Bolivia derrota a la transnacional del agua
El país más pobre pero rebelde de la América del Sur se anotó una rotunda victoria sobre la transnacional Betchel, a la que expulsó de su territorio por lucrar con el agua y obligarla, después, a abandonar sus millonarias demandas de indemnización
Se logró expulsar a la Betchel y confiscar sus propiedades sin pagar indemnización. ¿Por qué no hacer lo mismo con las petroleras?
El país más pobre pero rebelde de la América del Sur se anotó una rotunda victoria sobre la transnacional Betchel, a la que expulsó de su territorio por lucrar con el agua y obligarla, después, a abandonar sus millonarias demandas de indemnización.
Este jueves, el gobierno boliviano compró en 25 centavos de dólar el 80 por ciento de las acciones de la empresa Aguas del Tunari, filial con la que operaba Betchel en Cochabamba, en el centro de Bolivia. Con esta acción se extingue la demanda por 50 millones de dólares que la transnacional había emprendido contra Bolivia, tras que sus propiedades fueran confiscadas y sus directivos expulsados el 2000 por un levantamiento popular que no aceptó el alza de tarifas del servicio de agua potable y alcantarillado, en la denominada “guerra del gas”.
Esta es una verdadera victoria del pueblo boliviano que expulsa a una transnacional sin pagarle ninguna indemnización y un precedente mundial para la lucha de todos los pueblos contra la privatización del agua, dijo el líder del levantamiento popular del 2000, Oscar Olivera.
Según Olivera, la victoria popular sobre la transnacional del agua demuestra que Bolivia puede vencer en la lucha por nacionalizar sus recursos naturales, como el gas y el petróleo, hoy en manos de Repsol, Total, Enron, Shell, British Petroleum, Vintage, Petrobras y otras, que controlan las segundas reservas más importantes de Sudamérica.
Estas empresas operan ilegal e inconstitucionalmente en Bolivia, según establece la sentencia del Tribunal Constitucional, la máxima autoridad jurídica del país, por lo que los sindicatos y organizaciones populares consideran viable su expulsión, con la consiguiente nacionalización de todos los hidrocarburos, valuados en más de cien mil millones de dólares.
Según Olivera, la victoria sobre la Betchel debería pesar en el ánimo del presidente electo Evo Morales para iniciar similar camino: nacionalizando la industria hidrocarburífera y expulsando a las petroleras sin pagarles ni un centavo.
El principal argumento de los que se oponen a la nacionalización efectiva de los recursos naturales señala que las transnacionales que sean expulsadas del país podrían iniciar millonarios juicios por un monto global de casi ocho mil millones de dólares, que no dispone el Estado boliviano.
“Bolivia puede y debe vencer en la lucha por la recuperación plena de sus recursos naturales”, agregó Olivera, al urgir a Morales que “no tenga miedo” de la reacción de las petroleras y el imperialismo.
Hasta ahora, la intención de Morales es legalizar los ilegales e inconstitucionales contratos de las petroleras, adecuando estos contratos a la actual ley de hidrocarburos, elaborada y aprobada por los parlamentarios que gobernaron con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado en octubre del 2003. Esta ley aumenta los tributos a las petroleras en una proporción nominal de hasta un 50%, aunque en términos reales no supera el 35%, lo que no es del agrado de las transnacionales, pero que obtienen en contrapartida la legalización plena de sus operaciones y la garantía plena que elimina la base legal de una nacionalización sin indemnización. Econoticiasbolivia.com (La Paz, enero 20, 2006).
Fuente: Econoticias Bolivia