Argentina: desacuerdo y graves acusaciones por cambios en ley de agroquímicos

Las autoridades, por el contrario, aseguran que “se pone fuerte énfasis en el uso racional y responsable” de esas sustancias en el sector agropecuario.

Una orden de Scioli

El Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires creó en 2010 la Mesa de Trabajo sobre el Proyecto de Modificación del Decreto Reglamentario 499/91 de la Ley de Agroquímicos 10.699. La idea del gobernador Daniel Scioli fue adecuar el decreto, que tiene más de 20 años, hasta tanto se sancione una nueva ley, confirmó el titular de la cartera agraria, Ariel Franetovich, luego de encabezar el jueves de la semana última una nueva reunión de la mesa plenaria.

“Sin perjuicio de la tarea que se realice en la Legislatura, es inminente la modificación del actual decreto”, anunció el ministro. Y aclaró que cumplen con “el mandato del gobernador de alcanzar una normativa que pueda conciliar la mayor productividad posible con el cuidado del medio ambiente y la salud, con la participación de todos los actores responsables”.

“Esta mesa de trabajo va a cumplir un año y está culminando de una manera inédita por la cantidad de instituciones y la regularidad con la que se trabajó”, consideró el funcionario.

La mesa está conformada por la Defensoría del Pueblo, la Administración Nacional de Aviación Civil, distintos especialistas del INTA, universidades, el Senasa, el Colegio de Ingenieros de la Provincia, las Cámaras de Fabricantes, Expendedores, Distribuidores y Aeroaplicadores. También, las entidades Carbap, SRA, Coninagro, FAA, Federación de Acopiadores y Cámaras de Aplicadores Urbanos.

Varios cambios

El decreto reglamentario es de 1991, cuando la producción nacional era de 30 millones de toneladas de granos, mientras que en la campaña 2010-2011 se esperan 100 millones de toneladas. “Existen tecnologías, manejos y nuevos actores que no existían durante la fecha del decreto y mucho menos de la ley de 1988”, recordó Franetovich.

El titular de la cartera agraria se comprometió a articular los objetivos consensuados por la mesa durante todo un año, junto a los ministerios de Salud y de Infraestructura, la Defensoría del Pueblo y la Autoridad del Agua. Según él, con la nueva norma “se pone fuerte énfasis en el uso racional y responsable de los agroquímicos en el sector agropecuario”.

Mientras que el actual decreto no establece ningún tipo de restricciones o condicionamiento para aplicaciones terrestres, y únicamente fija prohibiciones para la aplicación aérea en un radio de 2 kilómetros de centros poblados sin definir ni delimitar, ni tampoco constituye una definición urbanística, el anteproyecto sí tiene en cuenta las potestades de los municipios, en función de la Ley de Uso del Suelo 8912/77, para delimitar las áreas urbanas, complementarias y rurales, y establecer restricciones y prohibiciones para ambos tipos de aplicación.

El texto dice que se digitalizará la Receta Agronómica para poder ejercer mayor control en las aplicaciones de agroquímicos y plaguicidas domisanitarios, y se da a los municipios la facultad de delimitar la zona donde no se pueden utilizar los agroquímicos.
Se habla de una zona de “amortiguamiento” donde se podrá aplicar en forma terrestre bajo estrictas pautas ambientales y tecnológicas de aplicación, y con la presencia de un ingeniero agrónomo. Esta corresponderá a toda área complementaria definida por el municipio. Si no existe, serán los primeros 300 metros del área rural.

Se le otorga al municipio una herramienta de gestión que le permitirá, en caso de cuestiones locales con alto nivel de conflictos, pedir al productor que notifique la intención de aplicación en uno o varios lotes específicos lindantes con la población.
Las aplicaciones aéreas no podrán efectuarse en las áreas complementarias y en los primeros 300 metros del área rural, definidas ambas por el municipio.

