Argentina: desalojos, represión y muerte en el monte santiagueño

Estamos enviando el informe del recorrido realizado por los diferentes departamentos de Santiago del Estero en el mes de Enero e informando de la situación en los diferentes lugares y los graves denuncias realizadas por la gente. A 30 años de la vulneración de los Derechos Humanos y solidarizándonos con las familias de los desaparecidos, no permitamos que esto siga sucediendo.

Comisión Directiva del MO.CA.SE.

Desalojos, represión y muerte en el monte santiagueño

El movimiento campesino de Santiago del Estero resiste el violento avance de empresarios de la soja transgénica. En estos últimos meses en la provincia de Santiago del Estero se han incrementando las acciones violentas contra los campesinos por parte de guardias privadas de empresarios o por policías contratados por éstos. Los problemas de tierra por el avance implacable de la frontera agrícola mediante el desmonte para la producción de soja transgénica.

“A nosotros nunca nadie nos tomó en cuenta. Esto arranca hace quinientos años, cuando los españoles tuvieron hijos con las indígenas. Allí nacieron los guachos, los hijos que no podían reconocer ni los españoles ni las indígenas. Con el tiempo, la palabra guacho pasó a ser gaucho. Nosotros somos los guachos, los gauchos a los que nadie quiere.”
Don María Raymundo, campesino del MOCASE

En la provincia de Santiago del Estero hay más de quince mil familias que poseen y trabajan sus tierras (algunas por más de dos generaciones), pero que no han podido acceder a los títulos de propiedad por no tener los recursos suficientes para iniciar los juicios de prescripción veinteñal (que le otorga título de propiedad a quien demuestre la posesión de la tierra por más de veinte años).

Mientras que en los departamentos del centro y sur santiagueño, donde ya prácticamente no queda monte, la mayoría de los conflictos por problemas de tierra están encaminados en la vía judicial; son en los departamentos del norte (Alberdi, Copo y Pellegrini) donde, en lugares carentes de caminos, de energía eléctrica y de comunicación, la “guerra” por la tierra está más desatada.

Claramente se vive allí una etapa de concreta usurpación de las últimas hectáreas de monte continuo (mediante el alambrado y el desalojo de las familias que allí viven) por parte de empresarios para su posterior desmonte y producción de soja transgénica. Éstos son sólo algunos de los graves conflictos de tierras que allí se viven actualmente.

Violentos intentos de desalojo en Alberdi

El pasado martes 29 de noviembre en la comunidad de San Bernardo se produjeron graves hechos de violencia contra campesinos: un grupo de seguridad fuertemente armado liderado por el empresario Bruno Viroche, oriundo de la provincia de Tucumán, amenazó y disparó criminalmente con sus armas de fuego contra integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) que defendían sus posesiones.

Don Ángel señaló que “no ha habido muertes, gracias a Dios. Nos asustan con armas y nosotros no estamos de acuerdo con eso. En dos semanas se instalaron y pusieron puestos, pero gracias a todos y al coraje del MOCASE, 120 personas les paramos la mano.”

Es muy importante resaltar que el empresario tucumano no es titular de dominio, sino que compró acciones y derechos del campo de más de 8.000 hectáreas que está alambrando con este tipo de custodia.

Los campesinos, ejerciendo el derecho a una legítima defensa, lograron reducir a tres de los custodios, trasladándose luego hacia el destacamento de Santos Lugares. Allí quedó documentado que el hijo del supuesto titular del campo y dos personas contratadas estaban armados, que los pobladores no tenían armas y que posteriormente fueron trasladados por voluntad propia hacia la sede policial.

Los hechos fueron presentados a los miembros del Superior Tribunal de Justicia durante una audiencia, y a los mismos se les manifestó la preocupación de que los empresarios pagan adicionales a policías y a seguridad privada.

Pero la cosa no terminó ahí y el 20 de diciembre el conocido juez Oscar Juárez, Juzgado del Crimen de 4º Nominación, ordenó la detención y captura de un gran número de campesinos y de técnicos de INCUPO, una institución educativa, por “incitar al robo forestal”.

Aníbal, conocido como “Valcho”, contó que cerca de allí hace unas semanas estaba carpiendo y arriando las vacas con sus hijas “y en eso llegaron 8 policías. Entonces les tiro adelante a los chicos y les amago con el machete. Pero luego me muestran una orden y, como yo no sé leer, mi hija la lee y me dice que tienen orden del juez para detenerme. En mi casa había mas de 20 gendarmes y les digo levantando las manos: ¿Para este tipo mandan tanto?. Conmigo se llevan hasta Santiago al cabo de Santos Lugares, por cómplice. Estuve tres días detenido en Santiago, pero luego la policía reconoció la injusticia. La causa es por hurto de productos forestales.”

Los que le iniciaron la causa serían unos empresarios de apellidos Suárez y Núñez y un tal Luis Conti, quienes cerraron los caminos cercando 20 Kilómetros. El juez de la causa es el Dr. Leonel Suárez, quien además sería pariente de éstos.

Cerca de allí los campesinos del MOCASE recibieron varias amenazas de desalojo por parte gente de la empresa Madera Dura del Norte S.A., quienes pretenden unas tierras que afectarían a varios parajes cercanos donde viven muchas familias: El Porotal (3 familias), Las Palmitas (2 familias), Chañal Pozo (7 familias), Paloma (6 familias y una escuela), San Miguel (3 familias), Manisnio (12 familias), Yunta Pozo (4 familias), Bramalito (2 familias), San Ramón (7 familias) y Santa Cruz del Norte (45 familias, una escuela y un puesto sanitario).

