Argentina: las estrategias mediáticas del “agronegocio”

La alarma fue disparada por el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe, que dio lugar al amparo presentado por pobladores de la ciudad de San Jorge, prohibiendo fumigar “en una distancia no menor a los ochocientos metros, para fumigaciones terrestres, y de mil quinientos metros, para fumigaciones aéreas, a contar dichas medidas desde el límite de la zona urbana (…), con ningún tipo de agroquímico”.

¿”Con ningún tipo de agroquímico”? El segundo diario de mayor circulación del país, La Nación, acudió rápidamente ante esta alarma y publicó el 27 de marzo pasado un editorial titulado "Un fallo contra la soja", en el que alega que la prohibición de emplear glifosato carece de base científica y perjudica a los productores. El editorial de La Nación se refería a este mismo fallo, por lo que surge la pregunta: ¿quién habló de glifosato?

En un documento difundido por la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) el 30 de marzo, con el título “La corporación sojera en los medios”, el ingeniero Claudio Lowy considera que “el editorial contiene muchas expresiones que faltan a la verdad, y no tiene en cuenta la insustentabilidad ambiental, social y económica del sistema transgénico de producción agraria”.

En la misma línea que La Nación se expresó Darse Cuenta, fundación costeada por la Asociación Argentina de Productores En Siembra Directa (AAPRESID) –integrada por empresas biotecnológicas y financieras- y por el Grupo Los Grobo, liderado por Gustavo Grobocopatel –el llamado “Rey de la Soja”- que saltaron al centro de la escena abogando por el “uso racional del glifosato”.

Así lo sostiene el artículo titulado “Salen en defensa del glifosato tras el revés judicial en Santa Fe”, publicado en Internet por el portal de negocios PuntoBiz, de las ciudad santafesina de Rosario, corazón de la exportación sojera argentina.

La pregunta del millón es: ¿por qué hablar de glifosato cuando el fallo impide las fumigaciones de agroquímicos en general, en una zona en particular?. Porque hablar de los agroquímicos en general cuestionaría el actual modelo agrario en su totalidad.

En Argentina se rocían anualmente más de 220 millones de litros de herbicidas, sólo para los cultivos de soja y maíz implantados, en algo más de 22 millones de hectáreas. Los herbicidas usados a mansalva se comercializan con distintos nombres, pero casi todos tienen la común particularidad que son formulados a base de glifosato. Esto es así, porque son el insumo básico para producir soja y maíz en siembra directa, en combinación con las semillas transgénicas resistentes al glifosato, aprobadas por la Comisión Nacional de Biotecnología (CONABIA).

Sin embargo, la cuestión no pasa por el glifosato. Si este se prohibiera, ya se encuentran en la “gatera” otros formulados y otras semillas transgénicas, como las resistentes a la “imidazolinona”, desarrollada por la EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria) –versión Brasileña del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) argentino-, en conjunto con la transnacional BASF, de origen alemán, entre otras.

El “combo biotecnológico” o la “tecnología insumo-dependiente” que adoptamos incluyen semillas transgénicas resistentes al glifosato, pesticidas y fertilización química. Por lo que un fallo judicial que habla de la prohibición de fumigar con “ningún tipo de agroquímico” impacta directamente sobre el modelo de producción de “commodities” de Argentina.

Al ordenar al gobierno de Santa Fe y a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que demuestren, en un lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud, ese fallo podría sentar jurisprudencia e influir sobre la región sojera en su conjunto, incluso tras las fronteras argentinas. Además, por primera vez se invierte la carga de la prueba, eximiendo a los pobladores de demostrar los daños padecidos a causa del modelo de producción del “agronegocio”.

Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio legislado en leyes internacionales y en la Ley Nacional Nº 25.675, denominada “Ley General del Ambiente”, que en su artículo 4º dice: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. Los iniciadores de la causa, pobladores que sufrieron trastornos en la salud por las fumigaciones, ya solicitaron que la medida se extienda a toda la provincia.

Según Lowy, “lo que el fallo de la Cámara dice es que hay numerosas investigaciones independientes que asocian a los agroquímicos a daños y riesgos a la salud, y que antes de seguir fumigando hay que demostrar que no producen esos daños”; además que “el glifosato no se fumiga como tal, sino en formulados que lo combinan con otras sustancias que potencian su toxicidad. Por lo que las categorizaciones toxicológicas del glifosato no tienen sentido”.

