Argentina: cuenta regresiva para una Reserva Protegida en Salta
La Reserva Natural de Pizarro, cada vez más cerca de ser desmontada. La comunidad aborigen Wichi presentó un nuevo recurso ante la justicia provincial
El lunes próximo tendrá lugar la audiencia pública convocada por el gobierno salteño para aprobar el proyecto de desmonte de Pizarro. Intentos desesperados por salvar la reserva.
SALTA y BUENOS AIRES, 28 de abril de 2005.– El lunes próximo se realizará en Salta la audiencia pública convocada por el gobierno provincial para aprobar el proyecto de desmontes de la reserva de General Pizarro, un área protegida que fue desafectada y loteada pese a la oposición de ambientalistas, científicos y autoridades nacionales.
La audiencia pública es el útlimo paso legal-formal que debe dar la Secretaría de Medio Ambiente de Salta para autorizar el proyecto de desmonte presentado por la empresa Everest S.A, que pretende arrasar con cuatro de las seis parcelas en que se ha dividido el 90 por ciento del área protegida provincial.
Se trata de un paso administrativo no vinculante utilizado por el gobierno para blanquear como transparente el nefasto acto que implica la venta, por primera vez en la historia, de un área protegida natural.
"Jamás el gobierno rechazó un pedido de desmonte luego de una audiencia pública, se trata de una puesta en escena autosugestiva para intentar convercerse y convencer a otros de que la eliminación de una Reserva Natural es algo bueno para la gente y el ambiente cuando su rechazo es masivo en Salta y el país entero", sostuvo Emiliano Ezcurra, director de Campañas de Greenpeace.
Amparados en el derecho indígena y en la Constitución Nacional el abogado de la comunidad Wichi de Pizarro, Matías Duarte, presentó en el día de ayer un recurso para cancelar la audiencia. Por su parte se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación un Recurso de Queja elevado por Greenpeace, Fundación Vida Silvestre y Fudación Illay de Salta.
La Reserva de Pizarro ubicada en el departamento de Anta, Salta, fue creada a fines de 1995. La zona constituye la única de la Argentina que resguarda una muestra de la biodiversidad del quebrachal chaqueño y la selva de Yungas en forma continua. En febrero de 2004 el gobernador Romero instruyó al parlamento local para que quitara a la Reserva su condición de área protegida para de esa forma proceder a rematarla.
La provincia dividió casi 17 mil hectáreas de las 25 mil hectáreas que tiene la Reserva en siete parcelas, seis de las cuales se ubican en dos de los ecosistemas menos protegidos y más amenazados del país: el Chaco Semiárido (quebrachal) y su trancisión a la Selva Pedemontana de las Yungas.
Las empresas originalmente involucradas en el remate fueron tres: Miguel Ragone (una parcela), MSU S.A. (dos parcelas) y el Manuel A. Courel (cuatro parcelas), todas ellas hoy se han retirado habiendo pasado sus derechos en el caso de Ragone nuevamente a la provincia, las dos parecelas de MSU a la empresa IA S.A. y las cuatro de Courel a la empresa Everest S.A. Esta última es la que presentó el pedido de desmonte que será "tratado" en la Audiencia Pública del próximo lunes 2.
La coordinadora de Greenpeace en el NOA, Noemí Cruz, denunció que las audiencias públicas son “farsas orquestadas” por el gobierno, con “técnicos, funcionarios y vecinos pagados para avalar y justificar proyectos indefendibles”.
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+ Emiliano Ezcurra (director de Campañas de Greenpeace) al teléfono celular (0387) 15-4-037-381
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