Argentina: la minería que amenaza a Calingasta

Cuando el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, anunció prospecciones mineras en el cerro Mercedario, un coro de voces unificó el reclamo generalizado de la provincia, defendiendo el emblemático pico de los andinistas. Algunos quisieron ver en esta medida del ejecutivo provincial, la decisión del intendente de Calingasta, José Adolfo Ibazeta, de sancionar la ordenanza del Concejo Deliberante que propone un plebiscito sobre la minería a tajo abierto y el uso de cianuro y otros compuestos químicos. Pero lo cierto es que el intendente ya había considerado consultar a su pueblo mucho antes, sabiendo que, cualquiera fuese el resultado, "no sería vinculante".

Un fugaz repaso por el mapa de la región cuyana nos permite ver el recorrido de cuatro brazos de agua que escurren para formar el río San Juan, proveedor principal de la capital de la provincia después de aportar a numerosos cauces para regadío y consumo de la población: Pachón, Santa Cruz, Blanco y Los Patos. Debajo de las nacientes, desarrollan sus actividades agropecuarias y turísticas Barreal y Tamberías que, con villa Calingasta y otros pueblos menores, conforman el departamento de Calingasta, en la base del macizo cordillerano. Es precisamente donde tiene su origen el agua de la vasta cuenca y el sitio de uno de los mayores complejos mineros de cobre, molibdeno, oro y plata, conocido con el nombre de El Pachón, destinado a ser pulverizado con el método extractivo de volar y reducir montañas con explosivos, "a tajo abierto", con lixiviación de cianuro, ácido sulfúrico y un cóctel de compuestos químicos que consume enormes volúmenes de agua. La historia de este modelo de minería revela daños incalculables, desde lesiones temporales en las zonas donde se lleva a cabo, hasta pérdidas irreparables en economías regionales, vidas humanas y ecosistemas destruidos, con toda su cadena trófica alterada, cuando no eliminada.

Frente a tal panorama, Calingasta propone un plebiscito, por ahora prohibido por el gobernador de la provincia y jueces del Tribunal Electoral, secuaces de las multinacionales que sostienen que el municipio "no tiene potestad para plebiscitar la minería aunque si puede hacerlo sobre otros temas menores".

Uno de los principales interesados en adquirir El Pachón es Antofagasta Minerals, la empresa minera del grupo Luksic, que controla Los Pelambres, Michilla y El Tesoro, en la cordillera chilena. Es, en nuestra opinión, la única que puede concretar la explotación de El Pachón utilizando para ello el Tratado Minero de Implementación Conjunta Argentino Chileno, porque podría eludir la letra chica del acuerdo binacional y usar los permisos de servidumbre de Los Pelambres y, de este modo, el mismo mineroducto hasta el puerto de Los Vilos, sobre el Pacífico, para embarcar el concentrado de cobre.

Los Pelambres es la actual explotación minera de Andrónico Luksic, del lado chileno, pegada a los yacimientos argentinos de El Pachón. Al acaudalado empresario chileno no le se le escapa privatización alguna ni área minera donde realizar cateos; sus tentáculos abrazan al Hongkong and Shanghai Bank, banco lavadero de los mercados del opio. No sería de extrañar el interés de Antofagasta Minerals por adquirir estos yacimientos, porque toda la infraestructura técnica y legal de Los Pelambres le permitiría explotar los minerales del lado argentino mejor que a cualquier otra transnacional de la minería. En uno de los artículos del tratado se menciona que "las servidumbres son transitorias y sólo podrán utilizarse para los fines que fueron solicitadas", esto es, el mineroducto pasa por cientos de propiedades que deberán otorgar el permiso de circulación, pero el funcionamiento pirata del que se valen estas empresas, corrupción mediante, les permitiría incorporar los minerales que obtengan de El Pachón al sistema que ya utiliza Los Pelambres, sin necesidad de requerir permisos nuevos de servidumbre de dudosa o difícil concesión. El tratado binacional argentino chileno crea un tercer país que usufructúan las multinacionales. La legislación de cada país se somete al tratado internacional al que van incorporando anexos y protocolos adicionales que le otorga mayores derechos, merced a gobernantes inescrupulosos y a presiones del exterior, a pesar de que fuertes grupos de oposición en Chile declaran anticonstitucional el convenio binacional con Argentina.

