Argentina: profundización de la criminalización de la protesta social

Por Jenny Lujan, de la Asamblea de Famatina y Chilecito.

En un plenario de asambleas riojanas realizado el pasado 13 de abril nos juntamos para analizar esta cuestión, cada asamblea daba un panorama sobre el avance de la criminalización en cada territorio. En una vista a Andalgalá mientras participamos de la marcha de los sábados en la misma fecha, los compañeros nos contaban sobre el tema.

Esta profundización se da con un reciclamiento de estrategias que conforman terrorismo de estado:

Instalan un clima de Violencia simbólica y material: Los gobiernos de las provincias zonificadas como mineras han creado un organismo nacional denominado OFEMI donde los gobernadores se pasan recetas de cómo lograr la licencia social para instalar y profundizar la minería y parecen decididos a consolidar un implacable régimen de autoritarismo e intolerancia represiva en la materia, generalizando e intensificando la violencia. Los gobiernos provinciales y nacional y sus aliados desde las estructuras del poder fáctico (las corporaciones mineras y las fracciones de la burguesía local subordinadas, la jerarquía eclesiástica y la dirigencia ‘intelectual’ institucionalizada y los dueños locales del poder mediático), les cabe la responsabilidad originaria sobre esta escalada de violencia manifiesta que se viene instalando como ‘rutina’ en la cotidianidad de la vida de los habitantes de estas tierras. Hay una decisión política de sostener a toda costa el ‘modelo minero’. Y esto intensifica la conflictividad estructural. la porfiada insistencia de los gobiernos en avalar la minería transnacional a gran escala, conduce, tarde o temprano, a los mismos escenarios de represión manifiesta, violación sistemática de derechos humanos, secuestro literal de las aspiraciones democráticas y de los más elementales componentes del Estado de Derecho. El extractivismo neocolonial parece decidido a extremar, como política, la depredación de derechos. Hay un peligroso cambio en las estrategias y tácticas de la política represiva en pos de aplastar la resistencia social a la minería transnacional, el gobierno provincial ha venido desarrollando un proceso de intensificación y diversificación de la violencia que ha terminado desembocando en la conformación de un nuevo régimen represivo. Ante las primeras manifestaciones de protesta, el gobierno provincial fue ensayando distintas medidas, entre propagandísticas, disuasorias y lisa y llanamente represivas, que terminaron de plasmarse en lo que ahora asoma como un nuevo régimen gubernamental minero.

Primero. Se instala en las provincias un pacto gubernamental-corporativo que completa y perfecciona el proceso de colonización del aparato estatal por parte de los intereses minero-corporativos. El gobierno procura un pacto con las transnacionales mineras por el que el asume la tarea sucia de garantizar a toda costa la viabilidad de las explotaciones a cambio de casi nada: unos pocos puestos de trabajo, un lábil compromiso empresarial de incrementar sus compras ‘locales’, más la promesa de ‘responsabilidad social empresaria’ de sus costos operativos en tanto instalan una economía de enclave por tanto ir contra las empresas mineras, es ir contra los intereses mismos del ‘Estado provincial’. Tal como se viene perfilando ya de hace tiempo en la retórica gubernamental, la minería se instituyen como ‘oficialidad’; una ‘política de Estado’ que se pretende y se presume por encima de todo cuestionamiento de la ciudadanía, al margen mismo de la voluntad popular.

Segundo: instalan un aparato de propaganda minera. Otro elemento fundamental a través del cual el gobierno avanza en la conformación de un régimen minero que se apropia monopólicamente del espacios semiótico de lo público e instala el dela ‘minería’ como rasgo y símbolo central de la ‘identidad’. Utilizan para esto recursos del pueblo para comparar medios, periodistas haciendo campañas comunicacionales a favor mientras desprestigian a los llamados por ellos “ambientalistas”; convocan a voces del saber científico “autorizadas” intentando darle una impronta de cientificismo al saqueo y el despojo; utilizan la escuela pública y la educación sistematizada para bajar la propaganda en forma de capacitaciones a docentes con altos puntajes y grandes beneficios para asistir, con libros y manuales hechos por las mineras.

