Argentina, Salta: Desalojos, atropellos y muerte

Por Darío Aranda

Comunidades wichí de Salta denuncian la violación de derechos al territorio, salud y educación. Sucede en Rivadavia Banda Sur, donde padecen desalojos violentos, ataques de bandas armadas y un empresario que se adueñó de quince fincas con complicidad política y judicial. “Es inhumano lo que vivimos, no se cumple ninguno de nuestros derechos porque somos aborígenes y porque somos pobres”, lamentó Vernardino Pizarra, uno de los referentes wichí. El avance del agronegocio y la muerte de niños por falta de atención médica son dos caras de estas violaciones.

Rivadavia Banda Sur está ubicada a 380 kilómetros al este de la capital provincial, casi en el límite con Chaco, histórico espacio del pueblo wichí. La zona, parte del conocido chaco salteño, comenzó a ser codiciada a fines de la década del 90, cuando la sojización comenzó a avanzar sobre regiones extrapampeanas.

“Desde hace tres años que comenzamos a tener problemas. Alambraron fincas, colocaron portones y cerraron los caminos vecinales que dirigen hacia el río Bermejo”, consta en la denuncia de 2009, realizada por Demetrio Campos, cacique de la comunidad Misión Wichí. Son más de una decena las denuncias presentadas por las comunidades originarias, pero ninguna prosperó. La fiscalía de Pichanal (juzgado de Orán) las cajoneó de manera sistemática.

En la última década se hizo regla un paisaje atípico en Rivadavia Banda Sur: alambrados, tranqueras con candados, carteles de “prohibido pasar”. Y comenzaron a patrullar bandas armadas. La situación se repitió en los parajes El Chañaral, La Soledad, El Cocal, Las Llaves y San Felipe, entre otros.

Las comunidades vieron impedido su derecho básico a transitar, cazar, recolectar miel, pescar, obtener los elementos para sus artesanías. Las comunidades wichí perjudicadas son El Chañaral, La Esperanza, El Cocal, Brealito, San Felipe y Fiscal 30, más de 300 familias.

“Este señor (Omar) Quintar se robó todos los campos. Desde nuestros bisabuelos que todos estamos aquí y nunca nos dieron la tierra. Viene un empresario con plata y le dan todo a su nombre. Cuente por favor que eso pasa en Salta”, relató Vernardino Pizarra, representante de las comunidades wichí de Rivadavia Banda Sur.

Los wichí denuncian que el abogado jujeño Omar Quintar se apropió de quince fincas. Sólo la estancia Las Llaves tiene 5000 hectáreas, que pertenecen desde hace más de cien años a la familia campesina Argañaraz.

Entre las víctimas directas estuvieron las comunidades wichí Chañaral y Breal, que fueron expulsadas de sus campos. La comunidad Breal incluso contaba con un cementerio en el lugar, prueba irrefutable de posesión y derechos sobre el territorio.

La última denuncia la realizó Pizarra, en la comisaría N°1 de la ciudad de Salta. No recurren a la comisaría de Rivadavia y al Poder Judicial de Orán porque no actúan. Pizarra alertó sobre el accionar de grupos armados que amenazan a los pobladores. Apresaron a tres hombres con escopetas, pero los liberaron a los pocos días.

“Los políticos son cómplices”, afirmó Pizarra. Aseguró que Quintar cuenta con apoyo del juez de Paz local, Luis Romero, el intendente Leopoldo “Polo” Cuenca, y también tiene vínculos con el senador provincial Mashur Lapad, el político con más poder del departamento y uno de los más influyentes de la provincia.

Otro actores señalados son la fiscal Mónica Viazzi y el diputado nacional y empresario Alfredo Olmedo, que recibió 360.000 hectáreas del gobernador Juan Carlos Romero en la década del 90 (para agro, previo desmontes) y también avanza contra campesinos e indígenas.

Quintar desmintió las denuncias en su contra. Se definió como un “conservacionista” y señaló que lo atacan “quienes quieren desmontar todo”. Sostuvo que cuenta con muchos lotes pero una sola finca, señaló que hizo “mucho por los indígenas” de la zona (desde caminos hasta trabajo) y negó la existencia de bandas armadas. “Me prendieron fuego una topadora, robaron tranqueras y alambrados; tuve que contratar tres serenos”, justificó. Según Quintar, acumula tierras para “proyectos turísticos”.

La Ley Nacional 26160 está vigente desde 2006. Ordena que los jueces frenen todos los desalojos a indígenas y que Nación y provincias releven los territorios comunitarios. Los desalojos no se detuvieron y, a una década de su sanción, falta terminar los relevamientos en el 80 por ciento de las comunidades originarias del país.

A los conflictos territoriales se sumó la muerte de niños por falta de atención primaria de salud. En julio de 2015 murieron cuatro en diez días. Bianca Acosta, de 18 meses de vida, e Ismael Sarmiento (de 3 años). Luego falleció María del Carmen Laguna, de 1 año, cuando era trasladada a Orán para cambiarle una sonda. Murió en el camino porque la ambulancia municipal no tenía oxígeno. El Ministerio de Primera Infancia señaló que se trató de “una falla de salud”.

Las comunidades precisan que existen solo dos médicos para 10.000 habitantes, con el agravante de “discriminación y maltrato” con los pueblos originarios. “Hubo muchos casos de niños muertos por desnutrición, por mala atención. Siguen muriendo niños y adultos. La situación es muy grave”, afirmó el vocero wichí.

Las comunidades abrieron una cuenta de Facebook (Wichi Lhayis Rivadavia Banda Sur), donde detallan la situación que padecen. “Los políticos nos mienten y los jueces nos dicen que ‘no molestemos’, pero tenemos derechos y no sabemos cómo vivir sin territorio”, advirtió Vernardino Pizarra.

Sin educación

Comunidades wichí de Rivadavia Banda Sur y Embarcación se movilizaron hasta el Ministerio de Educación de Salta y ocuparon pacíficamente el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (Ippis). Exigieron que se firme el decreto de creación del colegio 5235 en la comunidad La Misión (funciona por impulso de los wichí y educadores que acompañan pero no cuenta con personal directivo, edificio propio ni salarios). Además piden edificio para la escuela rancho de Fiscal 30 que hace siete años funciona en una iglesia con riesgo de derrumbe. La comunidad Misión Chaqueña denunció a la Dirección General de Educación Superior por violar derechos de participación y consulta previa y por no abrir el Profesorado Intercultural Bilingüe (impuso un Profesorado de Nivel Inicial que no garantiza el derecho a la educación bilingüe e intercultural como señala la Constitución Nacional).

Fuente: Página 12