Argentina: el boom de la soja ¿tiene límite?

Lo dijo Santa Teresa: “Se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas”. Y lo confirmaron los productores agropecuarios argentinos que habrán deseado con todas sus fuerzas que la tierra los premiara y ahora no saben qué hacer con el premio. En los últimos años, la soja se convirtió en el principal cultivo de la Argentina, tanto en superficie cultivada como en producción total. En la campaña agrícola 1988/89 se sembraron 4,6 millones de hectáreas y la producción alcanzó los 6,5 millones de toneladas. Sólo quince años después, en la campaña 2003/2004, la superficie sembrada con esta oleaginosa ascendió a 14,2 millones de hectáreas y la producción fue 7 veces mayor.

Según un documento elaborado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), este fenómeno genera diferentes opiniones: por una parte, el sector "productivo" celebra y fomenta la incorporación de nuevas áreas productivas y la generación de ingresos que ello implica. Por otra parte, la comunidad científica y las ONGs alertan sobre los riesgos que implica el modelo adoptado, en relación a la sustentabilidad de los ecosistemas y de los sistemas sociales.

"Contar con información objetiva sobre el uso de la tierra, su cambio y la relación de ésta con variables socioeconómicas y ambientales es la base para el análisis y la posterior toma de decisiones políticas de manejo de los recursos", explica el ingeniero agrónomo Federico del Pino, director, junto con el ingeniero Martín Oesterheld, de "Patrones espaciales y temporales de la expansión de soja en Argentina. Relación con factores socio-económicos y ambientales". Este trabajo científico, que contó con el financiamiento del Banco Mundial, se llevó a cabo desde el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la FAUBA.

Todo este proceso expansivo está cobrándose en moneda valiosa: el medioambiente. En su informe, los investigadores de la UBA plantean las cuestiones socio-ambientales implicadas en el fenómeno sojero. La agricultura industrial genera problemas en el medio social, particularmente la concentración de renta y la disminución del trabajo rural, señalan.

"Por otra parte, la expansión agrícola afecta la capacidad de los ecosistemas de proveer bienes y servicios esenciales (regulación de la concentración de gases atmosféricos, regulación climática e hídrica, servicios de polinización, ciclado de nutrientes, mantenimiento de la biodiversidad, control de la erosión, entre otros", añade el ingeniero del Pino.

Estos servicios carecen en general de valor de mercado y son de apropiación pública. Pero para el productor individual esta reducción en la capacidad de los ecosistemas es "externa" a él, mientras sus consecuencias son padecidas por la sociedad toda.

Las estimaciones disponibles acerca del valor económico de estos servicios indica que su merma (y la consecuente necesidad de reemplazo) tendría un impacto enorme sobre las economías regionales y nacionales. Y sin embargo, pocos trabajos han evaluado las consecuencias ambientales del proceso de agriculturización en la Argentina.

"La evaluación de la caída en la capacidad del sistema de proveer servicios ecosistémicos y su cuantificación económica es sin duda una tarea pendiente", afirma el director del estudio.

Finalmente, el trabajo llama a reflexionar acerca de los riesgos de no planificar el uso del territorio. "El ordenamiento territorial permitiría diseñar transiciones a paisajes mixtos en donde se combinen parches de vegetación nativa y agricultura y en donde se maximice la sustentabilidad ecológica, ambiental y social".

Pero ¿está hoy la Argentina en condiciones de generar políticas de ordenamiento territorial?. Sin duda hay problemas serios para hacerlo, afirman los científicos. Por empezar, no hay agencias encargadas del ordenamiento territorial o su capacidad de acción es mínima, pero tampoco se cuenta a nivel estatal con sistemas de información precisa sobre los cambios en el uso del suelo y los impactos en su rendimiento como ecosistemas.

La investigación de la FAUBA detectó que las áreas donde ocurrieron los mayores cambios en el uso de la tierra (reemplazo de vegetación natural por cultivos anuales) coinciden con las áreas que sufrieron cambios negativos en este Índice Verde Normalizado.

Este índice está relacionado con la capacidad de la vegetación de interceptar radiación, y da una idea de su actividad fotosintética. Resulta un buen estimador de la capacidad de fijar carbono (C). “La fijación de C es un determinante fundamental del balance de este elemento en el medio ambiente. La capacidad de secuestrar C por parte de los ecosistemas (y por lo tanto de contribuir a mitigar los aumentos de gases con efecto invernadero en la atmósfera) está estrechamente ligada a mantener y/o aumentar su entrada. Incluso, en áreas donde no hubo cambios en el uso de la tierra, se registró también disminución en el IVN en los últimos 20 años. Esto se pudo haber debido a cambios ambientales (precipitaciones y/o temperaturas) y/o de manejo del ganado (sobrepastoreo), entre otras causas”, dice el documento.

Finalmente, el último inventario agrícola nacional de GEI (gases de efecto invernadero) elaborado por la FAUBA, a cargo del ingeniero agrónomo Miguel Taboada, revela que para el sector agrícola, la soja es el cultivo que más Gases de Efecto Invernadero emite en la Argentina.

Todo el informe en SIAV - Facultad de Agronomía - UBA