Con la decidida colaboración estratégica delas empresas ‘periodísticas’ Instala una base de violencia simbólica en todo proceso comunicacional que suprime cualquier posibilidad de diálogo. Ante la propaganda, no hay lugar para la argumentación. Un modus operandi y la lógica de la propaganda como comunicación política que ejerce violencia simbólica instalando un escenario semiótico radicalmente autocrático e intolerante que constituye la antesala legitimatoria de toda práctica represiva posterior.

Las empresas periodísticas locales vienen disparando indiscriminadamente su artillería pesada con municiones de guerra contra la resistencia socioambiental a la minería transnacional, en nuestra provincia, en la región y en el país en general. De modo cada vez más desfachatado vienen manipulando y tergiversando recurrentemente los hechos, fabricando con sus versiones una ‘realidad’ a imagen y semejanza de sus intereses y posiciones ideológicas.

Creyéndose o sabiéndose virtualmente impunes (¿cómo refutar masivamente sus aseveraciones?), estos mercaderes de la ‘información pública’ vienen apelando inescrupulosa y sistemáticamente a las falacias argumentales más burdas y a la directa distorsión y falseamiento delos hechos, a tal punto que exceden ya lo grotesco. Con su activa y de liberad a intervención vienen contribuyendo notablemente a la instalación y legitimación de un clima societal de autoritarismo, represión e intolerancia política que no sólo socava las condiciones básicas de un ‘estado democrático’, sino ya las garantías y derechos elementales de un ‘estado de derecho’. La vinculación delos principales medios comerciales con la política represiva del Estado excede ya el nivel de la complicidad y pasa a constituirse en un agente promotor clave de tales políticas. La alianza económica e ideológica que conforma la comunión de intereses entre el Estado, las corporaciones mineras y sus súbditos, y los grandes medios locales conforma la estructura institucional operativa del nuevo régimen minero instalado como gobierno de facto que ejerce el poder sobre nuestro territorio y nuestra población. Bajo este inédito régimen neocolonial no hay lugar ya para el ejercicio de derechos, ni para la Ley, ni para la Verdad.

Tercero: se instala y fortalece una connivencia de poderes, todos unidos en la represión y la criminalización. El recurso a la violencia que ha hecho este gobierno como forma de imponer la identidad minera, por supuesto, no se restringe al campo de lo simbólico. Ha avanzado abierta y manifiestamente en la diversificación de las estrategias de la violencia represiva y material de los hechos y las armas.

En este campo ha avanzado a fuerza de ensayo y error. Ellos han aprendido de nosotros, Primero han recurrido al uso burdo y tosco de la represión brutal y manifiesta tal los casos de la represión los violentos desalojos de los bloqueos selectivos en las rutas. Actuación de jueces provinciales en rutas nacionales, aplicación de la flamante ley anti-terrorista contra los manifestantes, represión, persecución y detención. Esto tuco un costo político para el gobierno que se define como un “gobierno que no reprime la protesta social”.

Desde el poder judicial, la presidenta del máximo tribunal de justicia de la provincia de Catamarca, Amelia Sesto de Leiva, disparó “la única solución para los ambientalistas es la Cárcel” (Diario El Ancasti, 1° de junio de 2012). En realidad, las declaraciones de Sesto de Leiva anticiparon la convicción y disposición de las propias autoridades de la Justicia para actuar e intervenir al margen de la ley si fuera necesario para impedir que las protestas obstaculicen las operaciones de las mineras violando los principios más elementales de un Estado de Derecho.

En el ‘pacífico’ desalojo de Cerro Negro, se cometieron atropellos gravísimos. La propia Justicia y las instituciones del Estado actuaron al margen de la Ley. La fiscal provincial de Tinogasta (Silvia Álvarez) extendiendo ilegalmente su injerencia en jurisdicción federal y sin mediar comisión de delito de alguno; la policía de la provincia procediendo a la literal usurpación y posterior deportación de un colectivo que trasladaba a 54 personas cuyo único ‘delito’ fue venir a solidarizarse con la medida de protesta decidida por las asambleas de Catamarca y de todo el país en el Acampe de Cerro Negro; interviniendo con la más absoluta arbitrariedad y abuso de poder, golpeando y amenazando a los que procuraron resistir semejante atropello y actuando aún como ‘fuerzas deseguridad’ en territorio jurisdiccional de otras provincias (La Rioja y Córdoba); más, la actuación ilegal de policías ‘de civil’ que engrosaron las filas de los ‘manifestantes pro-mineros’. Y por si todo esto fuera poco, la detención ilegal ciudadanos. Efectivamente, como en tiempos de la dictadura, en Cerro Negro se procedió a la privación ilegítima de la libertad de personas, al secuestro y la detención arbitraria de ciudadanos, sin la previa eventual comisión de delitos; agentes y oficiales de justicia actuaron violando la propia normatividad constitucional, avasallaron competencias jurisdiccionales e incluso la división funcional de poderes. Se violentaron fundamentos básicos del Estado de Derecho. Todo, con el único fin de impedir el bloqueo temporal de los insumos a Minera Alumbrera.

