Argentina: Un gabinete para hacer lobby en Argentina

“El desafío es lograr que la sociedad se enamore de la minería”, señaló el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Y nombró en su gabinete a Mario Capello, quien afirmó que la minería produce “cero contaminación” y acusó de “ignorancia política” e “ideologías apátridas” a quienes cuestionan la actividad. Organizaciones sociales repudiaron su nombramiento y alertaron que rechazan nuevos proyectos mineros. En el Ministerio de Agroindustria nombraron a un referente de Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), Ignacio Garciarena, que arremetió contra los críticos al agronegocio: los definió como “ecoanarquistas que siembran miedo en la sociedad” y “pseudo ambientalistas”.

Mario Capello es ingeniero en minas, ex diputado nacional por San Juan (UCR) y férreo impulsor de la actividad extractiva. Fue nombrado como subsecretario de Desarrollo Minero. “La naciente minería metalífera argentina comenzó a ser atacada por la ignorancia política y por la demagogia hecha espada de ideologías apátridas. Y encontró un chivo expiatorio: se llama Ley de Protección de Glaciares”, escribió en 2012 en el portal Miningpress.

“Los nuevos cipayos se camuflan en organizaciones cuyos nombres refieren al nuevo ‘Dios’ medioambiental. Son los demagogos de siempre a los que debemos desenmascarar”, acusó Capello y afirmó que la minería genera “cero contaminación”. La Ley de Glaciares, que busca proteger las fuentes de agua dulce, fue definida por Capello con dos palabras: “insólita ley”.

Una treintena de organizaciones sociales y productivas escribieron una carta al Presidente y a los ministros de Energía y de Ambiente (Sergio Bergman). “Nos dirigimos a ustedes a efectos de hacerles llegar nuestro repudio al nombramiento de Mario Capello. Durante su desempeño en distintos organismos ha mantenido una conducta agresiva para con los integrantes de comunidades afectadas por la minería a cielo abierto. Su violencia se manifiesta de diversas formas, denostando, intolerante, instigador de conflicto, insultando”, afirmaron Asociación Inti Chutec, la Federación de Viñateros de San Juan y la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), entre otras.

Lo definieron como un “conspicuo lobbista” de la empresa Barrick Gold y anunciaron que la llegada al Gobierno de “un provocador como Mario Capello, irrespetuoso con las poblaciones que eligieron otro modo de vida, será la garantía de fuertes conflictos”.

El Gobierno anunció un “pacto federal minero” entre provincias y Nación para avanzar con nuevos proyectos, bajar impuestos a las empresas e intentar derogar las leyes que limitan la actividad en seis provincias. El 22 de enero emitieron un comunicado más de veinte asambleas socioambientales, de Chubut a Salta. “Pronunciamiento de los pueblos cordilleranos y patagónicos afectados por el extractivismo”, fue el título del escrito.

Recordaron que desde hace veinte años conocen la megaminería en Argentina (citaron como ejemplos la contaminación y pobreza en Catamarca y San Juan) y exigieron la aplicación de la Ley de Glaciares.

Capello había señalado que “la principal preocupación es hacer que vengan inversiones” y se propuso que todo el país “copie el modelo San Juan”. Las asambleas afirmaron que Argentina comprobó, en las últimas dos décadas que “minería a gran escala y sustentabilidad son imposibles de compatibilizar”. Recordaron los derrames de Minera Alumbrera en Catamarca y Barrick Gold en San Juan (más de un millón de litros de agua con cianuro). Y lamentaron que “una vez más las políticas mineras están hechas a favor de las transnacionales, en detrimento de los pueblos y sus territorios”.

Quien también llegó formalmente al Gobierno fue Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). Uno de sus referentes, Ignacio Garciarena, fue nombrado Director Nacional de Agricultura. “Un orgullo para Aapresid”, señala la entidad empresaria.

Garciarena señaló que encontró en el ministerio “gente muy valiosa que sólo necesitaba un cambio de humor político para poder desplegar sus potenciales”. Muy activo en las redes sociales, rechazó en diciembre la probada relación entre inundación y deforestación y retrucó: “Qué dañina que es la sanata sin fundamento”. A quienes cuestionan al modelo agropecuario los calificó de “ecoanarquistas que siembran miedo en la sociedad” y “pseudo ambientalistas”. Contrapuso: “Nosotros (proponemos) conocimiento y respeto”. El 17 de octubre twiteó: “Día de la lealtad clientelista”.

En Aapresid se presentan como simples técnicos y productores, pero son empresarios (de pequeños a grandes), que actúan en coordinación con las grandes empresas del agro (desde semilleras y químicas hasta diarios) y con funcionarios aliados de distintos niveles de gobierno (municipios, provincias y Nación).

Aapresid ejerció una fuerte presión para censurar un manual escolar (realizado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Ambiente) que explicaba las consecuencias del modelo agropecuario. “Aapresid se autodefine como una ONG sin fines de lucro, pero tiene entre sus objetivos fortalecer y propagandizar el modelo, planear estrategias y presentar tecnologías para aumentar la rentabilidad. Se trata, en verdad, de un grupo que funciona primordialmente como lobbista del modelo de agricultura transgénica”, afirmó Horacio Brignone, de la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe y quien reveló en 2011 la censura del manual ambiental (350 mil ejemplares que nunca fueron distribuidos en escuelas).

Un funcionario transgénico:

En el Ministerio de Agroindustria fue ascendido a director nacional de Biotecnología Martín Lema. Contó con el respaldo de las grandes empresas de agronegocios. De 38 años, no brinda entrevistas pero es público su conflicto de intereses. “Publicaciones de nuestros profesionales”, detalla el sitio oficial de Monsanto. Se observa una veintena de trabajos. El segundo del listado es “Desarrollo de construcción basada en criterios de evaluación de riesgo para cultivos (transgénicos)”. Entre los firmantes figuran Clara Rubinstein (Monsanto), Griselda Noe (Syngenta), María Pía Beker (Bayer), Silvia Lede (Basf) y Cecilia Roca (Dow Agroscience). El escrito también lo firma Martín Lema, funcionario que debe controlar a las mismas empresas.

Fuente: Rebelión