Argentina: Medidas pendientes
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS declaró que el glifosato, el principal químico utilizado en la agricultura argentina, “puede provocar cáncer en seres humanos”. La IARC reafirmó lo que múltiples investigaciones habían indicado previamente. Ante esta situación, se debería revisar el permiso y las normas de uso del glifosato en el país, así como tomar medidas urgentes para resguardar la salud pública. Sin embargo, el organismo responsable de la aprobación del químico se ha mantenido en silencio y ninguna otra autoridad se hizo eco de la situación.
El glifosato es el principal componente del herbicida Round-up. Se rocían unos 180 millones de litros por año, especialmente para soja transgénica. Se comercializa sin ninguna restricción para su uso a nivel federal por estar clasificado como un producto “de baja toxicidad”. El ente responsable de la regulación de agroquímicos, Senasa, depende del Ministerio de Agricultura. La resolución de aprobación de cada producto y las pruebas científicas que la justifican, no son accesibles al público. Según la legislación vigente, el organismo tiene la responsabilidad de aprobarlos, clasificarlos toxicológicamente y fijar normas de uso. Pero en la práctica sólo se ocupa de las dos primeras y transfiere la responsabilidad de la regulación del uso a las provincias.
Aquí hay dos puntos clave: 1) las provincias que establecen restricciones a la aplicación de agroquímicos basan sus normativas en la clasificación toxicológica provista por Senasa y 2) esta clasificación sólo toma en cuenta los posibles daños letales agudos (la muerte en un corto período de exposición). Se ignoran todos los posibles daños crónicos y sub-letales en un largo período de exposición, como cáncer, malformaciones fetales, abortos espontáneos. Estos daños son muy preocupantes para millones de argentinos expuestos a los agroquímicos directamente por fumigaciones, o indirectamente por el agua de lluvia o los alimentos en zonas rurales o urbanas.
El glifosato es clasificado como producto “de baja toxicidad”, por lo cual casi no existen restricciones provinciales a su aplicación. Así, se fumiga hasta la puerta de las casas, o se rocía con aviones sobre poblados, escuelas rurales y fuentes de agua.
Ante la eventualidad de nueva información sobre riesgos de un producto aprobado –como el informe de la IARC– la normativa prevé una revisión de su aprobación y clasificación toxicológica, lo que puede derivar en la prohibición o restricción de su uso. Sin embargo, la decisión de iniciar dicha revisión sólo está en manos del equipo técnico de Senasa. El Ministerio de Salud no interviene en ninguna instancia. Tampoco existen mecanismos de participación ciudadana para influir en las decisiones.
Antes del informe de la IARC, investigaciones de científicos de diversas universidades del mundo presentaron evidencia de graves efectos crónicos o subletales del glifosato en la salud humana. En Argentina, organizaciones sociales y médicos denuncian desde hace más de diez años estos daños. En 2009 el Dr. Andrés Carrasco, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, realizó una investigación que indicaba “concentraciones ínfimas de glifosato, respecto de las usadas en agricultura, son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión (...) que podrían indicar causas de malformaciones”. Esta investigación fue citada por fallos de Cortes Provinciales de Justicia para restringir el uso del glifosato en cercanía de zonas pobladas en algunas localidades, ante la presentación de recursos de amparo de los vecinos. La controversia pública llevó a la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos a crear un Consejo para revisar la evidencia disponible sobre glifosato. Curiosamente el estudio de Carrasco no fue incluido, sin embargo se concluyó que “en Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana”. El Senasa interpretó la “falta de datos” como sinónimo de “evidencia de no-daño” y no modificó la regulación, a pesar de la vigencia del principio precautorio de la Constitución. Hoy se sigue citando este informe para reafirmar el uso irrestricto del glifosato.
Hasta hoy, los estudios científicos sobre los efectos dañinos del glifosato fueron ignorados por el Senasa. Ante el nuevo informe de la IARC, sería muy grave que el sistema regulatorio argentino perpetuara la negación. ¿Qué otros datos se requieren para actuar?.
Organizaciones sociales y médicos están recolectando firmas para instar al Senasa a iniciar la revisión regulatoria y restringir el uso del glifosato. Es momento de asumir la gravedad de la situación sanitaria de las poblaciones rurales –así como los riesgos para los consumidores urbanos– y tomar medidas urgentes.
Fuente: Página 12