Así, el poder minero no se contenta con haber colonizado el aparato administrativo del Estado, sino que ahora incluso arremete contra la propia institucionalidad formal violando flagrantemente los principios más elementales del ordenamiento constitucional. Como en otros territorios de América Latina, el régimen minero se muestra manifiestamente incompatible con el Estado de Derecho y con el respeto de los Derechos Humanos.

Cuarto: los nuevos grupos de tarea y la tercerización de la política represiva. Ante los hechos consumados de la violación del orden jurídico, desde el Estado se instala un clima de impunidad que se complementa con la ‘tercerización’ y el camuflaje ‘social’ de la política represiva. Desde el gobierno provincial y de ciertos gobiernos municipales se recurrió al reclutamiento de una fuerza de choque dirigida a instigar y amedrentar a los manifestantes en la ruta. En Cerro Negro se ha visto el recurso a esta estrategia en su máxima expresión: la formación de grupos para-estatales, que contaron con todo el respaldo logístico y político de las autoridades provinciales y policiales para actuar con total impunidad y enfrentando a fracciones de la población en un brutal enfrentamiento de pobres contra pobres.

Puro abuso de poder. Usurpación y ejercicio de facto de la fuerza represiva del Estado al margen de la propia legalidad que pone en suspenso las garantías constitucionales y que deja a la ciudadanía en condiciones de indefensión jurídica. Cabe tomar nota de que, sin exagerar, éste es uno de los rasgos básicos de lo, en la ciencia política, que se conoce como ‘terrorismo de Estado’.

Se puede constatar que el gobierno ha venido alimentando irresponsablemente una creciente escalada de violencia –de la material y la simbólica, de la manifiesta y la latente; de la institucional y de la extra-oficial- dirigida a arrancar de cuajo todo vestigio de resistencia y/o manifestación popular en contra del ‘modelo minero’, asumido como ‘política de Estado’.

Descalificación absoluta a los interlocutores ‘ambientalistas’ y del presupuesto intransigente e innegociable de que la minería se hace ‘sí o sí’. En ese marco, la violencia se encarna como un rasgo estructural de nuestra sociedad local; una sociedad sometida a un brutal colonialismo histórico que, por supuesto, no es reciente. Pero no hay que perder de vista quiénes son, en realidad, los auténticos productores de esa violencia. Es que violento no es cualquiera, ni que se lo proponga. La violencia originaria sólo surge de y desde el lugar del poder. Los violentos de verdad no son ‘los que quieren’, sino los que pueden serlo; es decir, los que tienen el control sobre los recursos y medios de violencia; la capacidad objetiva y estructural para ejercerla.

Amedrentamiento, persecución y descalificación de quienes se manifiestan reclamando a favor de la vida: “Ignorantes”, “desinformados”, “ideologizados”, “irracionales”, “fundamentalistas”, categorías que habitualmente se emplean para aludir a sujetos y colectivos que se oponen a actividades extractivas que, como la megaminería a gran escala.

Persecución laboral con cesantías, sumarios administrativos, no renovación de contratos, violación del derecho a concentrar horas en una institución en caso de docentes, afectaciones de empelados a lugares geográficos que violan el derecho de mantenerse junto a sus familias, quita de beneficios sociales tales como becas y planes sociales, impedimento de ingreso a listados de aspirantes a viviendas, etc.

