Argentina: La nueva ley de semillas no pasó de año

Si bien el tema tomó cierto estado público, desde el momento en que el ministro anunció en agosto la apertura de la mesa de negociaciones en torno a la modificación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, ningún funcionario del oficialismo volvió a posicionarse públicamente a favor. Quienes hablaron al respecto, lo hicieron con mucha cautela remarcando la existencia de claras diferencias internas. El nudo del conflicto estuvo todo el tiempo centrado en el denominado “uso propio” de las semillas, que con el nuevo cuerpo legal, solamente favorecería a los Registrados como Agricultura Familiar, un universo cercano a los 60.000 productores.

Sin embargo, las diferencias no están solo en el ámbito del oficialismo. Las cámaras representantes del sector también se posicionaron de manera diferente.

Por un lado, Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) que representa en su gran mayoría a las grandes empresas semilleras, desde un comienzo alzó una voz clara de defensa del ante proyecto. Un comunicado del 29 de octubre sentencia que “hace años que tanto desde la industria semillera, como de otros sectores (…) se viene planteando la necesidad de contar con una actualización de la ley que rige para el inicio de la cadena agrícola. Por eso respaldamos desde el inicio la constitución de la mesa de trabajo, que exigió un fuerte trabajo de todas las partes, resignando posiciones, para alcanzar un consenso”.

Por su parte, desde la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM) se diferenciaron en un escrito del 7 de diciembre donde dejan en claro que esta entidad “ni adhiere al criterio plasmado en el anteproyecto de ley de semillas que recientemente fuera consensuado en el Ministerio de Agricultura de la Nación, ya que no sólo son agricultores representativos quienes están inscriptos en el RENAF, ni comparte la posición que ostentan algunas entidades de productores que siguen aspirando a un uso propio irrestricto”.

Las organizaciones campesinas, en tanto, fueron las que más enérgicamente plantearon su rechazo al proyecto. Según remarcó Ariel de la Red Puna de Jujuy, organización integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), “no queremos la privatización de las semilla en tanto entendemos que el proyecto atenta contra la biodiversidad, contra nuestra autonomía de poder seguir produciendo y conservando nuestras semillas. Creemos que tienen que estar en manos de las comunidades indígenas y campesinas para que se puede mantener la soberanía alimentaria en manos de los pueblos”.

La oposición tomó la iniciativa

Aunque el proyecto oficial no logró salir de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), si se presentaron dos versiones en manos de los partidos de la oposición.

Una iniciativa es la del diputado Omar Barchetta del Partido Socialista de Santa Fe y de Pablo Orsolini de la UCR chaqueña, con acompañamiento de otros legisladores del Partido Socialista (Zabala, Cuccovillo y Rasino), Carlos Comi de la Coalición Cívica – ARI, Riestra de la Unidad Popular, Margarita Stolbizer y Fabián Peralta del GEN, Cardelli y Alcira Argumedo de Proyecto Sur y Vanilloto del Frente Cívico de Córdoba.

Según algunos trascendidos, se trata del proyecto que sostiene la Federación Agraria Argentina (FAA) y no avanza en acotar el “uso propio” de las semillas, histórica reivindicación de dicha entidad y motivo por el cual se retiró de la mesa oficial de negociaciones. Sin embargo, el dato más llamativo del mismo es que incorpora la noción de “aplicaciones biotecnológicas” al título de la legislación. Asimismo, al igual que el proyecto del Ministerio, incorpora la noción de “Variedad Esencialmente Derivada” (VED) que restringe lo que se conoce como “excepción del obtentor”, según la cual se permite a quienes desarrollan nuevas variedades, usar libremente variedades protegidas para la investigación y la obtención de nuevas variedades.

La otra iniciativa pertenece al tucumano Juan Casañas de la UCR, junto con Aspiazu y Burayle del mismo partido y Gladys González del PRO de la provincia de Buenos Aires y es muy similar a los ante proyectos oficiales. Según el vocero del legislador, la intención es “proteger la biotecnología en una concepción integral, comprendiendo tanto a los nuevos eventos transgénicos como a los frutos del mejoramiento tradicional que hasta el momento no tenían un marco de protección adecuado”.

De esta manera, el año que viene arranca con más dudas que certezas.

Fuente: Marcha