En su crítica al editorial del matutino La Nación, Lowy señala que éste miente cuando dice que un Consejo de Expertos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la Argentina hizo saber que el herbicida no acarrea riesgos para la salud humana. El trabajo al que hace referencia este comentario, termina sus conclusiones diciendo: “Aunque existen estudios para evaluar los impactos del glifosato en las especies no blanco, la mayoría de ellos no considera importantes aspectos ecológicos. Entre ellos, los impactos indirectos, los acumulativos, los de largo plazo, ni las reacciones sinérgicas que el agroquímico puede tener en el ecosistema y en las redes tróficas. En Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana, por lo cual sería importante promover la realización de los estudios pertinentes”.

Por su parte, AAPRESID ha defendido el uso del herbicida con base en dictámenes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que clasificó al glifosato dentro de la categoría de Menor Riesgo Toxicológico (IV), y de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA), que la pondera como grupo “E”, o sea que en él no se detectan evidencias de efecto carcinogénico en humanos.

Sin embargo, esos criterios son criticados por la bióloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Lilian Joensen, quien sostiene que estas clasificaciones “no están basadas en estudios propios o de grupos independientes de las empresas interesadas, sino que se trata de revisiones de estudios no publicados hechos por las empresas mismas”, según consta en el fallo de la Cámara.

No son los únicos testimonios científicos en torno de los peligros que encierra el uso de agroquímicos. El fallo de la Cámara también señala las investigaciones de Argelia Lenardón (UNL-CONICET), que analizó la presencia de agroquímicos organoclorados en leche materna; Amalia Dellamea (UBA), que detectó plaguicidas en productos lácteos; Alejandro Oliva (Hospital Italiano de Rosario), que estudió los impactos en las funciones reproductivas; Jorge Kaczewer (UBA), que recopiló trabajos sobre el tema; y Andrés Carrasco (UBA-CONICET), que en 2009 descubrió malformación en embriones anfibios, lo que le valió un duro ataque de las cámaras patronales sojeras y del propio ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina, Lino Barañao, que restó autoridad a su trabajo.

No es la primera vez que se habla de esto. Desde el año 2005 y hasta la actualidad, el Grupo de Refexión Rural (GRR) lleva adelante la Campaña Paren de Fumigar, que trataba de responder a los graves problemas de salud y contaminación, que se expresaban como resultado de las aplicaciones de “agrotóxicos” que acompañaban el proceso de sojización.

Aquél año se conoció a las llamadas Madres de Ituzaingó, barrio de la ciudad argentina de provincia de Córdoba. A través de ellas se pudo verificar la profundidad y la gravedad de la amenaza que se cernía sobre los pueblos rurales y sobre las periferias de las grandes ciudades, cada vez más asediadas por los monocultivos transgénicos.

Tal como lo expresara reiteradamente en sus informes, el GRR halló en sus recorridos una lacerada sojización que excedió con creces todo cuanto de peor se podía imaginar. Los datos aportados, los testimonios médicos y el anecdotario interminable de muertes, de enfermedades terminales y deformaciones, demostraron estar en presencia de un genocidio naturalizado e invisibilizado por los grandes medios de comunicación al servicio de las empresas, las grandes ONGs cooptadas por las fuentes de financiación y una clase política que adhería a un renovado modelo de país agroexportador, que incluía los monocultivos, los nuevos rindes en la agricultura industrial y los record de cosechas, como parámetros indiscutibles de modernización y crecimiento.

En los últimos meses del año 2009, la Campaña Paren de Fumigar alcanzó su pico de mayor presencia y movilización con un encuentro en conjunto con la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), realizado en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. El país entero se vio obligado a reconocer el modelo basado en la exportación de “commodities” y de minerales, que tiene su salida por el puerto de esa ciudad.

Sin embargo, el GRR alerta que si la estrategia mediática del “agronegocio” pretende reducir la lucha de los pueblos fumigados a denunciar el glifosato o a discutir tan solo la cantidad de metros que distarían los campos de soja de la última calle de los pueblos, esos intentos serían sencillamente miserables. Se estarían malversando años de lucha y se traicionarían las mejores esperanzas de un cambio profundo del modelo agrícola argentino, mediante falsos presupuestos ecologistas.

Modificar el “Paren de Fumigar” por un nuevo “paren de fumigarnos”, tal como están haciendo algunos sectores, más allá de la candidez y de las buenas intenciones de muchas de las víctimas, suena como expresión de renuncia a una lucha de conjunto.

ra.moc.rusocremasnerp@aznelgf

Fuente: Agencia Periodística del Mercosur