Campesinos denuncian delitos ambientales y persecución
Pobladores de los Distritos de Capiibary y Lima, del Departamento de San Pedro, denuncian delitos ambientales cometidos por productores de soja transgénica. Según señalan el Ministerio Público no persigue a quienes violan las normativas ambientales y en cambio imputa y criminaliza a los pobladores que luchan por defender el derecho a vivir en un ambiente saludable.
Al menos 50 casos de fumigación con agrotóxicos que no respetan las normativas ambientales nacionales y locales se registran en la zona de Yvypé, distrito de Lima, registran los pobladores y pobladoras de la localidad; estos casos acogotan a la comunidad, produciendo enfermedades y generando graves perjuicios a los cultivos y animales de los campesinos. “No es la soja lo que nos estorba, es el veneno que nadie puede aguantar. Por eso pedimos que respeten las leyes ambientales, no pedimos que hagan algo que no está escrito o una nueva ley” señaló Samuel Caballero, poblador de la comunidad.
El avance del modelo de agronegocios en la zona de Lima viene generando graves consecuencias ambientales; de acuerdo con los datos del Instituto Forestal Nacional (INFONA, 2018), en el año 2000, el área distrital con cobertura boscosa, alcanzaba una superficie equivalente a las 15.887 Has; en tanto que, para el año 2015, dicho espacio se redujo hasta las 10.542 Has; esto implica una superficie total deforestada, equivalente a las 5.345 Has, cifra equivalente a un área de deforestación por año, mayor a las 350 Has, señala un informe elaborado por el Ingeniero Carlos Mora Stanley para la Alianza por el cumplimiento local de leyes ambientales (ver aquí).
“Los sectores en que dicha deforestación se observa con marcado tono, los sectores con mayores tasas de deforestación, y por ende, de menores índices de cobertura boscosa en la actualidad, se evidencian la presencia dominante de las prácticas agronómicas de tipo extensivas” señala el mismo informe que también revela que más de 10 mil hectáreas del distrito corren riesgo por el uso intensivo del suelo que realizan principalmente los productores de cultivos extensivos de soja.
En Capiibary, el propio Intendente de la localidad, junto a organizaciones de comunitarias y pequeños productores campesinos, denunciaron públicamente la violación de las leyes ambientales por parte de los sojeros. En el Distrito se encuentra vigente una resolución municipal que prohíbe la fumigación con agrotóxicos en las zonas cercanas a asentamientos campesinos, sin embargo, los sojeros no respetan esta prohibición y avanzan sobre el territorio campesino.
Los organizaciones sociales, junto al Intendente, cuestionan también el accionar del Ministerio Público, ya que según indican el Ente hace caso omiso a las denuncias presentadas por los pobladores contra los sojeros debido a la violación flagrante de leyes y normas ambientales; Sin embargo, la Fiscalía imputó en los últimos meses a 37 referentes de la comunidad que forman parte de la resistencia de la población contra el avance del agronegocio en los territorios campesinos.
“Para justificar nuestras expulsiones nos criminalizan. Ellos saben toda la normativa, las leyes para cultivar con transgénicos pero sin embargo hacen todo para criminalizarnos y no para cumplir la ley” señaló uno de los pobladores del Distrito. La comunidad de Capiibary viene luchando desde hace tiempo contra la sojización; según señalan el avance del agronegocio ha significado la expulsión de familias campesinas y graves consecuencias ambientales.
En los Distritos de Lima y Capiibary, las denuncias realizadas por los pobladores y las autoridades locales son acompañadas por el equipo de la Alianza por el cumplimiento local de leyes ambientales conformada por diversas organizaciones.