Argentina: imputan a familas del MOCASE por defender la tierra
Marche preso el campesino y sus bienes naturales. El 2 de febrero, el juez de 5° Nominación, Juan Jorge, ordenó a la policía el allanamiento de las tierras comunitarias, donde detuvieron a cuatro campesinos del MOCASE-VC, uno de ellos de más de 70 años. Hoy ya se encuentran liberados, pero con dos causas judiciales abiertas y la tensión en el territorio
Boletín Quincenal Nº59- En un conflicto que lleva más de diez años, numerosas familias de la comunidad campesina de Laguna Baya, en el Departamento Ibarra (zona limítrofe entre Santiago del Estero, Santa Fe y Chaco) defienden sus tierras ancestrales. Desde noviembre de 2006 resisten los intentos de usurpación de su campo comunitario por parte del terrateniente Diego Putignano y de su empleado Oscar Eduardo Albarracín. A pesar de las denuncias por el accionar de parapoliciales y por las amenazas constantes, la justicia provincial sólo tomó en cuenta las denuncias de los que tienen el poder.
El 2 de febrero, el juez de 5° Nominación, Juan Jorge, ordenó a la policía el allanamiento de las tierras comunitarias, donde detuvieron a cuatro campesinos del MOCASE-VC, uno de ellos de más de 70 años. Hoy ya se encuentran liberados, pero con dos causas judiciales abiertas y la tensión en el territorio.
No ha cambiado nada. A pesar de los discursos de campaña, para las comunidades campesinas los reclamos siguen siendo los mismos. Así lo explicó Angel Strappazzón, integrante del MOCASE-VC: “Mientras la provincia sigue haciendo mesas de concertación y diálogo, afirmando que las cosas cambiaron y que estamos mejor que con la intervención, la realidad es que los que van presos siguen siendo los campesinos, las topadoras siguen sacando bosques y los que las paramos sufrimos disparos, detenciones y amenazas”.
Hace diez años, Diego Putignano engañó a cinco campesinos de la zona y les hizo firmar un documento por el que supuestamente reconocían al terrateniente como su dueño y recibían parte de la tierra en comodato hasta su muerte. Si bien el documento no tiene validez legal, con los años, y conociendo sus derechos en relación a la tierra, las familias de esta comunidad campesina se organizaron para defender sus campos.
A fines de 2006 Putignano contrató un grupo de paramilitares, encabezado por Ricardo Herrera, conocido por dirigir grupos contra las comunidades, que cortaron el camino vecinal y dispararon a quienes se encontraban allí. Los campesinos presentaron denuncias reclamando que les restituyeran sus tierras, pero cayeron en saco roto. Así decidieron ejercer sus derechos y expulsaron a los paramilitares, instalando dos carpas negras de resistencia custodiadas por las familias organizadas.
Menos de un mes después el juez Jorge, el mismo que actuó en esta oportunidad, ordenó la detención de seis campesinos acusados de daños a la propiedad privada. Con el envío de más paramilitares, el empleado de Putignano, el Ing. Oscar Eduardo Albarracín intentó ingresar a las tierras con un equipo un equipo de siembra de soja transgénica. Las familias lo impidieron y Albarracín presentó una denuncia por amenazas y privación ilegítima de la libertad. La policía detuvo Alejandro Rubén Guzmán, Mario Fernández, María Rosa Bazán y a Adolfo Mena, de 72 años de edad, al que tuvieron que llevar directamente al hospital. Si bien hoy liberaron a todos, hay muchos campesinos que ya tienen causas abiertas y los expedientes van a seguir su curso.
La situación hoy en Laguna Baya es complicada. Putignano afirma tener alrededor de nueve mil hectáreas y las comunidades campesinas defienden el derecho de sus tierras ancestrales que es alrededor de 1200. Hoy, en el campo se encuentran las comunidades en sus casas con sus animales de pastoreo y, bien próximo a ellos, se encuentran cuarenta paramilitares en continua presión, que además muchas veces matan los animales de las familias campesinas.
“Hay una facha de orden y tranquilidad, garantizada por el silencio de los principales medios de Santiago del Estero, por los periódicos, el Liberal y Nuevo Diario, les pagan mucha plata para no decir nada”, afirmó Angel y aseguró que seguirán exigiendo que termine la criminalización de la lucha campesina y pidiendo el reconocimiento a los derechos como comunidades campesinas indígenas y a una producción sana y sustentable.
Mientras se multiplican los desalojos y el desmonte en el interior del país, Angel Strappazzón denuncia la fachada de protesta y el show que genera la reunión del gobierno nacional con los entidades del agro, como la Sociedad Rural. "La oligarquía ganadera y sojera nunca ganó tanta plata como con el kichnerismo. Y sin embargo, aparecen como el conflicto actual en el campo y terminan siendo una cortina de humo para el tratamiento de la ley de bosques, para el problema de las minas y de los ordenamientos territoriales. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir resistiendo en nuestros territorios, con nuestros derechos y nuestra organización", aseguró.
Fuente: Prensa de Frente