“Nos amenazan de muerte. Vienen con topadoras, tienen espías para entrar. Dicen que van a venir con Gendarmería. Yo creo que antes de comprar deberían saber que estamos nosotros aquí. Si nos quitan la tierra no tenemos nada. No vamos a permitir que pasen, preferimos morir a que nos saquen”, contó preocupada Doña Cuqui.

A unos 40 Km de Santos Lugares se encuentra un paraje conocido como Ranchitos, en el que viven 5 familias y cuenta con escuela, iglesia, club y represa pública. Allí los campesinos denunciaron que la gente de la empresa Leales, de Tucumán, los amenazaron varias veces: “vamos a venir con topadoras y gendarmes” le dijeron a don Guido. Hace un mes, el supuesto dueño del lote (de unas 1.500 hectáreas) les ofertó una hectárea para cada familia; pero al negarse a este arreglo, gente de la empresa los volvió a amenazar con venir con topadoras y con la Gendarmería, y les advirtió: “en Boquerón ya nos baleamos con 100 personas y ustedes son cuatro o cinco. Así que no son un problema para mí.”

Y en Copo y Pellegrini también...

Un conflicto que se agrava es el de la Finca San Antonio, donde viven desde hace más de cien años unas 60 familias. Se tratan de 7.200 hectáreas que la empresa Zona Agro S.A. reclama como suyas y pretende desmontar. Desde hace un tiempo, el MOCASE mantiene allí una carpa donde resisten las familias a pesar de las constantes amenazas de la empresa.

Otro grave caso es el de la finca El Ceibal, de 17.000 hectáreas, cuyo remate está parado por la acción de varias ONG´s, y afectaría a 10 parajes de la zona.

Por su parte, gente de Taco Pozo, a 15 Km de Nueva Esperanza, contaron que tienen sus cuadritos de tierra “pero estamos rodeados de todas las fincas de Boix”. Señalaron que temen ser desalojados ya que Boix “tiene mucho poder porque fue intendente de Nueva Esperanza”. También denunciaron que en Villa Estela éste compró 100 hectáreas y está queriendo desalojar a las familias, quienes contaron que les paga adicionales a la policía para amenazarlos.

Doña Jesús, de Corralito, a 4 Km de allí, donde viven 50 familias, contó que “a un señor le quemaron el rancho y le sacaron los animales”. El caso lo tiene el Defensor del Pueblo y los empresarios serían los Méndez Doile. “Ese campo es de nuestros abuelos, pero la justicia no actúa”, explicó doña Jesús.

En Ahí Veremos, 60 Km al norte de Nueva Esperanza, viven 100 familias en 3.500 hectáreas que quiere desmontar un empresario sojero de apellido Vidal.

Crónica de una muerte anunciada

El pasado 15 de enero se hizo público en la parroquia de Nueva Esperanza, en el departamento Pellegrini, un documento que luego le fuera enviado al Gobernador de la provincia, al presidente del Superior Tribunal de Justicia, al presidente de la Cámara de diputados, a los Defensores del Pueblo de Santiago y de la Nación, y al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, que daba cuenta de los terribles abusos que vienen sufriendo las comunidades campesinas que viven en el monte santiagueño: “usurpación de sus tierras, cierre de caminos, abuso de autoridad, tratos prepotentes, olvido, contaminación con agrotóxicos, desmontes criminales, tornados nunca antes vistos, muerte de animales, trabajo esclavo en despaladas y fincas, robo de agua, heridos, procesados, etc. etc.” Aquel documento señalaba al final, y a modo de advertencia: “Les rogamos humildemente que nos escuchen y esta dramática situación, no se convierta en tragedia.”

Pero lamentablemente, dos semanas después, la tragedia ocurrió: Mario Ezequiel Gerez de tan sólo 5 años de edad iba con su tío, don Anselmo Villagrán, en el caño de la bicicleta, la tarde del jueves 2 de febrero rumbo a San Agustín, por el camino que hace tres años un empresario de apellido Luque había cerrado y luego reabierto. Lo cierto es que al pasar por aquel camino, el empleado de la finca de Luque, don Humberto Orellana, disparó hacia ambos con un rifle calibre 22. Como resultado de los disparos don Anselmo fue herido en la cola y el niño Mario murió en el acto: un tiro le dio en la cabeza.

Enterado de la situación, el comisario de Nueva Esperanza fue a detener y trasladar al asesino hasta el Juzgado del Crimen Nº 2. Durante el viaje le preguntó el motivo de los disparos y el detenido dijo: “Por el problema de las tierras”. Lo que demuestra a las claras que no se trata de un problema “policial”, sino que es la primera víctima de la violencia creciente por el problema de tierras en Pellegrini.

El MOCASE se reorganiza

Con más de veinte años de lucha “por la tierra, el agua y el monte”, del MOCASE participan actualmente unas 5.000 familias, agrupadas en 12 zonales que a su vez están formadas por grupos de base que representan a las poblaciones o comunidades de las familias asociadas.

Actualmente las zonales del MOCASE se encuentran reorganizándose con gran preocupación por el avance de los conflictos.

En el monte santiagueño los campesinos resisten organizados a los intentos de desalojo de los empresarios de la soja transgénica.

Nota:
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