Argentina: Relmu Ñamku y la lucha indígena

Por los muchos estratos de injusticia superpuestos, se ha convertido en un caso emblemático que siguen organizaciones sociales, indígenas, campesinas, de mujeres, de derechos humanos, ambientalistas; en Argentina y el resto del mundo, en apoyo a Relmu y otros mapuches perseguidos.

La fiscal Sandra González Taboada pide contra Relmu 15 años de prisión. A Martín Maliqueo y Mauricio Rein (de las comunidades Winkul Newen y Wiñoy Folil) los acusa de daños agravados. El juicio comenzó este lunes 26 de octubre y continuará hasta el 5 de noviembre.

Desde hace una década las comunidades mapuches de esa zona están en resistencia por los atropellos contra ellos y su territorio, cometidos principalmente por petroleras, cobijadas por funcionarios racistas y corruptos. No respetan sus derechos, no son consultados antes de instalar explotaciones en sus territorios, han habido derrames y contaminación grave, las empresas no hacen nada para prevenir ni reparar daños. En 2012, las comunidades decidieron bloquear una instalación de la petrolera Apache. En abril de ese año, golpeadores vinculados a la petrolera atacaron una comunidad con balas de goma hiriendo a niños, a una anciana y a la lonko (autoridad mapuche) Violeta Hernández, quien estaba embarazada. La comunidad llevó la denuncia a la fiscalía, a cargo de Sandra González Taboada (la misma que ahora es parte acusadora en el juicio contra Relmu), pero la fiscal no hizo nada.

El 28 de diciembre de 2012, último día hábil del año, la jueza Ivonne San Martín (muy cuestionada por sus repetidos fallos contra pueblos indígenas), emitió una orden de desalojo. La oficial de justicia Verónica Pelayes fue a entregar la orden, con fuerte escolta policial y una topadora. Ante el avance de la topadora que casi atropella a una joven mapuche, la comunidad resistió tirando piedras y una de éstas hirió a Pelayes, con rotura de tabique nasal. Sin evidencias, acusó a Relmu Ñamku de haber tirado la piedra y a Maliqueo y Rein de otros daños, caratulando el caso como lesiones. La comunidad lamentó públicamente las heridas de la oficial, que no fueron intencionales. El abogado de Pelayes, Julián Álvarez, conocido defensor de latifundistas y de un juez que colaboró con la dictadura militar, contactó a Gónzalez Taboada y acordaron cambiar la acusación atentativa de homicidio, con 15 años de prisión: el doble de lo que piden por asesinatos cometidos por gatilleros en la provincia. González Taboada, tan expedita para acusar a Relmu sin pruebas, está bajo solicitud de enjuiciamiento por no haber avanzado la investigación sobre el estudiante Sergio Ávalos, golpeado por policías y desaparecido en 2003.

El juicio que comenzó el lunes tiene un jurado que por primera vez se compone de mitad de jurados mapuches y que será traducido a su idioma, mapundungun. Ya declararon casi una decena de testigos y ninguno señaló a Ñamku como la responsable de herir a la denunciante, escribió Darío Aranda en el tercer día del diario del juicio ( www.amnistia.org.ar/relmu). La policía llevó como prueba piedras recogidas en el área, nueve meses después de ocurridos los incidentes, en una zona llena de las mismas piedras, pero nadie señala a los acusados. Según los testimonios médicos en el juicio, las lesiones de Pelayes nunca amenazaron su vida. Álvarez/Pelayes están llevando una demanda contra el estado y la petrolera por 6.5 millones de pesos argentinos (aproximadamente 700 mil dólares) para la cual les sirve el alegato de extrema violencia.

Todo el proceso es un ejemplo de las agresiones e impunidad que aplican las empresas petroleras y otras, protegidas por gobiernos contra las comunidades en muchas partes del mundo. Es un castigo a las mujeres y madres que resisten. Es parte también del intento de invisibilización de los pueblos indígenas y la violación de sus derechos. Para muchos ciudadanos argentinos y latinoamericanos, Argentina es un país donde no hay indígenas, o hay muy pocos. Darío Aranda, periodista e investigador, documenta en su libro Argentina originaria, genocidio, saqueos y resistencia, que El Estado reconoce al menos 955 mil personas pertenecientes a más de 30 pueblos originarios (°K). La academia acuerda que son muchos más. Estudios científicos determinaron que 56 por ciento de la población tiene en su genética algún rastro indígena. Aún así, un discurso recurrente se refiere a los pueblos originarios como un hecho del pasado y no como una cultura que está viva y presente en la actualidad.

Injusticia y racismo histórico vivo, que resulta muy útil a las empresas petroleras, mineras, forestales, de agronegocios que quieren explotar recursos en los territorios de los pueblos indígenas. Y que ahora está uniendo todas las luchas en apoyo a Relmu y las comunidades en resistencia.

*Silvia Ribeiro, Investigadora de Grupo ETC

Cobertura especial del caso y firma contra el juicio: ver aquí.

Fuente: La Jornada