Cooptación de experto y técnicos: Asistimos actualmente a una nueva estocada del poder minero sobre la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares (Ley 26.639). Esta vez, en el campo de burlar su aplicación. Todas las artimañas son, al parecer, válidas. Hasta la dela cooptación de “expertos”, o “técnicos” que, presentándose bajo el manto dela “objetividad científica”, certifican y sentencian visiones de la realidad muy a la medida de los intereses corporativos. Dres. como Matthias Jakob y Pablo Wainstein, presentados como “prestigiosos científicos intervienen en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados criticando la ley de glaciares. Nadie dice que estos “prestigiosos científicos” pertenecen a la consultora canadiense BGC, empresa internacional con sede en Vancouver, costa occidental de Canadá, que se ha expandido a América del Sur, África Asia, Europa y Australia y va de la mano de las megamineras multinacionales trabajando para la Barrick.

Así asistimos a un ya clásico “recurso” delas industrias extractivas, las que para apropiarse de los territorios sometidos precisan también de una poco disimulada maniobra de apropiación epistémica, recurriendo sistemáticamente a la “sabiduría académica de expertos” fuertemente ligados por jugosos contratos a las propias empresas interesadas en “tener” el control de la “verdad” sobre los territorios.

La mercantilización de los bienes comunes de la naturaleza, va de la mano con la mercantilización del “conocimiento”. Para las mineras, la “verdad científica” es, ni más ni menos, una mercancía estratégica que pueden manipular a su antojo.

Profundización del clientelismo: creando municipios paralelos por donde canaliza la asistencia social acompañada de una grotesca y burda propaganda de actos de gobierno propios de proselitismo electoral cuando es obligación del gobierno asistir a los pobladores. Uso delos dineros del pueblo para entregar electrodomésticos, fardos de pasto y maíz a productores previo acurdo de manifestarse a favor del desarrollo minero en la provincia caso los Llanos riojanos, disciplinado ya callando la protesta

Judicialización de la protesta social: Los gobiernos malversan la representación política de su pueblo y usa la fuerza represiva del Estado contra su propio pueblo alzado en defensa de sus fuentes de agua y su suelo. Las judicializaciones hablan a las claras del entorno represivo que se ha instalado y que se va profundizando en un gobierno servil, a disposición de los grandes capitales mineros transnacionales, enfrentado contra su propio pueblo. La judicialización de compañeros con aplicación de cauciones caso Famatina 17 compañeros, Andalgalá imputados con pruebas en el facebook, etc. con gran agilidad de las causas penales cuando se trata de nosotros los pobladores de cada territorio, con el propósito de disciplinar y silenciar el reclamo de todos los pueblos, ignorándose la opinión y derechos de los pueblos. Todo vale cuando de profundizar el modelo extractivista se trata. Una vez más, el famoso artículo 194 del Código Penal puesto al servicio de las transnacionales que fagocitan el agua y el suelo, abriendo caminos al extractivismo a costa de la criminalización de su propio pueblo.

La instalación de un clima generalizado de (auto)censura, miedo socialy/o de resignación con auto inhibición de los derechos ciudadanos:

El nivel de expropiación al que como poblaciones de un territorio-objeto-de-saqueo nos vemos sometido es ya extremo: alcanza ya el más elemental plano de la institucionalidad formal y el de la legalidad. Lo que debería ser considerado como expresión de virtud cívica, necesaria en un estado democrático, (la activa participación ciudadana en la defensa de los intereses generales), se lo asimila lisa y llanamente a una figura delictiva. Hay, de hecho, un avance del derecho penal represivo sobre la órbita de los derechos humanos básicos. Los ciudadanos son considerados y tratados como delincuentes por el solo hecho de manifestarse, aún haciéndolo pacíficamente y en el más estricto respeto por la legalidad. Venimos asistiendo a la progresiva configuración e imposición de un nuevo régimen gubernamental de facto. Hay una nueva configuración de poder que rige en los territorios provinciales, estructurada a partir de la articulación funcional y operativa de autoridades electas y poderes fácticos, que se impone por encima del ordenamiento jurídico constitucional, disolviendo garantías y derechos básicos, licuando la división de poderes y de competencias jurisdiccionales, y que se sirve discrecionalmente de las instituciones y funciones del Estado con la única finalidad de viabilizar las operaciones de las grandes empresas mineras que actúan en las Provincias.

Para nosotros, quienes estamos en “territorios mineralizados” esto es TERRORISMO DE ESTADO

El terrorismo de Estado consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno orientados a inducir el miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos.

El terrorismo de Estado adquiere una o varias de las formas siguientes:

Uso de la coacción o persecución ilegítima, el secuestro, desapariciones forzosas, la tortura, el asesinato o ejecución extrajudicial.

