Argentina: el diagnóstico para los pueblos fumigados

En medicina, el pronóstico es la predicción de sucesos que ocurrirán en el desarrollo de una enfermedad. Éste se realiza en términos estadísticos, a través de un conjunto de datos que se obtienen de estudios de casos. A partir de estos datos se llega a un pronóstico, que el médico relaciona en vista a la sintomatología que padece una persona en particular. Teniendo en cuenta este pronóstico, establece un tipo de tratamiento.

Un pronóstico se puede expresar de forma cuantitativa o cualitativa. Con respecto a la primera, se utilizan porcentajes y tasas de supervivencia o mortalidad. Con respecto a la segunda, son comunes los términos "buen, mal pronóstico o intermedio", o "leve, moderado o grave". El término "pronóstico reservado" es un "pronóstico incierto" o desconocido, que puede hacer sospechar lo peor.

En ese sentido, médicos preocupados por la salud de “pueblos fumigados” en la Argentina, junto a otros científicos, investigadores y académicos reunidos en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), diagnosticaron con “pronóstico reservado” un caso que va más allá más allá del padecimiento de una persona en particular: “Es muy importante la agresión a la salud en las poblaciones de localidades sometidas a fumigaciones constantes en la Argentina, situación que se agrava día a día, detectándose con mucha mayor frecuencia, enfermedades severas como cánceres, abortos espontáneos, trastornos de la fertilidad y nacimientos con malformaciones congénitas”.

El pronóstico fue divulgado durante el Iº Congreso Latinoamericano de Salud Socio Ambiental y IIº Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, realizado el 30 de abril de 2011. Los profesionales de la salud revelaron que la situación en el país “se agrava día a día”.
En distintos paneles y talleres se analizaron los impactos en la salud que generan las prácticas productivas desarrolladas en nuestros países que afectan seriamente el ambiente y consecuentemente la salud y la vida de las personas que viven en estas regiones.

Los efectos de los agrotóxicos usados en la producción agroindustrial en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia fue el tema de principal preocupación del evento. Este reunió a más de 350 profesionales, académicos, estudiantes y ciudadanos de diez provincias argentinas, cuatro universidades públicas nacionales y de países como Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia.

Nuevamente, una facultad de medicina de una universidad pública argentina analiza el daño a la salud que generan los plaguicidas usados en las zonas rurales. El antecedente es el primer encuentro, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) realizado en agosto de 2010.

En esta nueva oportunidad, los médicos sumaron más datos de nuevos casos de malformaciones congénitas y cáncer en pueblos y regiones de las provincias de Chaco, Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Misiones y Buenos Aires; y manifestaron suma preocupación por la irresponsabilidad del uso continuo de herbicidas en base a glifosato para fumigar vías férreas en lugares densamente poblados del Gran Buenos Aires.

Se presentaron evidencias y nuevos descubrimientos acerca de cómo estos venenos generan enfermedades en los humanos, y se volvió a reclamar por la implementación de resguardos públicos para evitar o disminuir esta contaminación. Las medidas reclamadas son la prohibición de fumigaciones aéreas, el alejamiento de las terrestres respecto de los pueblos y la reclasificación de los agrotóxicos con criterios sanitarios.

Los aportes más destacados fueron realizados por el Dr. Oscar Scremin, profesor de la Universidad de California (UCLA, Los Ángeles), quien desarrolló los mecanismos de acción tóxica del endosulfán –recientemente prohibido por el Convenio de Estocolmo- y el glifosato. Respecto a este último, destacó los recientes trabajos que se pudieron comprobar, en suicidas asiáticos, en los que 200 mililitros (un vaso) de “Roundup” –marca con la que comercializa el glifosato la empresa Monsanto- es más que suficiente para matar a una persona.

El coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados de la UNC, Dr. Medardo Ávila Vázquez, subrayó las revisiones sistemáticas de los datos científicos que confirman, sin lugar a dudas, los efectos mortíferos de la exposición a pesticidas.

Por su parte, el Dr. Alejandro Oliva, quien investigó en el sur de la provincia de Santa Fe el impacto de los agrotóxicos en la salud, mostró cómo esta exposición disminuye las capacidades sexuales y reproductivas en las personas de sexo masculino en edad fértil, datos que fueron publicados en revistas científicas internacionales.

Desde su primer encuentro en la Facultad de Medicina de la UNR, y en razón del actual proceso electoral en Argentina, los médicos reclaman a los candidatos a presidentes y a gobernadores de las provincias sojeras que expresen públicamente qué medidas van a tomar para defender el derecho a la salud de los pueblos fumigados, o si va a seguir prevaleciendo los intereses de los pooles de siembra y grandes empresas de biotecnología y comercio exterior.

