Autoridades de los 48 Cantones responden al Ministerio Público: ‘‘los pueblos se levantarán’’

Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán condenaron este miércoles las acciones del Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, que coordinó el arresto de exdirigentes de la Junta Directiva de 2023. El MP los señala de varios delitos entre ellos sedición y terrorismo por su participación en el paro nacional y las manifestaciones pacíficas en defensa de la democracia en 2023.

Luis Pacheco, expresidente de los 48 Cantones y actual viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Héctor Chaclán Batz, ex tesorero de la misma organización, fueron detenidos esta mañana bajo la coordinación de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.

Ambos fueron arrestados en la casa de huéspedes San Benito, ubicada en la 7a calle, de la Avenida Elena, en la zona 1 de la ciudad capital, donde las autoridades también realizaron un allanamiento.

El Ministerio Público acusa a las exautoridades indígenas de sedición, terrorismo, asociación ilícita, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia por su participación en las movilizaciones masivas que, en el 2023, rechazaron el intento de golpe de Estado y exigieron la renuncia de Porras, así como de otros fiscales allegados a ella.

En conferencia de prensa, convocada por la Junta Directiva de los 48 Cantones en la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Totonicapán, el actual presidente, Juan Pablo Ajpacajá, manifestó que el arresto de dos de sus líderes tiene la clara intención de criminalizar el derecho a la resistencia pacífica de los pueblos indígenas, establecido en el artículo 46 de la Constitución de la República.

“Es grave que el Ministerio Público considere a los pueblos indígenas como una estructura criminal”, indicó Ajpacajá.

De acuerdo al comunicado leído por las autoridades, la captura de los líderes comunitarios envía a la sociedad guatemalteca el mensaje de que se perseguirá y castigará a todo aquel que, haciendo uso de sus derechos legítimos, se manifiesten en defensa de la democracia y en contra de la corrupción.  Señalaron que “lo que se pretende con este tipo de acciones es callar al pueblo”.

“Los pueblos no se van a callar”

El arresto de Pacheco y Chaclán se suma a una serie de persecuciones ejecutadas por el MP en contra de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia.

“Los pueblos no se van a callar, nos seguimos manifestando, estamos siempre en la lucha de nuestros derechos”, expresó Leticia Zapeta, vicepresidenta de los 48 Cantones.

La  Junta de los 48 Cantones exigió la liberación inmediata de Pacheco y Chaclán y demandó a la fiscal general, Consuelo Porras, que pare la criminalización en contra de los dirigentes de los pueblos indígenas y el discurso punitivista como respuesta a sus peticiones. Mientras, al Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, pidieron que vele por los derechos de los pueblos que están siendo violentados mediante la persecución de sus autoridades.

Además, instaron a la comunidad internacional a pronunciarse y a acompañar la lucha democrática de los pueblos originarios y a la sociedad guatemalteca a no dejarse amedrentar por estos actores que buscan perpetuar la impunidad que los favorece.

La vicepresidenta de los 48 Cantones advirtió que si el MP no escucha las peticiones “los pueblos se levantarán” y presionarán para que se aprueben leyes como la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que permitiría al Presidente de la República remover a la Fiscal General “por causa debidamente establecida”.

Según información del MP, se han girado órdenes de captura contra cinco ex integrantes de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes participaron en las manifestaciones en defensa de la democracia hace dos años. Sin embargo, no revelaron los nombres debido a que el caso se encuentra bajo reserva, argumentaron los fiscales.

Además, el MP agregó que pedirá una solicitud de retiro de antejuicio en contra del gobernador de Sololá, Edgar Tuy, quien fungió como síndico de la Municipalidad Indígena de Sololá en 2023.

Fuente: Prensa Comunitaria