Avasallamientos y venta ilegal de tierras en Santa Cruz, Bolivia

La mafia que se instaló en esta localidad ha tenido atemorizada a la población durante más de tres años. Tres años que con diferentes autoridades “ediles”, el pueblo veía como cuatro sinvergüenzas, a fuerza de matonaje, se enriquecía a costa del erario del estado, vendiendo tierras a ciudadanos brasileros, siendo que por Ley no se puede efectuar este tipo de operaciones por la cercanía a la frontera con Brasil (50 Km), y también por encontrarse e stas tierras dentro de un área de preservación como es el ANMI San Matías, en el área de influencia del Pantanal Boliviano y Territorios Indígenas pertenecientes a los Ayoreos.

Mientras localmente se atropellaba a la población con el matonaje, varías Instituciones intentaban frenar este “AVASALLAMIENTO”, efectuando las denuncias a las instancias correspondientes, como es la Superintendencia Forestal y el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), entre otros. Sin embargo, y a pesar de que esta situación era de amplio conocimiento de éstas y otras instituciones y autoridades encargadas de frenar estas irregularidades, nunca se prestó atención a la gravedad que significaban estos negociados, esto es; el desbosque con tractores, entrega de territorio nacional a ciudadanos extranjeros en la misma frontera, atropello a los territorios indígenas y los impactos y amenaza que esto significa para el Pantanal que ha sido reconocido como sitio RAMSAR a nivel mundial.

Tenía que darse una situación extrema para que se preste atención a esta gravísima situación. Es así, que debido a las permanentes denuncias de parte de un dirigente indígena/campesino sobre estos avasallamientos, éste fue agredido por un grupo de testaferros de los traficantes de tierras, y fue rescatado por un numeroso grupo de ayoreos, (cuyos territorios lindan con estas tierras). Este atentado a la vida del dirigente, fue lo que ocasionó la denuncia que llevó a que se exija que estos hechos no queden impunes.

Producto de la presión social en Carmen Rivero Torres y de la difusión que hizo la prensa local (El Deber y Radio Santa Cruz), el Presidente de la República y el Fiscal de Distrito, ordenaron la conformación de una comisión oficial, para que inspeccione IN SITU las graves denuncias. Así mismo, el Presidente ordenó al INRA para que entregue un informe en el plazo de 5 días. A la fecha no se conoce de ningún informe emanado de dicha repartición del Estado. Asimismo, el Fiscal de Distrito, ordenó la conformación de una Comisión Oficial que se traslade al lugar a fin de verificar dichas denuncias.

La comisión encargada de llevar adelante esta inspección, fue conformada por el SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas), la prensa (El Deber), los fiscales asignados por el Fiscal de Distrito y dos representantes del INRA, los cuales debían llegar el día 13 de diciembre a la localidad de El Carmen Rivero Torres. Al respecto, cabe señalar que a último momento, los representantes del INRA no llegaron al lugar de la inspección aduciendo “falta de recursos para su pasaje, en el tramo San José -El Carmen” (tramo no superior a los 100 km y el costo del pasaje es de Bs. 50.-)

Juzgue la opinión publica, cual fue el verdadero motivo de este retraso, que “impidió” que los funcionarios del INRA lleguen a cumplir con su obligación. De esta manera, la Comisión Oficial, inició sus actividades de manera irregular y seguramente la información que pueda recabar será parcial y subjetiva.

Estos hechos confirman lo que señalamos en párrafos anteriores; referidos a que las múltiples denuncias y gestiones que se hicieron para que se ponga coto a este tipo de atropellos; siempre cayeron en saco roto. Cabe preguntarse, porqué la Prefectura (y otros organismos que dicen defender al departamento de los avasalladores, como es la CAO, la CAINCO y el Comité Pro-Santa Cruz), solo aplican y exigen la fuerza pública y los medios de comunicación televisivos , cuando se trata de campesinos d el interior del país en afectaciones a propiedades privadas; caracterizándolos como los avasalladores y no hacen lo mismo, cuando se trata de territorios indígenas o de tierras fiscales del Estado, máxime considerando que los avasalladores en este caso son extranjeros y en complicidad con autoridades locales?

En tal sentido, hacemos un llamado a las autoridades, y pueblo de Santa Cruz, para que no permita que este tipo de atentados a la integridad del territorio del Departamento y del país se sigan cometiendo , afectando a los Derechos Humanos, como a los Recursos Naturales, por la tremenda amenaza que este tipo de situaciones representan para el futuro de la región. Es hora de que los organismos que fueron creados para normar y defender los intereses generales de la población y el Estado cumplan sus funciones. No debemos permitir que el tráfico ilegal de las 600 mil hectáreas de tierras fiscales entregadas de “regalo” a los extranjeros avasalladores, quede en el olvido y no se corrija esta situación, aplicando la ley.

Santa Cruz 14 de diciembre de 2005

Rosa Virginia Suárez A.
Foro Ecológico y Social de Santa Cruz