La declaración del IIº Encuentro de Pueblos Fumigados expresa que distintos trastornos, como respiratorios, endócrinos, neurológicos, hematológicos y psíquicos, son mucho más frecuentes en las poblaciones sistemáticamente fumigadas como consecuencia del actual modelo de producción agroindustrial. Afirma también que la utilización de plaguicidas no deja de aumentar año a año -con un crecimiento del 74 por ciento durante la última temporada-, que 340 millones de litros de venenos se fumigaron sobre un área habitada por algo más de 12 millones de personas.

Los médicos señalan que se valen para su diagnóstico de un conjunto suficiente de datos que no pueden ser negados al analizar con objetividad la situación sanitaria de la población; y que la investigación científica con que cuentan explica la causalidad de las manifestaciones clínicas que observan en sus pacientes: “no creemos, sino que estamos seguros de que los crecientes padecimientos en la salud de los habitantes de los pueblos fumigados, son generados por las fumigaciones. Esta seguridad nos la da el conocer cómo evoluciona la salud de nuestras comunidades mediante cotejos con la creciente información científica y sólo interesándonos en la salud y calidad de vida de nuestros pueblos”.

Los especialistas exhortan a las más altas autoridades nacionales a que apliquen el “Principio Precautorio” -suscrito por Argentina a través de diversos tratados y convenciones internacionales- cuyo objetivo principal es evitar daños al ambiente y la salud.

Los profesionales reunidos en este congreso cuentan con una Red Universitaria de Ambiente y Salud, cuya página web es http://www.reduas.fcm.unc.edu.ar en donde vuelcan sus datos y advertencias. Lo increíble es que pareciera haber un doble estándar en el diagnóstico de la situación dentro de la comunidad científica.

En ese sentido, y atendiendo a las innumerables denuncias de intoxicación con agroquímicos por fumigación de campos linderos al Barrio Ituzaingó en la provincia de Córdoba -en donde se constataron enfermedades oncológicas y diversas patologías en vecinos de la zona-, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, dictó en enero de 2009 un decreto por el cual se creó la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (CNIA) en el ámbito del Ministerio de Salud, con el objetivo de investigar, prevenir, y brindar asistencia y tratamiento a las personas expuestas al uso de productos químicos y sustancias agroquímicas. También con el propósito de promover la salud pública y la integridad del ambiente en todo el territorio nacional.

Además de un estudio prioritario sobre el glifosato, el endosulfán y sus formulados, se seleccionó un listado de diez sustancias que serían objeto de revisión por parte de la CNIA.

En julio de 2009 la CNIA se expidió a través de un informe titulado “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y el ambiente” realizado por un consejo científico interdisciplinario de expertos creado en el ámbito del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Luego de ese informe, las acciones de la CNIA parecen haberse detenido.

El informe concluye que “se requiere la ejecución sostenida en el tiempo de estudios exhaustivos de laboratorio y de campo, que involucren tanto a los formulados conteniendo glifosato, como así también su(s) interacción(es) con otros agroquímicos, bajo las condiciones actuales de uso de nuestro país, para alcanzar una conclusión definitiva sobre la toxicidad para la salud humana”.

Sin embargo, el informe agrega con ambigüedad que es improbable que el glifosato posea riesgo de ser carcinógeno para el ser humano y que los estudios epidemiológicos encontrados no demuestran correlación entre exposición de glifosato e incidencia de cáncer, efectos en la reproducción, déficit de atención o hiperactividad en niños.

Salvo que se considere a los médicos que realizan las denuncias como “curanderos”, ¿puede haber semejante discrepancia en la comunidad científica?

Según un análisis del informe solicitado por APM a la titular de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, Dra. Leda Giannuzzi, “la bibliografía científica presentada es equiparada con estudios de Monsanto y cita referencias bibliográficas patrocinadas por la empresa mencionada”. Además, agrega que el informe invalida datos científicos publicados sobre el daño genético y embrionario producido por el glifosato.

“Desde el punto de vista toxicológico el informe relativiza la absorción dérmica del glifosato, la toxicidad aguda, los posibles efectos cancerígenos. Las conclusiones son ambiguas y confusas, no define si es inocuo o perjudicial. Afirma que el uso del glifosato no implica riesgos para la salud humana si es utilizado de manera responsable”, añade Giannuzzi. Indica que “es una revisión bibliográfica, con muy poco análisis crítico, reflexivo y comparativo de sus resultados”, y señala que “el principal cuestionamiento que puede hacerse al informe es su desconocimiento del Principio Precautorio, que promueve la cautela en el uso de medios técnicos ante la incertidumbre científica. Este es un principio preventivo que recomienda prevenir el daño antes que repararlo”.

