La criminalización de la pobreza y la protesta social se profundiza y avanza sobre quienes defienden la soberanía nacional en los territorios objeto de despojo entregados al saqueo de latifundistas. Existe un plan sistemático y sistematizado para crear miedo, disciplinamiento e inhibición de la ciudadanía en la defensa de los derechos de protección de medio ambiente, de los bienes comunes, del agua, la tierra.