Uno de los primeros propietarios de El Pachón fue "Minera Aguilar" (National Leat), la misma de Jujuy. Después perteneció a "Pachón S.A. Minera", empresa que diseña el proyecto El Pachón. Pero fue el siguiente propietario, la canadiense Cambior, asociada a la boliviana San José, quien termina la factibilidad del proyecto.

Hubo varias ofertas por El Pachón hasta que Noranda, también canadiense, decide hacerse cargo y ejecutar la explotación de casi 882 millones de toneladas de mineral con una ley promedio de cobre de 0,62 y una media de molibdeno de 0,015. Produciría 100.000 toneladas diarias de mineral durante 25 años y el concentrado de cobre y molibdeno debería ser embarcado en el puerto chileno de Los Vilos, actual destino final del mineroducto de Los Pelambres, del grupo Luksic, como ya dijimos. He aquí como todo cierra, pero Noranda, por distintas razones temporales que incluyeron los vaivenes en la cotización internacional del mineral, no llevó a cabo la explotación y hoy es un rumor generalizado en San Juan que las acciones de la canadiense fueron adquiridas por los empresarios chinos durante su última visita a la provincia cuyana.

A pesar de esta información, creemos que el consorcio chileno estaría en mejores condiciones para explotar El Pachón, al dominar los vericuetos legales del tratado de implementación conjunta argentino chileno, que fue pergeñado con esa finalidad por las transnacionales mineras y el presidente de la nación norteamericana como agente mercantil y parte interesada: Andrónico Luksic también formó parte del grupo de asesores de Barrick Gold Corporatión.

Con estos intrigantes intereses en juego, el gobernador sanjuanino José Luis Gioja, insiste en negociar la salida bioceánica por Agua Negra, hacía el Pacífico, con el gobierno de la República Popular de China, a pesar de que los asiáticos demoran la decisión de construir el túnel y aceptar el canje ofrecido que, como adelantamos, consistiría en la explotación minera de El Pachón.

Los Gioja negocian el verbo gobernar

La familia Gioja se encandila con los negocios que propone la minería internacional y todos sus integrantes tienen fuertes compromisos con las empresas del sector. César Gioja, candidato a senador y jefe de asesores de su hermano en el gobierno provincial, produjo ríspidos comentarios por una radio de Buenos Aires al sostener que "nos tenemos que dedicar a explotar los minerales porque cada vez escasea más el agua y no la tendremos para la agricultura". Semejante reflexión pretende hacernos creer que debemos explotar la minería ante la ulterior escasez del vital elemento. Precisamente es la minería química a tajo abierto la que utiliza mayor cantidad de agua que la agricultura, además de destruir la fábrica que la origina en la cima de la Cordillera de los Andes y demoler cuanto glaciar se ponga en su camino. Estos son los barbarismos a que nos tiene acostumbrado esta familia que viene sembrando parientes en cargos políticos relevantes.

César Gioja es además propietario de la empresa minera Bentonitas Santa Gema. En su página Web puede leerse: "con satisfacción decimos que somos proveedores de empresas líderes con actividades tan diversas como Unilever (jabones), Techint (construcciones civiles) y Barrick Gold Argentina (lodos de perforación)".

Como se advierte, la legislación de ética pública continúa durmiendo en las cuentas bancarias de la corrupción a cara descubierta.

Otro hermano, Juan Carlos, es diputado y miembro de la comisión de minería de la Cámara de Diputados de la Nación. Luego siguen parientes en cargos públicos, que resulta tedioso enumerar.

Los intereses mineros de estos testaferros no son nuevos. En ocasión de discutirse la contaminación de la mina catamarqueña Bajo La Alumbrera, en el tercer piso de la Cámara de Diputados de la Nación, comisión de minería presidida por el puntano y ex presidente nacional de corto y fulminante final, Rodríguez Saa, los derrames tóxicos pasaron a planos secundarios. El debate, de muy bajo nivel, concluyó con la defensa de las corporaciones mineras, poniendo en tela de juicio la magnitud de los vertidos y drenajes ácidos que la mina en cuestión le ocasiona en estos momentos a tres estados provinciales, con las consabidas demandas y reparaciones: Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. Aquí, como ocurrió con la chilena Los Pelambres, también se rompió el mineroducto escurriendo el letal contenido hacia cursos de agua con impredecibles consecuencias y juicios penales de las provincias norteñas involucradas. En "Bajo la Alumbrera", además, se hundió el dique de colas y una planta de retrobombeo, instalada con urgencia, intenta subsanar los daños, inútilmente.

