Argentina: Pino Solanas sobre la Ley de Glaciares

“Es un escándalo y una burla a las instituciones que una ley votada por unanimidad de un tema tan noble y estratégico como la defensa de los glaciares haya sido vetada en su totalidad por un decreto presidencial. No se recuerda ninguna ley que en los últimos tiempos haya sido vetada en su totalidad, con el agravante de que además fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras”, afirmó Solanas.

El referente de Proyecto Sur aseguró que “El lobby de la multinacional Barrick Gold detrás de los hermanos Gioja ha podido más que la voluntad del Parlamento entero”, y llamó a que se pronuncien todas las fuerzas progresistas: “Todas las fuerzas progresistas tienen que pronunciarse en contra de estas medidas. Esto va más allá de los partidos políticos. Es la defensa del agua y de la vida”. El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, complementó: “Este veto es continuidad de la política neoliberal, lo mismo que pagarle al Club de París”.

La ley 26.418 sancionada por legisladores de ambas cámaras el 22 de octubre pasado protegía a los glaciares de la Argentina. Pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó el decreto 1837/08, que veta la norma y deja a las masas de hielo de todo el territorio –verdaderos reservorios de agua dulce, oro, cobre y otros tesoros– sin un marco jurídico que las preserve.

Según comunicados legislativos, la ley vetada creaba un Inventario Nacional de Glaciares, donde debían individualizarse todos los glaciares y geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. También prohibía que en los glaciares y su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura y la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo.

Pero poco importa cuando existe nula voluntad de enfrentar a los intereses multinacionales en temas estratégicos. El decreto presidencial expresa que la Secretaria de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios entiende que una ley Nacional no puede fijar prohibiciones absolutas, sino establecer parámetros mínimos que las provincias cumplirán pudiendo determinar mayor rigidez aún, de acuerdo a su especial situación ambiental. Sin considerar que la ley prohibía la minería sólo cuando ésta se desarrolle sobre glaciares o zona de hielos permanentes, es decir, sobre fuentes y reservas de agua.

Mientras la revisión del veto presidencial parece no prosperar en las comisiones legislativas, Proyecto Sur prepara un próximo acto en repudio de dicho veto y de otros proyectos mineros que constituyen un verdadero saqueo, pues se llevan los minerales, se quedan con los beneficios y dejan la contaminación. Así lo expresó Solanas, el pasado martes 18, en el programa de TN, Palabras + Palabras menos: “Basta con esta locura de hacer volar las cordilleras enteras. La gran minería busca hacer recursos de la forma más rápida posible. ¿Por qué no lo hacen en Gran Bretaña o en Francia? Todas las mañanas, las grandes mineras hacen volar los cerros con miles de toneladas de explosivos. Luego se lavan esas rocas con 70 u 80 millones de litros de aguas fósiles subterráneas cada día, que no se reponen. Se la mezcla con cianuro y otros químicos. El grado de contaminación que tienen las poblaciones aledañas por el polvo mineralizado es tremendo, a través de las cuencas hídricas y los vientos que llevan esos polvos a los valles. Hay que terminar con esto. Seguir el ejemplo de las poblaciones de sietes provincias mineras que después de decenas de protestas lograron que las legislaturas se pronunciara contra la minería a cielo abierto con sustancias tóxicas.

El veto se produjo luego de que varias organizaciones socio-ambientales de todo el país realizaran una semana de acampe frente al Congreso en protesta contra la gran minería. Un amplio conjunto de organizaciones mendocinas, a través de un comunicado de prensa, aseguró que el decreto de veto presidencial “tiene argumentos inconsistentes, que reflejan un profundo desconocimiento de la importancia de la protección de nuestros glaciares como fuente estratégica de agua potable para el sostenimiento de la vida y del desarrollo de nuestra comunidad”. Según estas organizaciones, “La Ley General del Ambiente Nº 25.675, que señala principios generales y prevé el sistema de evaluación de impacto ambiental, no tiene por qué ser la única que deba constituir ‘presupuestos mínimos ambientales’. Cuando existe un ecosistema cuya fragilidad lo amerita, no es excesivo sino necesario que existan normativas nacionales específicas que resguarden su equilibrio, e impongan algunas razonables prohibiciones. La Ley de Bosques es un claro ejemplo de ello y entendemos que la Ley de Glaciares hace lo propio respecto a este tipo de ecosistemas.”