Argentina: resiste la Pacha

Por Nadia Luna

“Y, de repente, aparecen unas máquinas y empiezan a desmontar”, recuerda Jonatan, cacique de una comunidad wichí del este de la provincia de Salta. Al principio, era algo positivo. “Bueno, muchachos, necesitamos gente que trabaje”, cuenta Jonatan que les dijeron. Primero tuvieron que desmontar importantes porciones de tierra. Posteriormente, sembraron poroto. Pero pasaron los años, llegaron los sembradores automáticos y el trabajo desapareció. Igual que el monte.

El testimonio del cacique es uno de los tantos que recolectó un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), integrado por docentes, alumnos y graduados que trabajan con la problemática del desmonte en el Gran Chaco. Comenzaron en 2008, cuando junto al INTA Salta y al CONICET realizaron una evaluación del impacto ambiental acumulativo para aportar evidencia científica al recurso de amparo solicitado por pobladores locales ante la Corte Suprema de Justicia.

Actualmente, están trabajando con la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) en un sistema de monitoreo que detecte los desmontes en tiempo real. La idea es volcar esa información a un portal en Internet y que las comunidades afectadas se apropien de la tecnología satelital para aportar datos. María Vallejos, agrónoma de la FAUBA y coordinadora del equipo que visitó a los wichí en 2011 y 2012, explicó a TSS el trabajo realizado.

“Hicimos mapas para que ellos puedan localizar los desmontes en las imágenes y vean cómo va avanzando la frontera agropecuaria. Algunos aprendieron a usar sistemas de geoposicionamiento satelital (GPS) para marcar distintos puntos y otros trabajaron en los aspectos más técnicos del sistema de monitoreo. Las necesidades de las comunidades son distintas debido a que algunas ya están acorraladas por los desmontes, mientras que otras aún permanecen un poco más alejadas”, dice Vallejos.

El Gran Chaco comprende 13 provincias argentinas, entre ellas Chaco, Formosa, Santiago del Estero y el este de Salta; también incluye zonas de Bolivia, Paraguay y una pequeña parte de Brasil. La región constituye el territorio ancestral de numerosos pueblos indígenas, como el wichí, nivaklé, qom y moqoit. Para ellos, sin monte no hay vida. De él obtienen alimentos, agua, plantas medicinales y elementos para construir sus viviendas, además de tener un significado espiritual muy importante.

Para el monitoreo, los investigadores utilizan imágenes del satélite LandSat 7 provistas por la CONAE, que muestran los lotes que se desmontan año a año. Sin embargo, necesitaban hacer un seguimiento más periódico, por lo que ahora están armando un sistema con imágenes MODIS (provistas por la agencia norteamericana NASA), que permiten obtener datos cada 16 días. “Lo que miden las imágenes satelitales es la reflectancia, la luz del sol que refleja la superficie”, precisa la agrónoma. “Con esa información, se hacen índices que miden la actividad de la fotosíntesis y, cuando caen por debajo de un nivel, se puede asociar al desmonte”.

Nueve canchas por hora

Según un informe realizado por la REDAF, con la cooperación técnica del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la FAUBA, entre 1976 y 2012, la provincia de Salta registró la pérdida de más de dos millones de hectáreas de bosque nativo. Esto representa la desaparición del 30 por ciento de los bosques existentes a finales de los años setenta. Hasta 1997, la tasa de desmonte era de 32.000 hectáreas por año, mientras que con el ingreso de la soja transgénica a la Argentina subió a 43.000 hectáreas anuales. Pero con el fin de la convertibilidad en 2001 y el aumento del precio internacional de la soja, la tasa ascendió a 95.000 hectáreas por año.

En 2007, antes de la sanción de la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos, se llegó a las 135.00 hectáreas desmontadas en un año. Al año siguiente, la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Salta estableció distintas categorías de conservación. De todos modos, la tasa de desmonte se mantiene en 80.000 hectáreas anuales, equivalente a desmontar la superficie de nueve canchas de fútbol por hora. “La provincia tiene herramientas de sobra para controlar los desmontes, pero falta voluntad política para implementarlas”, considera Vallejos y señala que esperan poder compartir los datos del monitoreo en Internet para fines de este año.

Fuente: Redaf