Justamente, lo que piden los médicos de pueblos fumigados es la aplicación del Principio Precautorio. Según el profesor Peter Montague, director de la “Environmental Research Fundation”, creada en 1980 en la ciudad estadounidense de Maryland para brindar información científica comprensible sobre la influencia de las sustancias tóxicas en la salud humana y el medio ambiente, “el Principio Precautorio representa una nueva manera de tomar decisiones acerca del ambiente y la salud. El propósito del enfoque preventivo es tomar decisiones hoy en día de las cuales no nos arrepentiremos en 50 años”.

Según Montague, deberíamos distinguir el enfoque preventivo de la “vieja manera” de tomar decisiones -la llama "vieja manera" porque está siendo sustituida por el nuevo enfoque preventivo en muchas partes del mundo, salvo en la mayor parte de los Estados Unidos-. La “vieja manera” de tomar decisiones suponía que podíamos hacer una "evaluación de los riesgos" de cualquier actividad. La evaluación de los riesgos nos diría la probabilidad y cantidad de daños por la actividad, y entonces tendríamos que hacer cumplir los límites a la actividad para prevenir que los daños sobrepasen los niveles "aceptables". En el caso de daños que son raros o desconocidos, la “vieja manera” supone que nos enteraremos de estos daños ocultos de maneras que pueden ser desagradables y traumáticas, pero que no serán inaceptablemente costosas o dolorosas.

Siguiendo con el razonamiento de Montague, la “vieja manera” suponía que las personas y corporaciones tienen el derecho a hacer cualquier cosa que quieran -mientras sea legal- hasta que un tercero pueda probar que ha ocurrido un daño, momento en el cual puede comenzarse un proceso de resolución de disputa, que frecuentemente requiere décadas de esfuerzos y millones de dólares. Este sistema requiere que suceda un daño y debe probarse que ocurrió antes de que se consideren las medidas alternativas.

Recreando la lógica propuesta por el profesor a nuestro escenario: alguien desarrolla un nuevo insecticida de uso agrícola, por ejemplo el endosulfán. El fabricante lleva a cabo una "evaluación de los riesgos" de ese químico y determina que sólo causará daños "aceptables" a los seres humanos y al ambiente. El fabricante comercializa el químico, crea una "necesidad" mediante “publicidad engañosa” y embolsa el dinero.

El fabricante tiene fuertes incentivos para no estudiar los efectos de su químico o realiza “fraude científico” en los estudios del mismo -como ocurrió con Monsanto en dos ocasiones, según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) en sus estudios sobre el glifosato-, así que los primeros indicios de problemas son reportados por los ciudadanos afectados, y esos primeros reportes son ridiculizados, negados y etiquetados como "ciencia barata".

Al cabo de un par de décadas, el fabricante del químico -sin nunca admitir que los ciudadanos tenían la razón- introduce un nuevo químico que según dice está mejorado y sólo causará daños "aceptables". Su “evaluación de los riesgos” lo demuestra. Y el “círculo vicioso” continúa.

El Principio Precautorio, según Montague, comenzaría preguntando: “¿Cuál es el objetivo?”, y la respuesta podría ser “eliminar plagas agrícolas”. Luego preguntaría: “¿Cuál es la manera menos perjudicial de lograr el objetivo?”, y esto conllevaría a un estudio de maneras alternativas de eliminar plagas agrícolas y a la búsqueda de la manera menos perjudicial –que incluya, probablemente, prácticas agroecológicas, control biológico o quizás simplemente jabón y agua). “El objetivo general no es causar daños ‘aceptables’ a los seres humanos y el ambiente; el objetivo principal es evitar los daños hasta donde podamos”, escribe el profesor.

Justamente lo que piden los pueblos fumigados, los médicos y algunos científicos al reclamar que se reclasifiquen los agrotóxicos según los efectos agudos, de mediano y largo plazo en ensayos de laboratorio y en estudio en humanos. Exigiendo que una dependencia de Salud y Ambiente sean la encargada de autorizar o rechazar el uso de cada pesticida en particular, y no un ente en donde sólo participan el área de agricultura del Estado, los productores y las Cámaras productoras de plaguicidas, prevaleciendo las necesidades productivas y los intereses comerciales de grandes grupos, empresas y pooles de siembra.

ra.moc.rusocremasnerp@aznelgf

Fuente: Agencia Periodística de América del Sur