¿Será este el destino que le espera a Calingasta?

Por lo pronto, el pueblo se apresta a defender, el 3 de julio próximo, el manoseado desarrollo sostenible y la calidad de vida que no pueden ofrecer las multinacionales de la minería química.

Javier Rodríguez Pardo, Calingasta, San Juan 16 de junio de 2005

EL PLEBISCITO DEL 3 DE JULIO EN CALINGASTA

Es posible que el 3 de julio próximo no haya urnas dispuestas para la consulta popular de Calingasta sobre la minería a tajo abierto y el uso de cianuro y otros compuestos químicos. Es probable que el Tribunal Electoral no desee expedirse a tiempo, o tal vez nunca lo haga, sobre el recurso que presentó el municipio exigiendo que se respete la ordenanza del Concejo Deliberante que, sancionada por el intendente, legitima el plebiscito no vinculante conforme a las determinaciones de la Constitución Nacional sobre la autonomía municipal (artículo 123). El gobierno de San Juan avasalla la libertad de la comuna calingastina ignorando la constitución de la provincia -dominio de los recursos naturales (artículo 113)- y lo establecido en la sección novena, capítulo II sobre atribuciones y deberes del régimen municipal: "Son atribuciones comunes a todos los municipios con arreglo a los principios de sus Cartas y Ley Orgánica, convocar a elecciones" (inciso 1º) y "Utilizar la consulta popular cuando lo estime necesario. Una ley establece las condiciones en que se ejercen los derechos de iniciativa y revocatoria" (inciso 11º).

Cualquiera sea la situación a la que se arribe ese día, el pueblo de Calingasta aportará las firmas suficientes reclamando que el plebiscito se respete. Sus habitantes rubricarán tal exigencia en planillas debidamente autenticadas por notarios del Colegio de Escribanos de San Juan, y serán las autoridades municipales, apoyadas por el pueblo auto convocado, que se reúne y sesiona en asambleas, quienes las presenten en la legislatura provincial exigiendo la ley que autorice, una vez más, la consulta popular.

Todo esto ocurrirá el domingo 3 de julio próximo en los pueblos de Barreal, Tamberías y Villa Calingasta. Sus habitantes habrán de manifestarse frente a la municipalidad y en las respectivas delegaciones en una acción clara y contundente en torno a una lucha de poderes entre municipio y provincia, con intereses distintos, diferenciados por un gobernador claramente hostil al pueblo que dice representar, pero que no permite que se exprese.

Extorsión y delaciones

Mientras el pueblo de Barreal se movilizaba por sus calles con banderas argentinas, carteles contra la contaminación minera y los infaltables bombos y redoblantes, un fotógrafo que dijo pertenecer a gendarmería registró los rostros de empleados estatales, docentes y alumnos, que acompañaban la marcha. El resultado no tardó en aparecer y cada vez son más las denuncias de amenazas que reciben trabajadores vinculados con la función pública. En todos los casos, se los extorsiona con expulsiones y cesantías laborales y, en cuanto a los estudiantes de Barreal, algunas autoridades escolares les comunicaron, descaradamente, las dificultades que tendrán para cursar materias si continúan movilizándose. Nadie duda del origen de los vergonzosos procedimientos intimidatorios porque los denigrantes "consejos" los recibieron precisamente quienes participaron de aquella protesta.

La democracia no es para todos

Grupos de auto convocados calingastinos formaron su propia comisión para difundir la propuesta contra la mega minería química y el impacto perjudicial del método extractivo a tajo abierto con compuestos como el cianuro y el ácido sulfúrico, además de otros productos usados en la sopa química para lixiviar los metales. La feliz idea, acompañada por videos didácticos, no tuvo en cuenta que los directores de algunos establecimientos educacionales, rechazarían los permisos solicitando charlas informativas, pero sólo los que provenían del sector que se opone a estos emprendimientos mineros, la contraparte actúa con total libertad. La intención de los asambleístas fracasó en el colegio secundario Jesús de la Buena Esperanza, la escuela primaria Nuestra Señora de las Nieves, la escuela provincial Saturnino Araoz y el Colegio Secundario Barreal, entre otros.

