Brutal represión y cacería de indígenas guaraníes en Bolivia

La policía no solo desbloqueó la carretera internacional que une Bolivia con Argentina a la altura de Camiri, también asaltó la comunidad Yateirenda, usaron media tonelada de gases químicos contra mujeres, niñas, niños, ancianos y ancianas, los persiguieron, golpearon, torturaron y arrestaron. Ahora mismo hay 27 detenidos, dos mujeres, además de 4 menores de edad.

Territorios en Resistencia:

Los 25 indígenas guaraníes detenidos por el bloqueo en la carretera Santa Cruz a Camiri esperan su audiencia cautelar, mientras el Gobierno justifica el uso de la fuerza ante este sector que demanda la consulta previa a los trabajos de exploración petrolera en la región.

El régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS) determinó mediante Decreto Supremo 2366 abrir paso a las exploraciones petroleras en las reservas naturales del país, argumentando que se efectuarán los “mínimos impactos ambientales”, y el primer punto de trabajo hidrocarburífero será el área guaraní El Dorado ubicado en el departamento de Santa Cruz.

Durante una semana el pueblo guaraní bloqueó la vía que conecta el oriente boliviano con el principal campo petrolero y la planta separadora de líquidos dependiente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero el martes la movilización fue reprimida por la Policía Nacional y sus representantes detenidos y trasladados al municipio de La Guardia.

Según las autoridades, el bloqueo perjudicaba una importante vía internacional y no tenía razón de ser porque se exigía consulta previa en un terreno privado, es decir, que no está amparado por las leyes nacionales respecto a los pueblos originarios.

“La razón no los acompaña, porque están en una propiedad privada y ahí YPFB no puede actuar. Las fuerzas de seguridad tienen que actuar corresponde, ese es su mandato”, justificó el segundo mandatario Alvaro García al referirse al conflicto.

La Asamblea del Pueblo Guaraní se encuentra en estado de emergencia y desde sus representantes se ha denunciado el intento de cercar a esa nación indígena originaria campesina que forma parte del llamado Estado plurinacional.

Juan Méndez, dirigente del sector, denunció que la audiencia en el municipio de La Guardia atenta contra sus derechos y advierte que no existe seguridad ni protección para los indígenas movilizados, incluso evitando el paso de alimentos a los 21 sindicados de atentar al orden público.

La Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Takovo Mora fue el primer punto de conflicto en una seguidilla de casos que se prevé tenga que enfrentar el Gobierno central en su afán por explorar nuevos puntos de gas y petróleo, más allá del discurso ambientalista de “cuidado y respeto a la Madre Tierra”.

La oposición, a su turno, conminó al ministro de Gobierno, Carlos Romero, revelar quién dio la orden para la acción policial del martes en la comunidad de Yateirenda.

“El ministro tiene que explicar cuáles son las condiciones para que se haya roto el estado de derecho, por qué han permitido que se allanen las viviendas de los indígenas, cuáles son los motivos por el que el Ministro y la Policía actuaron con tanta violencia contra una comunidad indígena”, manifestó la senadora de Unidad Demócrata (UD), María Lourdes Landívar en conferencia de prensa.

Por su lado, Romero aclaró que hubo llamados al diálogo con la dirigencia guaraní, pero que fueron rechazados todos los esfuerzos para zanjar el conflicto. Asimismo, negó que la Policía haya hecho uso de violencia o que existan desaparecidos como se denunció el martes.

Desde el ministerio de Hidrocarburos se explicó que las actividades de exploración en el pozo DRS-X1007 no requieren el proceso de consulta previa porque El Dorado es un previo privado con licencia ambiental y saneado en el INRA.

Fuente: Pueblos Originarios.com