Creación de organizaciones terroristas clandestinas, apoyo a las mismas.

Instrucción a las fuerzas de seguridad para que actúe de tal manera que cause terror en la población civil.

El terrorismo es el uso sistemático del terror, para coaccionar a sociedades o gobiernos.

El terrorismo, como táctica, es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de estado por el hecho de que en éste último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales.

La palabra “terrorismo” tiene fuertes connotaciones políticas y posee elevada carga emocional y esto dificulta consensuar una definición precisa.

Terror, (del latín terror, terroris) es el sentimiento de miedo en su escala máxima.

Pero sabemos que no ocurre solo en las provincias mineras, está ocurriendo hoy en todo el país y en Latinoamérica, Ejemplos en estas últimas semanas:

Lunes, 22 de abril de 2013

Derechos vulnerados en el Sur

Por Darío Aranda

Petroleras, mineras y estancieros avanzan sobre pueblos indígenas y lo realizan con la complicidad del Poder Judicial y político. Es una de las conclusiones del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), que analizó casos testigo de la vulneración de derechos humanos y cuantificó la criminalización en Neuquén: 347 mapuches judicializados por defender el territorio.

Desalojos, presiones inmobiliarias, intereses económicos y ausencia de un programa integral de vivienda en Córdoba

Córdoba, 20 de abril de 2013

Desde el Colectivo de Investigación “El llano en llamas”, denunciamos y repudiamos los procedimientos “irregulares” y el accionar absolutamente impune y violento de la Policía de la Provincia de Córdoba, ordenado, impulsado y amparado por el Poder Judicial, que tuvo lugar en diferentes lugares del territorio provincial en los últimos días.

Detenciones en Corrientes

21 de abril de 2013 12:57

Los pobladores del Iberá sufrieron la detención ilegal y arbitraria por más 10 horas en la comisaría número 20 de la Ciudad de Corrientes. Oficialmente nunca estuvimos detenidos, pero no nos podíamos ir, oficialmente no había denuncia alguna, pero hubo compañeros imputados vía Telefónica por el Juez Cochia. De manera preventiva el vehículo de uno los pobladores del iberá quedó secuestrado y su dueño también fue trasladado a la Jefatura Policial y fichado sin informase porqué delito o denuncia.

En el Día de la Tierra criminalizados por defenderla. Puerto Madryn, 21 de Abril de 2013 Foro Ambiental Social de la Patagonia – Puerto Madryn- El lunes 22 será la audiencia de apertura de investigación por las pintadas realizadas en la municipalidad y el concejo deliberante de Puerto Madryn. El poder político se empeña en criminalizar la protesta actuando de manera violenta para ignorar y silenciar nuestras demandas. Ellos quienes liberaron una zona para una emboscada violenta y agresiva. Fueron Ellos quienes bajaron línea para que no se investiguen los nombres de los integrantes de la UOCRA que nos golpearon el 27 de noviembre de 2012.

Jueves, 18 de abril de 2013 Procesado por “usurpar” su propia tierra, Félix Díaz de la comunidad qom procesado por la justicia de Formosa, feudo Gildo Insfrán, por ¡usurpación de su propio territorio!

Mujeres Wichí Golpeadas por patota

Formosa: Mujeres Wichí Golpeadas por patotaparapolicial del Intendente Cristino Mendoza al servicio de los Gobiernosgenocidas nacional argentino y provincial. Territorio del pueblo indígena Wichíde Comunidad Suell Yis de Ingeniero Juárez, Formosa, Argentina, madrugada del 20 de abril de 2013 –

Neuquén: violencia permanente contra el Pueblo Mapuche- Observatorio de DDHH de pueblos originarios

Abr 18th, 2013 Por Darío Aranda-

“Diez personas encapuchadas al estilo de la dictadura cívico-militar portando elementos contundentes y armas blancas amenazaron de muerte a hombres, mujeres y niños que se encontraban en la ruka (casa) comunitaria del Lof Felipin”, denunciaron las comunidades Cayupan, Paineo y Felipin, de Neuquén. Fue la última de una serie de amenazas que comenzaron en enero pasado, cuando se inició un conflicto territorial con un empresario. Las comunidades acusaron al gobernador Jorge Sapag y al Poder Judicial neuquino por “no actuar en concordancia con el ordenamiento jurídico” que protege los derechos indígenas.

