Argentina: nueva ley de semillas ¿en beneficio de empresas como Monsanto?

Éstas organizaciones denuncian que el objetivo oficial de “respetar la propiedad intelectual” no es más que profundizar la privatización de la biodiversidad y la criminalización de los productores que no compren a corporaciones como Monsanto, Nidera y Syngenta, entre otras.

En agosto, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yahuar, anunció que espera presentar el proyecto al Congreso antes de fin de año. Entonces señaló: “en los últimos tiempos se compraban semillas de tecnología que pasaban a ser propiedad exclusiva de los productores, y después esos campos generaron cantidades que excedían a la que necesitaban para una nueva resiembra, por lo que se produjo un comercio que no tiene prácticamente control. Lo lógico es que todo el desarrollo que hacen tanto el Estado como empresas privadas tengan un respaldo en el resguardo de esa propiedad intelectual”.

Para el investigador social Pablo Pellegrini de la Universidad Nacional de Quilmes, “recientes anuncios sobre la apertura de una planta de producción de semillas de Monsanto” y “una nueva soja transgénica”, asociados a la idea de modificar la ley de semillas, “fueron tomados por algunos como parte de un mismo proceso que favorecería a la multinacional”. Por el contrario, sostuvo que la nueva ley puede atraer más inversiones y ser una oportunidad para financiar un plan integral de desarrollos tecnológicos a cargo de organismos estatales como el INTA, INTI y universidades nacionales.

La ley 20.247 en cuestión data de 1973 con adecuaciones posteriores. La idea es que ahora los productores agrarios paguen regalías por las semillas mejoradas y acoten la resiembra para “uso propio” de modo de garantizar nuevas compras para cada temporada de siembra. La principal discusión que se da a puerta cerrada y en la que no participan organizaciones campesinas, indígenas ni socioambientales, gira en torno a cuánto de la cosecha se puede guardar para la resiembra, cuando se trata de un derecho milenario de todo cultivador y resulta fundamental sobre todo para la subsistencia de los pequeños productores.

En ese sentido, un proyecto de declaración de los diputados radicales Pablo Orsolini (Chaco) y Ulises Forte (La Pampa) pide al Ejecutivo nacional que cuide que la nueva ley “no avasalle el derecho al uso propio por parte de los pequeños y medianos productores agrícolas”. También hay un proyecto de ley de la Coalición Cívica que desde abril está en las Comisiones de Asuntos constitucionales, Agricultura y ganadería, y Presupuesto y hacienda.

Lectura de fondo. Las organizaciones Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), CLOC-Vía Campesina Argentina, GRAIN, Amigos de la Tierra y Acción por la Biodiversidad accedieron a un borrador del proyecto de fines de agosto al que calificaron como un intento de “subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales) y las transnacionales”.

En una declaración de “10 motivos para luchar contra el proyecto de ley” señalaron que la norma propuesta “sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas”.

En una charla en el hotel Bauen, realizada el martes, explicaron que al mencionar claramente el derecho de obtentor, toda especie vegetal nativa que tenga una mejora relativamente homogénea –no necesariamente un transgénico sino que puede ser a través de tecnologías más simples– “puede transformarse en propiedad de empresas nacionales o extranjeras”, de manera monopólica por 15 o 20 años.

Asimismo “ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura como es seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semillas libremente a partir de la cosecha anterior” y que constituyen “un derecho fundamental de los agricultores (…) reconocido por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO”. La nueva norma permitiría el decomiso de cultivos y cosechas de quienes no la cumplan.

El pedido ignorado. Las organizaciones firmantes solicitaron información a la Comisión Nacional de Semillas (CoNaSe) sin obtener respuesta, lo que “demuestra que no existe intención alguna de abrir las puertas al debate”, aclararon. “El proceso de negociación de la ley está viciado de secretismo y sectarismo entre Agricultura, el Congreso y las transnacionales”, sintetizó Carlos Vicente de GRAIN. Por eso agregó que “debería debatirse de manera participativa y abierta como se hizo con la Ley de Medios”.

Esa discusión debería ser profunda y romper con esquemas ideológicos “de la apropiación de la vida”, según exhortó la diputada de mandato cumplido Marta Maffei. Desde desmitificar que "las semillas de los campesinos no sirven porque son de bajo rendimiento" como se empezó a sostener en los años ’60 con la "Revolución verde" hasta reconocer y cambiar el hecho de que las escuelas agrarias y las universidades están esponsoreadas por las corporaciones agrícolas.

Frente a este panorama, las cinco organizaciones pidieron “no tocar la ley porque el poder de las transnacionales es muy fuerte”. Y resaltaron que lo que está en juego es la soberanía alimentaria, el conocimiento genético de las especies vegetales y una concepción del territorio donde "la vida empieza y termina con la semilla".

Fuente: ComAmbiental