Belice: tribunal supremo reconoce derechos de tierras ancestrales mayas

La nueva sentencia es la tercera victoria jurídica maya en Belice. La primera fue el informe de fondo de la Comisión Interamericana, en 2004 que avanzó en el establecimiento de un estándar respecto a los derechos de propiedad sobre tierras y recursos indígenas, bajo la Convención Americana de Derechos Humanos.

La segunda victoria maya ocurrió en 2007, cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Belice acogió la demanda de 2 comunidades mayas que reclamaban sus derechos de tierras, tras el incumplimiento del Gobierno de las recomendaciones de la CIDH. Dicha sentencia fue la primera ocasión en que un tribunal aplicó la Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Aquella sentencia de 2007, pese a ser favorable a los mayas, sin embargo, fue interpretada estrechamente por el Gobierno de Belice, el que consideró que sólo era aplicable a las 2 comunidades demandantes, excluyendo a las restantes.

La nueva sentencia de 2010, viene a completar el cuadro y acoge la demanda planteada por el conjunto de comunidades mayas del distrito de Toledo, al sur de Belice representadas por sus dirigentes la Asociación de Alcaldes Mayas y la Alianza de Líderes Mayas.

Ambas sentencias, de 2007 y 2010, reconocen los derechos de propiedad de las comunidades mayas sobre las tierras que han ocupado, basados en el derecho consuetudinario maya. Y ambas sentencias ordenan al gobierno demarcar y titular las tierras acuerdo a la costumbre y prácticas mayas, y que el estado debe abstenerse de realizar por sí o tolerar de terceros actos que afecten esa propiedad.

Lo que estaba en juego son los derechos sobre más de 500.000 hectáreas de tierras ancestrales mayas, y los intereses en concesiones petroleras, forestales e hidroeléctricas que el Gobierno habia otorgado, sIn consulta ni consentimiento.

La sentencia del 28 de junio de 2010 obliga al Gobierno de Belice a poner freno a cualquier arrendamiento, donación, concesión y contratos que afecten los derechos de las tierras mayas en el Distrito de Toledo.

Concesiones sin consulta ni consentimiento

No solo derechos de tierras explican aquella interpretación estrecha. Las tierras mayas en Belice, son ricas en recursos forestales, aguas y petróleo. En los últimos años el Gobierno de Belice ha otorgado concesiones de explotación de petróleo y construcción de represas, y ha arrendado tierras mayas que consideraba “fiscales”.

Por ejemplo, el Gobierno otorgó concesiones petroleras a la empresa norteamericana Capital Energy, por una superficie que se superpone casi en su totalidad al territorio maya en cuestión. Asimismo en diciembre de 2008 el Gobierno de Belice había otorgado una concesión para el megaproyecto hidroeléctico de Belize Hydroelectric Development & Management Company, el cual ha sido rechazado por las comunidades mayas.

Tras conocer la sentencia, abogada Antoinette Moore , una de las abogadas que representó a los mayas afirmó: "Yo exhortaría al gobierno a volver atrás y re-examinar si esas concesiones existentes fueron realizadas bajo los parámetros que el Presidente del Tribunal Supremo establece en su sentencia, y estoy bastante segura de que no es así, esto es, que se hizo sin consulta y sin el consentimiento de los titulares de tierras, que son el pueblo maya".

La posesión tradicional

El caso maya de Belice reviste interés para todos los pueblos indígenas pues se reafirma el reconocimiento de los derechos de propiedad sobre las tierras indígenas fundados en el derecho consuetudinario. La sentencia descartó los argumentos del estado, que alegó que las comunidades mayas no eran originarias del lugar sino antiguos migrantes desde la actual Guatemala. Como es sabido, similares argumentos han sido esgrimidos, por ejemplo, en Argentina, para desconocer derechos territoriales mapuche, a cuento de los procesos de expansión y movilidad territorial mapuche que remontan a los siglos XV y anteriores.

De acuerdo a la sentencia del Presidente del Tribunal Supremo de Belice, tanto Belice como Guatemala son estados postcoloniales y es un hecho históricamente probado el asentamiento maya en toda la región de mesoamérica.

Al formular su decisión, el Juez Conteh dio peso a las pruebas presentadas por los peritos de la parte s mayas, que probaron con documentación etnohistórica, y cartografias realizadas por las comunidades, la existencia de una tenencia consuetudinaria de la tierras.

En la sala del Tribunal estaban presenten los alcaldes mayas.

Un llamado a la reconciliación

La sentencia establece, además, que el Gobierno de Belice tiene la obligación de adoptar medidas positivas para identificar y proteger los derechos de los mayas, y exhorta al Gobierno a trabajar junto con los mayas para desarrollar medidas legislativas, administrativas o de otra índole necesarias para identificar y proteger las tierras mayas tradicionales, de conformidad con las prácticas tradicionales.

El Juez estableció que en el período de tiempo que el Gobierno y los mayas estén trabajando para resolver el sistema de identificación y protección de los derechos a la tierra, el Gobierno deberá cesar y abstenerse de todo acto que pueda conducir agentes del Gobierno o terceros para ofender a la existencia, valor, uso y disfrute de las tierras ocupadas y utilizadas por Maya en sus pueblos, sin su consentimiento informado.

"Es de interés de todos los beliceños que el proceso de reconciliación comience", concluye el Juez Conteh, Presidente del Tribunal Supremo.

Inmediatamente después de la decisión del Tribunal Supremo los representantes de las comunidades desplegaron sus celebraciones. “Hoy celebramos lo que los mayas hemos sabido desde siempre: las tierras son nuestras”, afirma el comunicado las organizaciones indígenas Maya Leaders Alliance y Toledo Alcaldes Association, e instan al gobierno a reconsiderar su postura contradictoria hacia los derechos de la tierra maya, y a sentarse junto a los mayas para desarrollar un proceso claro y eficiente por el cual la propiedad tradicional de la tierra en el sur de Belice puede ser demarcadas.

Fuente: Políticas Públicas