También detuvieron a un compañero

El 23 del corriente, cerca del mediodía, en el distrito Barreal, departamento de Calingasta, el oficial ayudante Gabriel Nicolás Oropel, de la policía de San Juan, detiene a David William Modersbach, ambientalista norteamericano, por una contravención inexistente. En realidad, el policía actuó por indicación de José Manuel Gallego, cerrajero, militante del partido justicialista, puntero político del gobernador Gioja, que adujo sentirse ofendido por la difusión de volantes contra la minería.

David terminó en la comisaría 33 de Barreal donde el subcomisario Jacinto José Ortiz le notificó la falta. Lo acompañaban otros dos jóvenes norteamericanos, Renate Lunn, abogada, y Josh Lerner, arquitecto. Los tres, con residencia temporal en Rosario, cursan distintas maestrías y convivieron con nosotros en Tamberías; hasta aquí llegaron por sus propios medios y aún mantienen el deseo de acompañar a nuestros pueblos en la desigual lucha.

David Modersbach fue detenido por repartir volantes de manera llamativa, caracterizado de accionista de Barrick Gold, entregaba piedritas doradas con la leyenda "maldito oro", entre otras ironías que divertían a los curiosos. Los tres juglares convocaban a la gente que festejaba la ocurrente manera de difundir sus ideas, utilizando adrede las dificultades para comunicarse debido a la mezcolanza del idioma: "yo soy un acaudalado minero que vengo a repartir unos pocos dólares a falta de espejitos de colores". Por lo visto, no todos soportaron la fantasía propuesta por los globalizados arlequines disfrazados de "billonarios de USA", credencial que cubría gran parte de su indumentaria y anunciaba además el mensaje.

Es frecuente en estos días, caminar por Calingasta mirando de reojo un auto sin patente a la vista, que circula a nuestro mismo ritmo a modo intimidatorio. De igual modo, los teléfonos del municipio, no son usados por los funcionarios en comunicaciones de trascendencia porque significa compartir las conversaciones con escuchas no recomendables. La imagen representada es la de otra época pero que retorna sin querer a nuestra retina interior. Tampoco sorprende que algún puntero giojista salga a nuestro encuentro y nos increpe de manera prepotente, o surjan varios de repente en algunas de nuestras charlas con los vecinos, para tildarnos de terroristas ecológicos. Sabemos también que algunos ex compañeros sanjuaninos, aceptaron dinero después de frecuentar conocidos despachos del gobierno provincial y hoy están más preocupados generando difamaciones. Digamos también que aún no actúa la mafia minera en todo su esplendor, dedicada a sembrar el terror en otras latitudes mientras acuña el oro o el coltan.

Duele pensar que estos hechos sucedan en tiempos de la democracia y que las leyes sólo sirvan para no ser cumplidas permitiendo la impunidad de gobernantes corruptos que utilizan la misma secuencia represiva que los dictadores de gobiernos de facto.

Atribuciones, deberes y prohibiciones son digitadas con la omnipotencia del gobernante de turno, elegido por el pueblo para servir al pueblo, aunque cueste creerlo. Los casos de David y de los compañeros que recorren las escuelas y se les impiden debatir o discutir los problemas, como el plebiscito negado, temas propios de la comunidad en su conjunto, producen tanta vergüenza que supera en perplejidad al mismo hecho que se cuestiona, es decir, la entrega de los recursos naturales, la contaminación de los ecosistemas, la bioregión y su economía amenazada por el depredador minero. Los hechos que describimos aquí reflejan un aspecto de la democracia que vivimos, de las leyes que tenemos y de la gran tarea que nos espera por delante. A los sanjuaninos en particular les cabe hacer respetar la constitución de su provincia cuando en su preámbulo anuncia que protege el disenso y el pluralismo y que está dispuesta a rechazar toda forma de autoritarismo en un marco de libertad, igualdad, bienestar general y pleno respeto por la familia y los derechos humanos, entre otras dignísimas consideraciones que, a la hora de aplicarse, son puros conceptos, lejanos e inalcanzables.

Javier Rodríguez Pardo, Calingasta, San Juan, 23 de junio de 2005
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Fuente. Indymedia Argentina