Así camina la lucha ambiental en Colombia

El resultado exacerbó los argumentos en contra del gobierno y los empresarios del sector, que se niegan a reconocer los impactos y conflictos que ha dejado la implementación de un modelo de desarrollo agresivo y antidemocrático. La tensión entre comunidades - gobierno - autoridades locales – empresarios, expresa el choque de visiones distintas respecto a los territorios, y la posición sorda del gobierno para debatir sobre el modelo de desarrollo que se ha impuesto violentamente.

Las comunidades y organizaciones territoriales que llevan años oponiéndose al modelo extractivo impuesto, han incorporado en sus estrategias de defensa territorial la utilización de mecanismos de participación, la movilización social, la comunicación popular, los procesos pedagógicos, los debates locales, regionales y nacionales, y las acciones jurídicas para garantizar la permanencia digna en los territorios. Han conseguido importantes victorias, como haber ganado con amplio margen las cinco consultas populares de Piedras, Tauramena, Cabrera, Cajamarca y Cumaral, o haber avanzado también con el reconocimiento de la iniciativa popular normativa (Cerrito) y varios acuerdos municipales (en Huila y Antioquia). También lograron la suspensión de proyectos como el pozo Lorito 1, o de la exploración petrolera en La Macarena o San Andrés y Providencia, entre otros.

Esta intensa acción política ambiental ha potenciado la participación ciudadana y un importante debate político, y se ha logrado colocar en la agenda nacional y el escenario público la cuestión ambiental en el centro de las preocupaciones actuales de las colombianas y los colombianos. Tanto así que en el marco de la sentencia T445 de 2016 la Corte Constitucional ordenó la creación de una Mesa de Trabajo interinstitucional para que expertos, entidades públicas y privadas, y grupos de interés, investiguen desde las ciencias exactas y humanas los impactos de la minería en los ecosistemas del país.

Otro ejemplo es la sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, anunciada el pasado 2 de mayo, la cual reconoce al río Atrato como sujeto de derechos y obliga al Estado colombiano a dar una respuesta idónea para la protección, conservación, mantenimiento y restauración del río, de la mano con las comunidades étnicas. La sentencia, producto del triunfo de la acción de tutela interpuesta por las comunidades de los Consejos Comunitarios de la cuenca del Atrato, representadas legalmente por las compañeras del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, marca un hito no sólo en el escenario colombiano, sino incluso en el ámbito internacional. Porque se alimenta el debate para el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, que sólo la Constitución Política de Ecuador y la Ley de la Madre Tierra de Bolivia han incorporado.

Aunque el camino es “largo y culebrero” y “el papel aguanta todo”, la realidad muchas veces dista de lo establecido en la norma. Depende de los pueblos movilizar sus estrategias colectivas para hacer posible que otros sectores entendamos la vida como un todo. Es indispensable replantear la relación del ser humano con la naturaleza, reconocer que somos naturaleza y nos hacemos con ella, que las afectaciones a la naturaleza son daños a la vida, el territorio y el ciclo socio-ambiental. El caso de la sentencia sobre el Río Atrato plantea que no veamos el río de forma fragmentada, y también que empecemos a escuchar otras voces y nos dispongamos a entender y construir el mundo desde otra perspectiva.

La lucha política ambiental ha logrado movilizar localmente a cientos de comunidades que hoy se expresan para frenar proyectos mineros, de hidrocarburos e hidroeléctricos. También se están dando pasos importantes de una articulación real que se materializa en los territorios, con la solidaridad y en la movilización. Es el caso de la movilización del 2 de junio, la Gran Marcha Carnaval en defensa del Agua, la Vida y el Territorio, que en su novena versión celebró el triunfo de la consulta popular de Cajamarca y tuvo como epicentro a la ciudad de Ibagué. Pero con expresiones en otros 25 municipios de Tolima, Caquetá, Quindío, Meta, Santander, y otras ciudades capitales, como Armenia, Manizales, Bucaramanga y Bogotá. Hubo también expresiones internacionales en Italia y Gran Bretaña.

Pese a estos esfuerzos, el movimiento ambiental tiene un reto mayor, y es pensar cómo fortalecer la articulación, cómo pensar y construir-proponer otra forma de vivir, que sea una alternativa real a la forma en que el capitalismo ha ordenado, homogeneizado y deteriorado el planeta. Si seguimos organizándonos el ambientalismo continuará siendo una fuerza social de cambio para la construcción de paz, que proponga nuevos referentes simbólicos, económicos, tecnológicos y políticos, que ayuden a transformar la sociedad colombiana.

Fuente: Radio Mundo Real