Biopiratería generalizada en África

La biopiratería vive y lucha. Mientras gobiernos de más de cien países trataban de acordar en enero normas internacionales para regular la bioprospección y asegurar beneficios justos y equitativos para los países y comunidades que proveen recursos biológicos y el conocimiento tradicional asociado, se lanzaba un nuevo informe que reclamaba investigar lo que podría ser una biopiratería generalizada en África.

El informe, titulado “Out of Africa: Mysteries of Access and Benefit Sharing”, fue lanzado por el Edmonds Institute y el Centro Africano para la Bioseguridad, ambos grupos de interés público y sin fines de lucro con sede en Estados Unidos y Sudáfrica, respectivamente.

El documento causó un fuerte impacto en los delegados de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Acceso y la Participación en los Beneficios, celebrada en Granada, España, del 30 de enero al 3 de febrero. Ésta fue la segunda sesión para negociar un régimen internacional sobre el acceso y la participación en los beneficios en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Conmoción

Mariam Mayet, directora ejecutiva del Centro Africano para la Bioseguridad, habló en una mesa redonda el primer día de la reunión de Granada, donde se dio a conocer públicamente el informe. “En sólo un mes de investigaciones de distintas bases de datos, incluso la de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, descubrimos estos casos en todo el continente africano. Nos causó una conmoción enterarnos de la cantidad de patentes que se solicitan y otorgan”, dijo.

El copanelista Ossama El Tayeb, jefe de la delegación de Egipto en las negociaciones, consideró que el informe es la punta de un iceberg. En el documento constan cinco posibles casos de biopiratería que involucran a Egipto. Este tipo de informes ponen de relieve la urgente necesidad de un tratado mundial legalmente vinculante para prevenir la biopiratería, dijo Ossama, y señaló que, a partir de la lista, resultaba claro que los derivados de recursos biológicos eran objetivos muy importantes de la bioprospección para fines comerciales y por esa razón un régimen internacional debía incluir a los derivados. Los países industrializados y sus industrias farmacéutica, agrícola y biotecnológica se oponen enérgicamente a la inclusión de los derivados en el ámbito del régimen internacional.

Un funcionario de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos que se encontraba en la audiencia declaró que era la primera vez que leía ese informe y que lo estudiaría.

Beth Burrows, presidenta y directora del Edmonds Institute, señaló en el prólogo que el documento de cuarenta y dos páginas era “una letanía de casos de adquisición sospechosa de biodiversidad”. Pero el propio autor del informe, Jay McGown, aclaró que “no se trata de adquisición sospechosa sino de casos de biopiratería o, para usar el término más antiguo, robo”. Y advirtió: “Hasta que el Convenio sobre la Diversidad Biológica resuelva los problemas de acceso y participación en los beneficios, ese robo continuará”.

Los editores señalaron que las dificultades del trabajo de McGown fueron enormes, dado que sólo dispuso de un mes para las investigaciones, en las que estudió las bases de datos disponibles en Internet. Pese a esto, McGown descubrió importantes datos que sugieren biopiratería. Aunque el informe pueda parecer preliminar e incompleto, el autor señaló posibles contactos en cada caso para verificar, aclarar y ampliar sus hallazgos. Es obvio que queda mucho por hacer y se espera que otros investigadores amplíen los estudios.

Adquisición sin consentimiento

“Biopiratería”, según los editores, se refiere a “la adquisición de biodiversidad, es decir, material biológico (plantas, animales, microorganismos y sus partes), o de conocimiento tradicional relacionado con esa biodiversidad, sin consentimiento informado previo de aquellos cuya biodiversidad o conocimiento tradicional han sido tomados”.

Uno de los casos más conocidos y recientes de biopiratería se relaciona con el producto Hoodia, un inhibidor del apetito basado en el conocimiento tradicional del pueblo san. Fue desarrollado y patentado por el Consejo Sudafricano para la Investigación Científica e Industrial, que vendió los derechos en exclusividad a una empresa británica. Sólo después de una fuerte protesta mundial, los san recibieron un minúsculo porcentaje de las regalías, bajo la forma de un fideicomiso. El caso de Hoodia es citado aún como un ejemplo claro de distribución inadecuada de los beneficios y de un cuestionable consentimiento previo.

“Si analizamos lo que se ha tomado en el pasado reciente de países africanos, desde Egipto hasta Sudáfrica, vemos que comprende toda una gama de biodiversidad aplicable a la medicina, la agricultura, la horticultura, la cosmética y los fines industriales. Es increíble cuánto ha sido tomado sin dar cuentas al público, y probablemente sin permiso de las comunidades y los pueblos afectados”, señaló Mayet en un comunicado de prensa.

“No es fácil probar la biopiratería”, observó Burrows. “Cuando no se publican contratos ni existen normas nacionales de acceso y participación en los beneficios, o los bioprospectores o las empresas e instituciones que representan no las respetan, es difícil verificar denuncias de robo, aun cuando se capture a los ladrones con las manos en la masa... o en sus carteras de patentes”.

Y Mayet agregó: “Para que el acceso y la participación en los beneficios sean acordes a la visión del Convenio sobre la Diversidad Biológica, debe ser posible verificar que en cada instancia de uso, en especial cuando la biodiversidad y/o sus derivados han sido patentados, todo el proceso se basó en el consentimiento informado previo y un acuerdo de distribución de beneficios con el pueblo originario de esa biodiversidad”.

Aunque el Convenio sobre la Diversidad Biológica determinó las condiciones de acceso a los recursos genéticos y participación en los beneficios en el tratado original que entró en vigor en 1993, sólo en 1999 se realizaron esfuerzos para instrumentar esas disposiciones. El proceso fue impulsado en las negociaciones de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) y continuó en la reunión en Granada del Grupo de Trabajo sobre el Acceso y la Participación en los Beneficios.

Muchas delegaciones de países en desarrollo procedentes de América Latina, África y Asia hablaron sobre la biopiratería durante las duras negociaciones de Granada, en las que presionaron para obtener normas internacionales, pero se encontraron con una fuerte resistencia de los países industrializados, con la excepción de Noruega.

Chee Yoke Heong es investigadora de la Red del Tercer Mundo

Fuente: Revista del Sur Nº 164 - marzo/abril 2006