Brasil: comunidades desalojadas por compañía minera

La denuncia surge del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).

Posición geográfica, buenas condiciones en el puerto para navíos de gran calado, ayudaron en la elección del lugar. La cuestión fue debatida durante la reunión del Grupo de Trabajo sobre Energía, del Foro Brasileño de ONGs y el Movimiento Social (FBOMS), realizado entre el 24 y el 27 del mes pasado, en São Luís.

El emprendimiento de U$S 1.500 millones en la fase inicial es liderado por la CVRD, en asociación con la corporación china Baosteel y la francesa Arcelor, será instalado en la capital marañense, cerca del puerto de Itaqui, Cada usina tendría capacidad para producir 7,5 millones de toneladas anuales de chapas de acero por año, totalizando 22,5 millones de toneladas para exportación (72% de la producción brasileña y 2,3% del acero fabricado en el mundo).

Según el MST, el proyecto figura en un porfolio de la CVRD, que se ha dedicado en el área de infraestructura. En la región de Carajás, sudeste de Pará, se avanza en proyectos de explotación de níquel y cobre, así como hierro fundido. En el nordeste del mismo estado, se pretende construir un ducto para el escurrimiento de bauxita, materia prima para la producción de aluminio, en sus fábricas con sede en el municipio de Barcarena, cerca de la capital de Pará, Belem. La empresa además está asociada en un proyecto de generación de energía. En Pará tiene un presupuesto mayor que el del propio Estado.

"El argumento principal del discurso de tal modalidad de proyecto ha sido la generación de empleo, renta y desarrollo. Sin embargo, callan sobre los graves problemas sociales y ambientales que llevan implícitos tales proyectos. E incluso ocultan que le corresponderá a la sociedad absorber los pasivos sociales y ambientales. Y también sobre a dónde irán a parar las 14 mil personas a ser reasentadas, en el caso que el proyecto se implemente. La emigración masiva ha sido el impacto inaugural en esta modalidad de emprendimiento", afirma el MST.

Entre las 11 comunidades donde la CVRD pretende la instalación del mega proyecto, hay casos de comunidades seculares, como la de Taim. Uno de los focos de resistencia del proyecto. Como en otros lugares del país, el proceso pasa por la captación de dirigentes, representantes públicos, como el registrado en el proceso de audiencia pública del proyecto de la Hidroeléctrica de Estreito y en el caso de Juruti, oeste de Pará, con la explotación de bauxita.

La comunidad de Taim integra un colectivo que está en contra del polo bautizado como Reage São Luís, que aglutina a casi 50 representaciones. El colectivo se ha esmerado en el proceso de audiencias públicas, realización de talleres, e incluso en la construcción de una página web en la red mundial de computadores: www.siderugianaamazonia.com.br. En la región abundan nacientes de agua, palmeras, ríos y canales. El colectivo denuncia que no consigue hacerse recibir en Brasilia. Entre las pretensiones del movimiento oposicionista se encuentra la pauta de transferencia del debate del licenciamiento ambiental hacia la esfera del IBAMA en Brasilia.

El MST denuncia además que habitantes de las comunidades informan que la empresa paulista Diagonal Urben, contratada por la CVRD para la realización de un diagnóstico del área pretendida por el proyecto, llevó adelante prácticas semejantes a las del nazismo. La empresa ponía números a las casas visitadas, informándoles a los propietarios que estaban impedidos de la promoción de alguna mejora en sus propiedades.

La Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (SBPC) y la Plataforma de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales (DHESC) están investigando el proyecto.

Traducción: Daniel Barrantes - moc.liamg@leinad.setnarrab

Fuente: ADITAL