El decreto vigente permite fumigar hasta el límite de los establecimientos educativos y en pleno horario de clases. La nueva normativa establece un radio de 300 metros para las aplicaciones terrestres, de amortiguamiento, con la presencia de un ingeniero agrónomo. El productor aplicará el producto fuera del horario de clases y avisando previamente. Para las aplicaciones aéreas se establece un radio de exclusión de 500 metros.

En lo que hace al recurso hídrico, el actual decreto no contempla ningún tipo de restricción. Se puede pulverizar hasta el límite del curso o cuerpo de agua. En el anteproyecto se fijaron franjas libres de aplicación terrestre y aérea a cada lado de cursos o cuerpos, perforaciones de agua, de los campos de bombeo para abastecimiento público.

El anteproyecto prohíbe abastecerse y lavar los equipos de pulverización en los cuerpos y cursos de agua. Además, el profesional que recete una aplicación deberá tener en cuenta las condiciones climáticas post aplicación, nivel freático, dirección y velocidad del viento, entre otras recomendaciones profesionales.

Entre los cambios se contempla también una constancia de impacto ambiental, que deberá sumarse a los actuales requisitos si se quiere habilitar una fábrica formuladora y fraccionadora de agroquímicos.

Se obliga a todos los eslabones de la cadena a capacitarse y mantenerse actualizados en cada tema específico de su actividad y a inscribirse en el Ministerio a todo aquel que tenga en propiedad una máquina terrestre (autopropulsada o de arrastre), que deberá registrar y tener en condiciones óptimas de pulverización.

“No consideran enfermedades como el cáncer”

“Como investigador en el tema desde hace 25 años y como coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas, pedí ser incluido en las reuniones pero el acceso me fue denegado”, reveló a este medio el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho.

Para el docente de la facultad de Agronomía de la UBA, la ley tiene muchos puntos que deben ser discutidos, en especial el de permitir aplicaciones de productos clase 3 y 4.

“Las clasificaciones sólo tienen en cuenta la capacidad de un químico de producir intoxicaciones agudas y no la de producir efectos agudos en las personas, como el desarrollo de cáncer o mal de parkinson, entre otros”, aseguró.

“Además, al determinar la aplicación de tóxicos clase III y en las cercanías de las viviendas, no se considera que puede incidir en la contaminación del agua para bebida y en los árboles frutales y hortalizas de cultivo hogareño”, criticó.

También consideró negativa la existencia de artículos “que implican normas y prácticas de difícil cumplimiento”, como la venta con receta agronómica y el aviso a los vecinos cuando se fumiga.

En las puertas de las casas

“Sentimos que la situación que se plantea es muy grave y se está programando una reunión en Junín para el 11 de junio para dar respuesta a esta locura. Mientras en todas partes se están restringiendo las zonas en las que se fumiga, que los resultados de esta Comisión habiliten que el glifosato llegue hasta la misma puerta de las casas y escuelas es extremadamente grave”, dijo a esta agencia Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad.

En el mismo sentido, el médico pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vazquez, coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud-Médicos de Pueblos Fumigados de la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, habló de “un paso atrás”.

“Los agrotóxicos que ellos llaman categoría 3 y 4 y que suponen que no tienen elevada toxicidad, incluyen glifosato IV, Malathion III, Alaclor III, y abamectina IV. Ahora se va ha blanquear que estos venenos se aerolicen sobre la gente de forma legal, como en Córdoba y Santa Fe”, disparó, en diálogo con RENA.

“Sin restricción significará que no habrá retiro desde el límite de las poblaciones y nuevamente lo hacen utilizando una clasificación que no considera los efectos subagudos y crónicos, y ni siquiera los efectos agudos en humanos, que son muy diferentes a la respuesta en ratas”.

Las ratas, explicó, tienen mayor capacidad destoxicante que los humanos, algo que fue demostrado “en estudios epidemiológicos en suicidas humanos”, ya que “las zonas fumigadas tienen tasas del doble a la normal en suicidas”.

“El glifosato –aseguró- es rociado sobre la gente en dosis crecientes año a año”. Se trata de un producto “claramente tóxico”, que empezó a utilizarse en un promedio de entre 3 y 4 litros por hectárea, mientras que hoy se llega a 12 litros/ha.

