Argentina: comunidades indígenas contra referéndum salteño
Las comunidades indígenas del departamento de Rivadavia, Salta, quieren evitar que en las próximas elecciones de octubre se realice de un plebiscito que defina a quién le pertenecen las tierras que habitan ellos ancestralmente
Por ello, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para evitar el referéndum y lograr que los lotes fiscales 14 y 55, donde viven unos 6.000 indígenas de las etnias wichí, chorote, chulupí, toba y tapieté, sean finalmente puestos en manos de dichas comunidades.
Cuarenta comunidades aborígenes del departamento Rivadavia, al nordeste de Salta, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evitar la realización de un plebiscito sobre la entrega de las tierras que habitan ancestralmente. En la consulta deben votar todos los habitantes del departamento, incluídos los criollos que no viven en la zona de litigio. Esta situación podría concluir el diálogo y entonces el conflicto será resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual hasta ahora siempre condenó a los gobiernos en favor de los indígenas.
Los indígenas citan la Constitución, por la que "la propiedad de las tierras es un derecho de los pueblos indígenas y, por lo tanto, existe ya sobre el Estado un deber concreto de entregarlas".
Hace ya más de veinte años que las comunidades de los lotes fiscales 14 y 55 reclalman la propiedad de sus tierras al gobierno de Salta. En esas 647.000 hectáreas de monte degradado y poco productivo viven unos 6.000 indígenas de las etnias wichí, chorote, chulupí, toba y tapieté. La gran mayoría se ha nucleado en la Asociación Lhaka Honhat ("Nuestra Tierra"), que representa a 40 comunidades.
La falta de resolución llevó a esta entidad hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, la que en 2000 comenzó a mediar en el problema. En la mesa de diálogo también participan la Organización de Familias Criollas -muchas de las cuales llevan décadas en la zona- y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Pero el gobierno salteño decidió convocar a un referéndum, junto con las elecciones legislativas del 23 de octubre. Los votantes deberán expresar si desean o no "que se entreguen las tierras correspondientes a los lotes fiscales 55 y 14 a sus actuales ocupantes, tanto aborígenes como criollos, ejecutándose las obras de infraestructura necesarias".
El texto es confuso e incompleto, ya que no detalla dichas obras. Según la Constitución salteña, los plebiscitos son vinculantes, pero el ministro de Gobierno, Manuel Brizuela, dijo a Clarín que éste no lo será. Brizuela afirmó que para acceder a las tierras "hay que acreditar 20 años de posesión"; pero el texto se refiere a los ocupantes actuales.
Según el ministro, lo que se va a plebiscitar es la propuesta -53 páginas- que el gobierno salteño presentó en marzo a la CIDH.
"Pero esta propuesta no se hace pública, la gente que va a votar no la conoce", observa Andrea Pochak, del Centro de Estudios Legales y Sociales que patrocina a Lhaka Honhat. Y agrega que no incluye los acuerdos alcanzados en las negociaciones.
"Lhaka Honhat quier un título único, pero no es una comunidad, sino una ONG", dice Brizuela. Pochat protesta: "Eso es mentira. Los aborígenes quieren la titularidad única a nombre de todas las comunidades -no de Lhaka Honhat-, de lo cual ya hay otros antecedentes provinciales".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió información al representante de Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Méndez Carrera, y le dio un plazo de 15 días, que venció el lunes. En la nota advierte que, de concluir el diálogo, el conflicto será resuelto por la Corte Interamericana, la cual hasta ahora siempre condenó a los gobiernos en favor de los indígenas.
Fuente: COPENOA