Esta semana en Salta fue reprimida una comunidad, hay 15 Wichís heridos Y los Wichí que lograron escapar al freno de la Gendarmería para denunciar en Buenos Aires con un Congreso diciéndoles que los apoyaban, cuando no tienen ni garantizada su vida para poder regresar, y mientras tanto las mujeres que mantienen el corte en la Ruta nacional 81 en reclamo de agua, luz, acceso a la salud y educación para su comunidad han sido esta noche golpeadas por una patota para policial del Intendente, que son sicarios a sueldo, indocumentados que recluta en la frontera, tras que intentara desalojarlas la semana pasada la Gendarmería que parece que ya encontró quien haga el trabajo por ellos.

Jueves, 18 de Abril de 2013 Piden perpetua para petroleros de Las Heras- 6 trabajadores, son acusados de la muerte del policía Sayago, en base a declaraciones bajo tortura, luego de la pueblada del año 2006, en Santa Cruz, en medio de una gran lucha unitaria en la que participo todo el pueblo de Las Heras, poniendo en jaque el impuesto a las ganancias sobre el salario y la precarización laboral de las petroleras.

Con lo dicho compartimos nuestra mirada sobre los gobiernos progresistas que han profundizado el modelo extractivista violando los derechos humanos elementales con el solo propósito de favorecer el despojo de nuestros bienes comunes.

Paradójicamente, los gobiernos más auténticamente populares y potencialmente revolucionarios de Nuestra América, los que llegaron al poder con la sangre y la lucha de las entrañas de nuestro pueblo, los que conmocionaron al mundo con sus propuestas del Buen Vivir y la proclamación constitucional de los Derechos de la Madre Tierra, son hoy, los que más están haciendo a favor de vaciar de contenido, de deslegitimar y de desechar estas verdaderas proclamas del Buen Vivir, no la proclamamos como ‘urgencia política en nombre de ningún romanticismo ideológico-político, la reclamamos como necesidad en virtud del más prosaico imperativo de supervivencia… Porque es eso lo que está en juego… Para las ‘mentes’ educadas’ en la tan civilizada razón científica –esa, adiestrada en el arte de no sentir- esto puede sonar y de hecho así lo consideran, como un ‘discurso catastrofista’… Ciegos de la peor ceguera, los científicos modernos han sido educados y formados en el arte de conocer para dominar – no distinguen la experimentación de la tortura (como decía el viejo profeta germano-chileno Himkelammert)… Entonces afirman, ‘que no hay pruebas suficientes’ y mientras tanto, se dan la vuelta y se vuelven a sus laboratorios refinadamente patrocinados por las mismas corporaciones responsables del gran desquicio en el que estamos inmersos, a seguir jugando ‘ser dios’, jugando con la vida y en realidad, rindiendo culto al único dios imperial moderno….

El colonialismo es así violencia geológica; un suelo duro, endurecido, de múltiples capas de injusticias acumuladas. De dolor y muerte de los expropiados de humanidad. De territorios y cuerpos arrasados, violados, desangrados… De poderosos, dichos ‘dueños’ que compran con sus billetes la tierra, la vida y la impunidad… Que compran la ‘verdad’, la ‘justicia’ y la ‘libertad’… Que privatizan el agua y las simientes… Que quieren prolongar infinitamente la violencia inmemorial.

Saqueo que para el caso del plan sistemático de exterminio indígena apunta a los territorios a los que tiene derecho una parte de la población, que si logran que no existan más, podrán apropiar en su totalidad, y para lo cual el ultimo límite y escollo lo constituyen los luchadores indígenas, puesto que el respeto a la vida y a las leyes que los reconocen están dibujadas para los que se apropian del poder del Estado justamente con el fin de tener impunidad para violarlas

No podemos dejar de tomar conciencia sobre ello; ni podemos permitir que se siga avanzando en este rumbo. Pues la pasividad, la falta de reacción ciudadana, ya sea por temor, por resignación, por ‘cansancio’, ‘comodidad’, o por conveniencia, nos convierte literalmente cómplices del curso de los acontecimientos.

Agradezco al compañero Horacio Machado por compartir generosamente sus conocimientos y saber decirlos de manera sencilla y simple pa’ que lo podamos entender todos.

Fuente: Notas Miguel Mirra