y reunidas en Bogotá desde el 5 de abril pasado condenaron los recientes acuerdos del gobierno de Alvaro Uribe con el de su homólogo estadounidense, George W. Bush , tendientes a la implantación definitiva de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

La información fue difundida por la organización Pasa la Voz, de Colombia, y el documento final del conclave fue suscripto por más de 30 movimientos sociales, campesino e indígenas.
El 28 de febrero pasado se cerraron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos.

En dicho tratado se consagran cientos de disposiciones que menoscaban la soberanía nacional y los derechos fundamentales de los colombianos y lesionan la economía campesina en aras de privilegios y beneficios a los intereses estadounidenses.

En la estructura básica de la negociación, Estados Unidos mantiene su sistema de ayudas y subsidios internos que les permite a sus empresas comercializadoras colocar los productos norteamericanos en el mercado colombiano a precios por debajo del costo de producción, mientras Colombia renuncia a toda protección en frontera para evitar ese tipo de comercio ilegítimo, prohibido incluso por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Dentro de esas negociaciones, Estados Unidos conservó el monopolio de los principales productos agropecuarios como cereales, oleaginosas, fríjol, algunas frutas y hortalizas, y ventajas inicuas en avicultura y porcicultura, entre otros que componen la dieta básica alimentaria de los colombianos.
Al menos en los dos primeros años de vigencia del TLC se perderán 300.000 Hectáreas de cultivos, dos millones de jornales y 17.000 empleos permanentes en la avicultura.

La ruina desatada en el campo colombiano implicará mayores secuelas, como incremento del desplazamiento, la violencia, el hambre y el desarrollo de cultivos de uso ilícito.

Como consecuencia de todo lo anterior, el gobierno viola el artículo 65 de la Constitución Nacional, que exige la debida protección a la producción de alimentos y entrega la soberanía y la seguridad alimentarias de la nación.

Como resultado del TLC no solamente no habrá renglón agropecuario alguno que no vaya a estar amenazado por la injusta competencia que consagra el TLC, sino que además los recursos naturales como biodiversidad, bosques y fuentes de agua, ubicados en territorios ancestrales de comunidades indígenas y en consejos comunales de comunidades negras, estarán expuestos al saqueo de firmas multinacionales a las cuales los contratos de bioprospección, la perversa ley Forestal y el proyecto de Ley de Agua en curso les concede licencia para sus fines de lucro exorbitante.

No sólo el capítulo de comercio agrícola afecta la estabilidad y el ingreso de los pobladores de las zonas rurales del país, sino que otros también lo hacen como el de Servicios, que concede prioridades a la privatización de las áreas de bienestar social, o el de Propiedad Intelectual, que busca el monopolio mediante el sistema de patentes de insumos, semillas, genes, droga veterinaria y humana a favor de compañías transnacionales.

El documento del cónclave militante contra el TLC sostiene además “que para encubrir su traición a la patria, el gobierno de Álvaro Uribe ha recurrido al engaño, a la demagogia y al desconocimiento, y también a detenciones masivas, operativos militares y policiales, a asesinatos de luchadores populares cuya muerte sigue en la impunidad y a otras formas de represión que él denomina Seguridad Democrática; a la descalificación de las expresiones ciudadanas respecto al Tratado como las consultas y las marchas que los productores y las comunidades indígenas han hecho contra el TLC.

El gobierno está promoviendo el proyecto “AGRO: INGRESO SEGURO” con el cual se cambian 1.400 millones de dólares anuales , sin contar los fondos de estabilización de precios que también pueden desaparecer, por 250 cuyo fin primordial es sobornar a aquellas dirigencias que lo permitan y comprar conciencias para imponer el nefasto plan agropecuario comprendido en el TLC, mientras se sigue embargando y ejecutando a los deudores arruinados.

Por la Redacción de APM

Fuente: APM