Bolivia: un año de impunidad

Ese 24 de septiembre de 2011, más de 1600 hermanas y hermanos indígenas lograron romper de manera pacífica el cerco policial que durante semanas se había apostado en la carretera impidiendo la provisión de agua para los marchistas. A pesar de las reiteradas denuncias y aún de la presencia de representantes la Defensoría del Pueblo, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la policía se justificaba con el argumento de que cumplía órdenes, y negaba el derecho al agua incluso a los niños que acompañaban la marcha.

El bloqueo policial se sumaba al bloqueo de los interculturales, aunque de manera oficial aseguraban que cumplían una labor de “resguardo” para evitar supuestos enfrentamientos con pobladores de Yucumo, nos quedaba claro que el objetivo era desmovilizar a toda costa la VIII Marcha Indígena.

Fue un día tenso y al caer la noche, cuando nos disponíamos a descansar la tensión se transformó en resolución: no habría cerco que pare la marcha pacífica, nada ni nadie podría detener a los indígenas y su objetivo de llegar a la ciudad de La Paz para hacer respetar sus derechos y más aún para denunciar las violaciones a sus derechos humanos.

Fue al amparo de las sombras de la noche, que los equipos de inteligencia del Ministerio de Gobierno al mando de Sacha Llorenti, ultimaban los detalles de la represión. El día 25 amaneció con un inusitado movimiento policial, se pudo interceptar a grupos de inteligencia que ya estaban delimitando la zona de intervención.

El 15 de septiembre, la mayor parte de los hermanos y hermanas indígenas iniciaron la jornada con una misa, tal como ocurrió todos los domingos de la marcha, tal vez por ello los cálculos de la represión estimaron que era un momento propicio para la intervención policial, sin embargo, entre órdenes y contraordenes, el gobierno decidió no intervenir el acto litúrgico de los marchistas. En Yucumo y San Borja, el ministro Sacha Llorenti y su viceministro Marcos Farfán, acompañados de directores y otros funcionarios del Ministerio de Gobierno como Boris Villegas, así como oficiales policiales de alto rango, planificaban una intervención nocturna, puesto que en sus cálculos los marchistas estarían más vulnerables.

Una parte de los marchistas se encontraba en el arroyo lavando ropa y bañándose, otro tanto en la ciudad de San Borja comprando algunos víveres y medicamentos para continuar con la marcha, los niños jugando y correteando sin preocupación por ese campamento transitorio que se había convertido en esos momentos en la casa grande de todos, en el hogar donde se respira libertad y seguridad.

Ya a las 16:15 se pudo evidenciar el movimiento repentino de policías totalmente armados y otros que se introducían por los alrededores del campamento. La guardia indígena inmediatamente procedió a alertar sobre estos movimientos de estrategia militar, ante lo que la intervención policial se tuvo que adelantar, comenzaron a disparar gases, balines de goma, los infiltrados y los de inteligencia empezaron a perseguir a los dirigentes ya identificados anteriormente, procedieron a separar a los niños de sus padres, por un lado a mujeres y por otro a hombres, los aturdieron con los gases, posteriormente los redujeron , los maniataron, les taparon la boca con maskin, los subieron a las camionetas policiales, más adelante en medio camino esperaban los buses contratados por el gobierno para trasladarlos hacia San Borja. Los bajaron de las camionetas y los subieron a las flotas con el respectivo resguardo policial y civil.

Los hermanos y hermanas que pudieron huir aterrados se internaron en plena selva, muchos cayeron desmayados por la fatiga y los gases, había niños desmayados, muchos tuvieron que levantar a los niños que habían sido alejados de sus padres, otros estaban escondidos, asustados, con temor de perder su vida, otros totalmente golpeados.

No se respetó a nadie, hasta los personeros de salud fueron agredidos, cámaras y equipos destruidos, del mismo modo fueron quemadas las carpas, los víveres y demás indumentarias.

La intención del Gobierno era subir a los marchistas en aviones ya dispuestos por la Fuerza Aérea, y llevarlos con rumbo desconocido, quizás para detenerlos en las cárceles de los diferentes departamentos. Nadie creyó que se pretendía trasladar a los marchistas a sus comunidades, ese argumento cayó en saco roto ya que era imposible que se traslade contra su voluntad a estos hermanos, peor aún cuando estaban despojados de sus hijos, cuando se había dividido a los marchistas, además que cada marchista tenía un lugar de origen distinto, muchos habían salido de sus comunidades por agua, otros a pie, otros por camino de herradura.

Gracias a la valentía de los pobladores de San Borja y de Rurrenabaque, se rescató a los marchistas secuestrados.

Pero alguna dirigente decía: “Esto no se va a quedar así, no han golpeado a perros, no somos animales, somos personas…” Claro, existía la confianza de que estos hechos ilegales puedan contar con una investigación objetiva, se pueda dar con los autores intelectuales, materiales, con los encubridores, con los cómplices y podamos reclamar justicia.

Nos equivocamos todos, a un año de este fatídico hecho no hay ni un detenido, los principales autores, como es el caso del ex Ministro Sacha Llorenti han sido apartados del proceso, premiados por su accionar, protegidos por su gobierno.

Claro, según el Gobierno se rompió la cadena de mando, pero estos hechos no se dieron por coincidencia, fueron decididos en una reunión de gabinete, sostener lo contrario es abusar de la inteligencia y sentido común de los bolivianos y bolivianas.

Esta intervención policial - que además contaba con la participación de civiles de inteligencia, militares y otros infiltrados – tiene responsables. Desde el Presidente Evo Morales que tenía conocimiento de lo que iba a pasar, hasta el último policía que cumplía órdenes son responsables de delitos contra las personas, delitos cometidos contra mujeres, niños, ancianos, pueblos indígenas que solo estaban realizando una marcha pacífica sin dañar ni perjudicar a nadie. Se ha incurrido en flagrante vulneración de derechos humanos, que obviamente si no son investigados por los organismos estatales, corresponde que las instituciones protectoras de derechos humanos investiguen y señalen a los culpables para que sean sancionados de acuerdo a Ley, ya que se ha atentado contra la vida de los pueblos indígenas, contra su existencia misma.

“PORQUE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD NO PRESCRIBEN Y LOS CULPABLES DEBEN SER JUZGADOS”.

Fuente: FOBOMADE