Bolivia: marcha de campesinos e indígenas por derecho a recursos naturales
Desde diversos puntos de Bolivia se vienen desarrollando marchas de campesinos e indígenas por el derecho a la tierra y los recursos naturales, que convergerán en la ciudad de La Paz en los próximos días.
A pesar de los esfuerzos recientes por aclarar la situación de la tenencia de la tierra y de los bosques, sigue existiendo una superposición entre áreas protegidas, territorios indígenas, concesiones madereras, propiedades agropecuarias, concesiones mineras y áreas usadas por productores informales de madera y recolectores de castaña y palmito. La tasa de deforestación en el país es de 168.000 hectáreas anuales.
Los pobladores locales, al ver que sus derechos de propiedad comunitarios no eran reconocidos, en tanto que grandes terratenientes ocupaban más y más tierras amenazando la persistencia de sus medios de vida, pasaron de la resistencia local a la coordinación con otras regiones del país para lograr beneficios a nivel nacional. Es así que hoy mujeres y hombres, gentes de tierras altas y de tierras bajas, vienen uniendo fuerzas desde unos años atrás, manifestando su descontento e intentando ser tomados en cuenta en la toma de decisiones políticas sobre los temas por los que van a ser directamente afectados y que redundan en beneficios para hacendados ganaderos, empresas madereras y petroleras que se apropian de sus tierras.
Los objetivos de la lucha en curso son: el establecimiento de una Asamblea Constituyente con participación de todos los sectores sociales, el archivo definitivo de la Ley de Desarrollo Sostenible y de Reforma a la Ley Forestal, y el compromiso público y escrito del Poder Ejecutivo de no aprobar las normas proyectadas en el denominado "Paquete Agrario".
Los manifestantes denuncian que este "Paquete Agrario" consiste en instrumentos legales, que beneficia a los sectores más poderosos del agro: madereros, ganaderos, latifundistas. Mediante una Resolución Administrativa se incrementa el riesgo de que los procesos de titulación de tierras culminen en favor de los grandes terratenientes; hay disposiciones que establecen que las empresas que realizan actividades petroleras, mineras o de electrificación, que cuentan ya con concesiones para la explotación de recursos naturales, pueden además obtener derechos propietarios sobre las tierras en las que están asentadas, presentando documentos de adquisición o posesión que son muy fáciles de obtener en las áreas rurales.
La legislación vigente, plantea que los campesinos colonizadores que en forma individual son poseedores legales de tierras --viven y trabajan en ellas desde hace años pero no tienen títulos agrarios-- podrán consolidarlas en su favor a valores concesionales mucho menores a los valores de mercado, en consideración a su carácter de pequeños productores sin mayor patrimonio ni heredad. El decreto modificatorio borra esto, disponiendo que esos labriegos compren sus tierras al Estado a valores de mercado fijados por la Superintendencia Agraria. Además, en la actualidad la ley fija en 500 hectáreas la unidad mínima de dotación por familia en comunidades campesinas e indígenas dedicadas a la extracción de productos no maderables (castaña, almendra) en la zona norte amazónica de Bolivia. El decreto modificatorio convierte esa unidad mínima en máxima, algo así como convertir el suelo en techo.
En cuanto al tema forestal, la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible y de Reforma a la Ley Forestal implica la disminución del monto de la patente forestal que se debe pagar anualmente al Estado. Esto únicamente beneficiará a los grandes concesionarios madereros que de ahora en adelante pagarán la patente en base al área anual de aprovechamiento, ya no sobre toda la superficie aprovechable de la concesión forestal. Para dar un ejemplo: una empresa maderera que tiene una concesión de 150.000 hectáreas, pagará al fisco sobre las 50.000 hectáreas aprovechadas en el año, pero manteniendo sus derechos sobre las otras 100.000 hectáreas. Además, los mismos madereros que obtendrían estos beneficios son los que adeudan grandes sumas de dinero al Estado por el no pago de las patentes.
Las presiones se han hecho sentir. A pesar de que indígenas y campesinos vienen realizando una marcha pacífica, denunciaron que han sentido un permanente acoso con el sobrevuelo de helicópteros militares y el pasaje intimidante, durante partes del trayecto, de camiones cargados de militares armados y amenazantes.
En el transcurso de la marcha se concretó el primer logro: la caída del Proyecto de Reforma Constitucional, como resultado de la movilización. De todas maneras, los dirigentes indígenas advirtieron que no detendrán su caminata mientras no se convoque a la Asamblea Constituyente en la que se analicen las Reformas a la Constitución Política del Estado con participación de los pueblos indígenas, campesinos y otros sectores de la sociedad civil.
A casi un mes de las próximas elecciones y luego de haber logrado el fracaso de la Reforma y el retiro del Proyecto de "Ley de Desarrollo Sostenible y de Reforma a la Ley Forestal", continúan la lucha para que no se aprueben las normas proyectadas en el "Paquete Agrario" y por el derecho de indígenas y campesinos a la tierra, el territorio y los recursos naturales.