Argentina: familias yerbateras al borde de la expulsión

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), con jurisdicción nacional, también es denunciado por su inacción.

Por gro.derna@noiccader

El siguiente es un análisis del tema enviado por el Movimiento Agrario de Misiones:

El mate es la bebida más consumida en Argentina, supera al agua mineral, cerveza, vino y gaseosas. El 20 % de la producción corresponde al pequeño productor familiar, un mercado que mueve mas de 600 millones de dólares.

La yerba mate fue históricamente el principal cultivo de la provincia de Misiones. Hay 18 mil plantaciones de yerba, el 81% menores a las 10 ha. 10 mil familias de pequeños productores tienen menos de 6 ha, con bajos rendimientos por hectárea porque no tienen posibilidades de invertir para renovarlas. Los grandes productores están "integrados" y tienen sus propios secaderos, e incluso su propio molino; los más chicos deben pagar para recibir este servicio o, lo que es más frecuente, deben vender la "yerba verde", ya que no cuentan con capital para pagar el proceso de secado.

Los bajos precios pagados durante los 90 provocaron múltiples protestas, que forzaron la acción del gobierno. La ley 25564 (Boletín Oficial el 15 de marzo del 2002) crea el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) como ente de derecho público no estatal, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Entre sus funciones esta Ley establece, "implementar mecanismo de apoyo y estímulos a los productores elaboradores industrializadores y comercializadores radicados en el País". Y también "acordar semestralmente entre los distintos sectores participantes del INYM el precio de la materia prima".

El INYM se financia con lo recaudado por la venta de 303 millones de estampillas que abonan los tomadores de mate, aproximadamente 8 millones de pesos anuales.

Desde que se promulgó la Ley, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), denuncia que, tal como están planteadas las cosas y demostraba la historia de la yerba mate, el INYM no tiene poder real parea hacer cumplir la Ley, ya que todo ente regulador necesita contar con poder de compra para sostener el precio fijado. Cuando el precio cae por exceso de oferta, el ente debería poder comprar para mantenerlo o elevarlo, pero al no poder hacerlo, el cumplimiento del precio pasa a ser solamente la expresión de un deseo y el Instituto sólo un ente de inspección, sin poder real de regulación. Los hechos se encargaron de demostrarlo.

El directorio del INYM, integrado por 12 miembros de los cuales 9 representan al sector privado, en su reunión del 12 de julio pasado, tomó la decisión de no multar a los empresarios que no pagaron los valores oficiales establecidos para la producción primaria, argumentando que éstos habrían actuado obligados por cuestiones de fuerza mayor, impuestas por el mercado. Según explicó Ricardo Maciel, director del INYM, "más de la mitad del directorio, algunos de ellos representantes de los secaderos e incluso de los productores se mostraron contrarios a que el INYM aplique multas por considerar que no resultaría apropiado castigar a los empresarios que no pagaron los valores oficiales,".

Este modelo, impuesto por las empresas yerbateras que manejan el mercado, deja nuevamente en evidencia que el precio al productor es la "variable de ajuste" para poder seguir manteniendo las ganancias de unos pocos. Esta lamentable determinación del INYM y la insuficiencia de los instrumentos legales con que se cuenta, pone en serio riesgo la continuidad en las chacras e incluso la alimentación básica de más de 10 mil familias de pequeños productores, contribuyendo a la pérdida de sus tierras, a despoblar el campo y aumentar la injusticia económica y social.

Contacto: ra.moc.ujyartit@etamabrey

Fuente: ANRED