Argentina: dos junios, dos historias

Durante este mes, la Federación Agraria Argentina celebra cien años de su momento fundacional, un gremio formado por colonos, arrendatarios que llevaron a cabo una protesta que se conoció con el nombre de un gesto de desesperación seguido por la localidad donde todo empezó: el Grito de Alcorta. La huelga agraria, los cortes de rutas y el cese de entrega de la producción fueron los modos en que protestaron los chacareros cansados del abuso de los dueños de la tierra y de los comercializadores de sus producciones. El 25 de junio de 1912, en una de las asambleas donde los agricultores llegaban por decenas en “sulkies”, en caravanas de más de cinco kilómetros, se anunció la huelga general. La asamblea en el local de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos declaró la huelga y se anunció el nuevo proyecto de arrendamientos y aparcerías. Alrededor del 8 de agosto, cuando un significativo número de terratenientes ya había aceptado los términos del nuevo contrato agrario, se levantó la medida.

Hubo razones económicas para que los chacareros iniciaran estas acciones –la baja de los precios de los cereales, el aumento del precio de los insumos y condiciones de arrendamientos muy desfavorables–, pero también hubo componentes políticos ya que, desde nuestros inicios como nación, la subalternización de ciertos sectores no fue naturalizada por esos actores sino más bien resistida; los colonos inmigrantes como extranjeros, por ejemplo, no eran sujetos de derecho y no había recepción institucional a sus reclamos. La Iglesia tuvo un significativo papel en la alborada del conflicto cuando los curas párrocos de Alcorta –Pascual y José Netri– apoyaron las luchas y, además, pusieron a los colonos rebeldes en contacto con otro de sus hermanos, abogado residente en Rosario, Francisco Netri (importante asesor legal asesinado en 1916). En todos ellos se imbricaban culturas políticas socialistas, anarcosindicalistas, antiliberales europeas, con la generación de una política nacional y popular que irrumpía en el país de la mano del radicalismo y luego el peronismo. Durante ese mismo año crean la Federación Agraria Argentina (FAA), que se convertiría en el arma gremial de los colonos rebeldes luego convertidos en pequeños propietarios.

La FAA tuvo una trayectoria digna, aunque hay que recordar que, a medida que sus miembros adquirían tierra y capitalización, fueron más susceptibles a integrarse subordinadamente a los paros agrarios de los grandes productores, como ha sido evidente en los últimos años y hasta en nuestros días en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, durante largo tiempo la federación estuvo ligada a los empresarios industriales nacionales y participó en el Sistema de Políticas Concertadas del gobierno peronista de 1973. No existen registros que la conecten como organización con golpes de Estado, y durante la dictadura, por ejemplo, la FAA, presidida por don Humberto Volando, tuvo una honesta actuación en favor de los derechos humanos. Pero después del arrinconamiento a que sometieron a los pequeños productores las políticas de los ’90, la FAA aceptó sin críticas el modelo del “agronegocio”. Los últimos dirigentes de FAA (René Bonetto y Eduardo Buzzi) se equivocaron y desoyeron críticas por aceptar el modelo sojero y el agronegocio en general. En el paro agrario de 2008 integraron la Mesa de Enlace con las grandes corporaciones, marcadas por derroteros políticos “golpistas” que nada tienen que ver con las raíces de los chacareros.

Pero nada se iguala a la conducta que la Federación Agraria de Córdoba está manifestando frente al esperado juicio impulsado por las Madres de Ituzaingó y médicos comprometidos con las víctimas de agrotóxicos que se apoyan en la violación sistemática del artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos y del artículo 200 del Código Penal. Los querellados son los productores Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra y el fumigador Edgardo Jorge Pancello.

Podríamos comprender declaraciones orientadas a que existe un sistema que lleva a los productores a violar las leyes, a que juegan un papel de “chivos expiatorios” en un entramado de actores poderosos que son, en última instancia, los responsables de lo que ocurre con los agroquímicos en Argentina. Pero es incomprensible que la FA de Córdoba, de donde fue oriundo don Humberto Volando, defienda en forma corporativa la fumigación enfermante y hasta haya amenazado con tractorazos para torcer la voluntad de la Justicia. Si así lo hicieran, si no saben admitir la responsabilidad personal, social, gremial en el largo proceso de lucha de estas Madres de Ituzaingó, que denuncian un aumento exponencial de enfermedades y muertes, algo cambiará desde este nuevo mes de junio. Ya no sólo será la celebración de la dignidad de los subalternos del “granero del mundo”, sino el mes que expresa la lamentable transformación de chacareros y colonos en depredadores y contaminantes productores irresponsables apoyados y apañados por una entidad que no merecía este destino.

Norma Giarracca es Socióloga, profesora titular de Sociología Rural (UBA).

Fuente: Página 12