Arrecia campaña contra glifosato en cultivos latinoamericanos

En una publicación el 20 de marzo, los científicos de la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer de la OMS incluyeron al herbicida más usado en el mundo como “probable” causa de la enfermedad, como resultado de numerosos estudios.

Con ese informe, organizaciones sociales y científicas latinoamericanas consideran que los gobiernos no tienen más excusas para no intervenir, después de años de investigación sobre el daño a la salud y al ambiente del glifosato a nivel regional y mundial.

“Creemos que se debe aplicar el principio de precaución y evitar seguir acumulando información de investigaciones, a fin de tomar decisiones que pueden llegar muy tarde”, declaró Javier Souza, coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina (Rap-Al).

“Abogamos por la prohibición del glifosato que debería comenzar a corto plazo con restricciones a la compra, sus aplicaciones y envases”, agregó a IPS el también responsable del Centro de Estudios sobre Tecnologías Apropiadas de Argentina.

Carlos Vicente, dirigente de GRAIN, recordó a IPS que el herbicida ingresó al mercado a mediados de los 70 y se extendió masivamente por el Cono Sur americano, promovido por la estadounidense corporación de biotecnología Monsanto.

“Su aumento sostenido obedece en gran parte a los cultivos transgénicos, genéticamente modificados para tolerar el glifosato, como la soja RR (Roundup Ready), introducida en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y otros países”, explicó el representante de la organización internacional que promueve la actividad campesina y la agricultura sostenible.

La soja transgénica ocupa 50 millones de hectáreas en la región y en su cultivo se utilizan 600 millones de litros anuales del herbicida, aseguró.

En total, según datos de Souza, hay 83 millones de hectáreas de cultivos transgénicos tan solo en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La publicación de la OMS “es muy importante pues demuestra que pese a las presiones de Monsanto es posible pensar en una ciencia independiente al servicio del bien común y no a los intereses corporativos”, aseguró Vicente.

Monsanto vende el glifosato con la marca de Roundup, pero también se comercia bajo los nombres de Cosmoflux, Baundap, Glyphogan, Panzer, Potenza, Rango, y en algunos sectores campesinos se la conoce como “randal”.

Además de en los cultivos transgénicos, este herbicida se aplica en sectores de la agricultura tradicional, para hortalizas, tabaco, frutales y monocultivos forestales de pino o de eucalipto, igual que en jardines y otras áreas urbanas o en vías férreas.

Pero en la agricultura tradicional se aplica tras la germinación de las semillas y antes de la siembra, mientras en los transgénicos se hace durante la plantación, actuando de forma no selectiva y destruyendo así variedad de plantas y pastos, de acuerdo a Rap-Al.

“Esta lluvia literal de glifosato impacta de manera directa los ecosistemas, las comunidades, el suelo y en el agua, con impactos que ya son inocultables”, subrayó Vicente.

“No podemos admitir más el uso de estos venenos porque destruyen la biodiversidad causando alteraciones climáticas, acabando con la fertilidad del suelo, contaminando las aguas e incluso el aire. Y sobre todo, traen más enfermedades y cáncer”, señaló a IPS el dirigente del brasileño Movimiento de los Sin Tierra, Joao Pedro Stédile.

El argentino Rafael Lajmanovich, experto de ecotoxicología de la Universidad Nacional del Litoral, ha investigado ampliamente al glifosato.

“Aunque no están referidos a salud o carcinogenesis humana, demostraron en modelos animales (embriones de anfibios) que el glifosato es ‘teratogénico’, es decir que produce malformaciones durante el desarrollo de estos vertebrados”, explicó a IPS el también integrante del gubernamental Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

“Además, en esos modelos, comprobamos que produce efectos sobre la actividad de sistemas enzimáticos muy importantes (colinesterasas) que le confiere cierto grado de neurotoxicidad”, agregó.

Estudios epidemiológicos señalaron efectos en comunidades afectadas por pulverizaciones de glifosato.

“Las principales afecciones que los científicos y médicos rurales han vinculado con esas aplicaciones, se refieren específicamente a enfermedades respiratorias, alergias, abortos espontáneos, aumento del caso de niños nacidos con malformaciones y una mayor incidencia en enfermedades tumorales”, agregó Lajmanovich.

Vicente, por su parte, destacó que hay investigaciones aplicadas en varios países latinoamericanos, que van en la dirección de la OMS. En Argentina, por ejemplo, estudios realizados en las provincias de Rosario y de Córdoba “testimonian claramente el incremento de los casos de cáncer que en algunos casos llegan a triplicar o quintuplicar la media nacional”.

Otro ejemplo, En Colombia el informe “ Glifosato, prontuario de un plaguicida”, elaborado por Rap-Al, las fumigaciones con Roundup en grandes áreas para erradicar cultivos de coca y amapola, causaron incidentes de envenenamiento en más de 4.000 personas y animales. Ese estudio incluye casos de intoxicación en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Souza criticó que en América Latina el herbicida se venda sin restricciones en comercios de forrajes y agroquímicos, ferreterías y negocios similares, muchas veces “fraccionado y en envases de gaseosas”.

El brasileño Stédile, integrante también de la organización internacional Vía Campesina, espera que esta región y también Europa prohíban su aplicación agrícola, como hizo Holanda.

Propuso como alternativa “una producción agroecológica, que combine el conocimiento científico con la sabiduría milenaria de los campesinos, para desarrollar cultivos sin uso de venenos, adecuados a cada bioma”. Esa metodología ha aumentado “la productividad del suelo y del trabajo, mejor que las prácticas que utilizan venenos”, aseguró.

No se trata, reforzó Vicente, de reemplazar el glifosato por nuevos herbicidas, varios aún más tóxicos, “sino de cambiar hacia un modelo de agricultura agroecológica de base campesina, que se oriente a la soberanía alimentaria de nuestros pueblos”.

Para Stédile, los gobiernos sudamericanos mantienen el apoyo a la agricultura transgénica pese a las evidencias de los daños sanitarios y ambientales, porque piensan que “el agro negocio puede ayudar a la economía aumentado las exportaciones de ‘commodities (materias primas)’, contribuyendo al equilibrio de sus balanzas comerciales”.

Esa “ilusión de las exportaciones” impide a los gobiernos afrontar lo que calificó como “un verdadero genocidio”, se lamentó.

Vicente pidió que ahora que la OMS ratifica investigaciones regionales, ello “se refleje en medidas concretas” gubernamentales.

Monsanto rechaza calificación

En un comunicado, Monsanto criticó el informe de los científicos de la OMS como “ciencia basura” y demandó una rectificación del organismo, a lo que los científicos recordaron que su indicación es que el glifosato es “probable” cancerígeno y no lo han dado por seguro.

Consideró que es “incompatible” con décadas de “continuos exámenes exhaustivos de seguridad” realizados sobre el glifosato por “autoridades reguladoras de líderes de todo el mundo” que lo calificaron de “seguro para la salud humana”.

Para Lajmanovich, la posición de una empresa “no puede prevalecer sobre la de una institución internacional de reconocido prestigio y rectora del cuidado de la salud mundial como la OMS”. Además, recordó, Monsanto consideraba los informes la OMS como “buena ciencia” cuando apuntaban que el glifosato era “inocuo”.

Editado por Estrella Gutiérrez

Fuente: IPS