Brasil: En beneficio del agronegocio se violan derechos humanos de comunidades

A través del "Dossier Perímetros Irrigados y la expansión del agronegocio en el campo: cuatro décadas de violación de derechos en el semiárido”, movimientos sociales del sector ofrecen una sistematización de la experiencia y del saber de los que viven conflictos en los territorios donde la política nacional de irrigación sólo beneficia a grandes empresarios.

La investigación, coordinada por la Universidad Federal de Ceará (UFC), fue presentada el último 17 de mayo durante el III Encuentro Nacional de Agroecología (ENA), en la ciudad de Juazeiro, Estado de Bahía, y muestra una realidad preocupante. De acuerdo con el documento, extensas áreas irrigadas artificialmente provocan violaciones de derechos humanos en la expansión del agronegocio. Las consecuencias son la expulsión de pequeños agricultores y la contaminación con agrotóxicos.

Según el dossier, la vasta expansión de los perímetros irrigados en el semiárido brasilero es la meta del gobierno federal en la segunda fase del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), una de las políticas prioritarias de esta gestión. El Plan Plurianual del país para 2012-2015 prevé recursos en el orden de los R$ 6,8 mil millones, para ampliar el área irrigada en 193,1 mil hectáreas e instalar nuevos perímetros en 200 mil hectáreas.

Tal emprendimiento consolidaría y ampliaría un proyecto geopolítico de expansión de los intereses del capital en el campo y de control de la reacción popular, fortaleciendo a las empresas nacionales y transnacionales del agronegocio. Sin embargo, para los movimientos sociales del campo e investigadores que se dedican al tema, "esta política representa la multiplicación y el agravamiento de una amplia cadena de pérdidas, impactos y daños que los perímetros irrigados vienen produciendo a lo largo de sus 40 años de historia en el semiárido, absolutamente ignorados en la definición de la política”.

Según los sectores populares, ese movimiento radicalizaría una sucesiva expropiación de la tierra de los pueblos originarios del semiárido, en un claro proceso de contrarreforma agraria. Las poblaciones del campo, según el documento, "muy lejos de ser ‘beneficiadas’ por esta opción del gobierno, ven sus modos de vida descalificados como ‘atrasados’ por el discurso oficial y son vulneradas por injusticias, desigualdades, inequidades y violación de derechos”, se señala en el dossier.

En el estudio se subraya que exámenes médicos realizados a 545 trabajadores de regiones cercanas a cinco perímetros (dos en el Estado Río Grande do Norte y tres en Ceará), durante el período de un año y medio, indican que el 30,3% presentaba intoxicación aguda. Se señala también que la prevalencia de cáncer es un 38% mayor entre agricultores que viven en perímetros irrigados como consecuencia de la llegada de grandes empresas del agronegocio, con uso intensivo de agrotóxicos.

Relación sin diálogo

En entrevista con Adital, la investigadora Raquel Rigotto, una de las organizadoras del dossier, afirma que el diálogo entre los movimientos sociales y el gobierno federal en relación con las cuestiones rurales es hoy casi inexistente. Según ella, el Estado ha llevado a cabo una política nacional de irrigación pero sin consulta, escucha o conversaciones con los sectores populares organizados, lesionando derechos de participación política.

"Cuando los problemas comienzan a aparecer, el diálogo es cada vez más difícil. Es una práctica frecuente, por ejemplo, que el Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra las Sequías) mande a las conversaciones representantes que no tienen información, poder de decisión o que no llevan las discusiones de vuelta al gobierno”, se observa. Raquel afirma que el documento deberá servir de base para debates y circular en la sociedad a partir de iniciativas de los mismos movimientos sociales, como audiencias públicas y otras instancias de discusión.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

Fuente: ADITAL