Brasil: Guerra de transgénicos volverá a la justicia
La batalla contra los transgénicos continuará en Brasil pues la recién aprobada Ley de Bioseguridad es inconstitucional, afirman organizaciones contrarias a la introducción de esa biotecnología sin estudios previos de sus efectos ambientales y sanitarios
"Confiamos en la justicia, que es el único poder que ha actuado con independencia en esta cuestión”, dijo a IPS el coordinador ejecutivo del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC), Sezifredo Paz, indicando el camino que se adoptará para revertir la derrota parlamentaria.
La nueva Ley de Bioseguridad es sustitutiva de una norma de 1995. Aprobada el miércoles por la noche en la Cámara de Diputados, facilita la autorización de siembras de organismos genéticamente modificados y, a la vez, permite la investigación sobre células madre embrionarias para fines terapéuticos.
Esa mezcla de dos temas tan distantes refleja la tortuosa trayectoria del proyecto de ley que obtuvo aprobación final de la Cámara de Diputados por 366 votos contra 59. Esa aplastante mayoría resulta extravagante, pues la nueva y última versión del texto niega puntos esenciales de otro, votado favorablemente por los mismos diputados un año atrás.
En aquella ocasión la mayoría apoyó un proyecto que satisfacía al movimiento ambientalista y de consumidores, al explicitar la necesidad de estudio previo de impacto ambiental y de seguridad alimentaria, antes de autorizar la siembra de transgénicos.
A su vez, un grupo de diputados religiosos logró introducir a última hora en el proyecto una prohibición al uso de células embrionarias en investigaciones científicas.
Ese texto con media sanción sufrió varias modificaciones en el Senado, por lo cual debió volver a la cámara baja.
La ley ahora sancionada, con los cambios impuestos por el Senado, autoriza el uso en investigaciones de embriones humanos congelados hasta por lo menos tres años atrás. Un movimiento de científicos, discapacitados y enfermos que pueden beneficiarse con las terapias resultantes presionó a los parlamentarios por esta cláusula.
La movilización dejó en segundo plano la cuestión de los transgénicos, organismos modificados en laboratorio para mejorar sus características mediante la introducción de genes animales o vegetales.
La nueva ley, cuya entrada en vigor sólo depende de la promulgación presidencial, concede total competencia para autorizar la producción de transgénicos a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), subordinada al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Sus decisiones pueden dispensar la licencia del Ministerio de Ambiente e inclusive de las autoridades sanitarias que evalúen posibles daños a la salud humana de alimentos y medicamentos.
Las células madre embrionarias (que tienen capacidad para constituir cualquier tipo de tejido u órgano humano) operaron como un ”caballo de Troya” en una estrategia para acaparar las atenciones y dejar pasar los transgénicos, dijo Paz.
Pero la ley es inconstitucional, pues el estudio previo de impacto ambiental es una exigencia explícitamente establecida en la Constitución brasileña de 1988, sostuvo. Con base sobre esa disposición, el IDEC logró un fallo judicial hace seis años prohibiendo la siembra de la soja transgénica vendida por la trasnacional estadounidense de la biotecnología Monsanto.
La organización ambientalista Greenpeace Brasil convocó a una movilización social para pedir al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que vete el proyecto aprobado.
La CTNBio, compuesta de 27 miembros, la mayoría científicos elegidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya mostró que está ”volcada a la promoción de la biotecnología y liberación precipitada de los transgénicos”, sostuvo Gabriela Couto, de la campaña de ingeniería genética de Greenpeace Brasil.
Pero el coordinador de IDEC se manifestó ”escéptico” con relación a un veto presidencial. ”Hubo un retroceso en la posición del gobierno” y de Lula en esa cuestión, lamentó.
Como pruebas mencionó los tres decretos con los que el presidente permitió la comercialización y siembra de soja transgénica en sus dos primeros años de gobierno, aceptando el ”hecho consumado” de que los agricultores del sur sembraron semillas contrabandeadas desde Argentina.
Luego, Lula ”no hizo el menor esfuerzo para defender el proyecto elaborado por el propio gobierno”, con las exigencias ambientales y sanitarias previstas en la Constitución, y los mismos líderes oficialistas en el Congreso apoyaron las modificaciones a favor de los transgénicos, observó Paz.
La batalla seguirá en la justicia y en la movilización de los ambientalistas y organizaciones defensoras de los consumidores, pronosticó.. El IDEC aún evalúa el proyecto aprobado y formas de promover acciones judiciales.
”Liberar los transgénicos es una necedad”, había declarado Lula cuando era candidato a la presidencia, recordó la organización no gubernamental Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa (ASPTA).
También el Programa Hambre Cero del actual gobierno rechazaba la nueva tecnología, pues ”agravaría la dependencia” de los agricultores al monopolio de las empresas transnacionales, añadió ASPTA.
La convivencia de transgénicos con cultivos convencionales es imposible sin contagio, afirma la organización.
En consecuencia, se multiplicarán las acciones judiciales de agricultores que verán sus siembras contaminadas y también en sentido contrario, como ocurre en Canadá y en Estados Unidos, países en los que Monsanto litiga a los cultivadores por usar ilegalmente sus semillas modificadas aun cuando se trata de contaminación, previó la organización.
Fuente: IPS Noticias