Brasil: Cimi denuncia masacre indígena en Rondônia

El Consejo Indigenista Misionario (Cimi) Regional de Rondônia repudia nuevo acto de violencia contra los pueblos indígenas del estado y se solidariza con el pueblo Suruí Paiter ante la denuncia de ataque a balas que victimó la pareja Elisangela Dell Armelina Suruí y Naraymi Suruí, cacique de una de las aldeas que componen la tierra indígena. El atentado ocurrió en el momento en que ambos regresaban a la aldea, en la noche del 29 de noviembre, en la carretera de acceso a la aldea Paiter Suruí Linea 12, en municipio de Cacoal, en Rondônia. Fueron abordados por dos hombres en una moto. Los indígenas se protegieron por detrás de la moto en que estaban y los asesinos huyeron por la llegada de otros indígenas que venían por la misma ruta.

Para los indígenas no hay duda sobre los autores del ataque. Hace pocas semanas, los Suruí expulsaron de sus tierras los madereros que cargaban un camión con arboles derrumbadas ilegalmente horas antes. La promesa había sido clara: el cacique Naraymi Suruí sería muerto, entre otras. No tardó mucho para que se manifestara la ira criminosa y genocida de tipos que se acostumbraron a actual con la certeza de la impunidad, y siguen invadiendo tierras indígenas de Rondônia. Elisangela Suruí es profesora y educadora, reconocida nacionalmente por su trabajo, y esposa de Naraymi Suruí. Ambos tuvieron que regresar a la ciudad de Ji-Paraná, luego del ataque, por orientación de la policía militar.

Los invasores de las tierras indígenas circulan con libertad y hacen de Rondônia un Estado sin Ley. Vale más el dinero que la dignidad humana. Ya no es novedad la violencia contra los pueblos indígenas. Los grupos económicos siguen con especulación y negocios en los territorios indígenas, con la connivencia y aprobación del Estado brasilero. Tales invasiones tienen una relación directa con la política indigenista y ambiental del gobierno federal, con un sinnúmero de medidas, decretos, ordenes, proyectos de ley que tramitan en las tres esferas: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, amenazando la integridad cultural de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Tratase de una política indigenista que apuesta en el genocidio, en la devastación de las tierras protegidas y en la violencia generalizada contra poblaciones que osan discordar en la construcción de otro proyecto de futuro.

En Rondônia, todas las tierras indígenas fueron invadidas:

Es una invasión promovida por los que tienen el deber de proteger, fiscalizar y prohibir esas acciones: quien permita que eso ocurra se debe considerar como cómplice. El Estado es cómplice de esos criminales: madereros, grileiros (apropiación ilegal de tierra) y demás tipo de invasores. Los planes de Manejos Forestales son concedidos por la Secretaria de Estado del Desarrollo Ambiental en el entorno de las tierras indígenas. Son esos huecos encontrados para alimentar la acción de esos grupos económicos sin escrúpulos. Se vive una situación de completo abandono de las fuerzas estatales, que por la morosidad de las instituciones responsables, sumado a la falta de efectivos para la fiscalización y voluntad política para terminar con esa violación permanente de los derechos, tornó Rondônia una tierra en que reina la violencia y la impunidad, una tierra en que la ley sirve para unos y no vale para la mayoría.

Los pueblos indígenas tienen limitada su libertad en el derecho de ir y venir, dentro y fuera de su territorio. Son muchas las amenazas de los invasores. El relato de Elisangela Suruí para la prensa regional esclarece bien la lentitud e ineficiencia del estado en controlar las acciones ilícitas: “La comunidad solicitó a los madereros que se retiraran, hablaron que iban a salir, pero en la semana pasada, cuando los indígenas retornaron para cosechar castañas, confrontaron con cuatro camiones cargados con castañeras y también tractores arrastrando los camiones por la mata. Mi suegro quedó indignado y dañó uno de los camiones con su machete. Después de eso los madereros empezaron las amenazas a la comunidad. Anunciaron que iban a matar principalmente a mi marido, pues creen que él es que está al frente del movimiento porque es el cacique”.

Ni la gran cantidad de documentos de denuncias encaminados a la Fundación Nacional del Índio (Funai), Ibama, Policía Federal y al Ministerio Público, exigiendo providencia para fiscalizar y retirar a los invasores han sido suficientemente eficaces para parar la acción de grupos políticos y económicos, con destaque para la industria ilegal de madera, del garimpo y ocupación ilegal de tierra.

¿Hasta cuándo los pueblos indígenas tendrán de esperar por una acción del estado para tener garantizada su integridad física, cultura y territorial?

¡Basta de impunidad!

Fuente: Opera Mundi