La abamectina, aclaró, “es el insecticida que más recomendó la industria este año”. Y lo hizo “con la complicidad de los agrónomos del INTA”. Se trata de un químico con “una tasa de letalidad en humanos del 11.1 por ciento”. “Si fueran ratas, habría sido clasificado en categoría I, ahora se lo echarán encima a más de 6 millones de bonaerenses”.

“Se olvidaron de las víctimas”

“Una norma se hace para regular conflictos entre partes, y se tienen que tener en cuenta los intereses de todas las partes; aquí no se tuvo en cuenta, en ningún momento, los intereses ni las consideraciones de las víctimas de las fumigaciones. Y es cierto que las clases 3 y 4, según el texto propuesto, podrán pulverizarse hasta el borde de las casas”, aseguró el ingeniero forestal Claudio Lowy, especialista en desarrollo humano sustentable de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE).

“Claramente, no hay intención de avanzar en la modificación de los modos de producción ya probadamente dañinos para la salud de los ecosistemas. Si fuese así, lo primero que se haría es prohibir el uso de sustancias que son tóxicas y empezar su proceso de reclasificación”, analizó el médico Damián Verzeñassi, responsable de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental.

Según dijo a RENA, “no se trata sólo de una decisión de las autoridades políticas, pues muchos ciudadanos alimentan diariamente este sistema y se alimentan del mismo, razón por la cual no están dispuestos a cambiar de modelo productivo”.

“No obstante -agregó- es muy doloroso que se haya desperdiciado una posibilidad más de avanzar en la construcción de estrategias de transformación del sistema productivo, a partir de la búsqueda de consensos”.

“Uno no puede no lamentarse ante las posibilidades desperdiciadas, y más aún cuando los movimientos sociales sienten que son víctimas de engaños que sólo benefician a los poderosos que lucran con la vida de todos nosotros”.

“Sin embargo, seguimos trabajando para cambiar la realidad que nos pretende agobiar y desalentar. No bajamos los brazos y seguimos luchando, generando conocimientos al servicio de la población y la vida”, finalizó.

Pedido al gobernador y a los legisladores

El 20 de mayo último el colectivo de profesionales y ONG que integran la RENACE ingresó un pedido formal a la Gobernación y la Legislatura bonaerense, con copia a las comisiones de Salud, de Asuntos Agrarios y de Ecología, para que pongan fin al estado actual de acontecimientos.

La organización aseguró que “lo que podría haber sido un espacio para resolver los innumerables problemas relevados en todo el territorio provincial por exposición a plaguicidas, se convirtió en una trampa que podría costar la salud y la vida de miles de coprovincianos. El dictamen (de la mesa de trabajo) permitiría fumigar sin restricciones a agrotóxicos clase 3 y 4”.

La RENACE impugnó la mesa, porque fue “creada de modo arbitrario”, “no es plural, ni interinstitucional, ni interdisciplinaria”. Denunció que “no están representadas las diferentes escuelas de pensamiento”, que se dejó de lado a importantes instituciones y a los vecinos afectados por las fumigaciones, que no hay representantes de la cartera de salud, de hospitales y centros sanitarios, que no se invitó a ecologistas. “Una mesa de trabajo que diga tratar temas de salud no puede no tener ningún médico”, criticó.

“No puede organizarse una mesa de trabajo para tratar un conflicto de intereses, donde esté representada sólo una de las partes”, ya que “se trata de un conflicto entre productores, vendedores y aplicadores por un lado, y habitantes fumigados por el otro”.

“No pueden las Cámaras empresarias estar reglamentando sus propias actividades. No es posible que sean juez y parte. No puede decidirse en temas tan sensibles sin apelar a ninguna epidemiología. No pueden discutirse los impactos de los agrotóxicos en la salud sin intercambiar información alguna con el colectivo Médicos de Pueblos Fumigados, de reciente reunión, y otras instituciones y organizaciones que de manera sistemática trabajan en el tema desde hace mas de 20 años”, sentenció.

Fuente: RENA