Argentina: La información y los saberes

Boaventura de Sousa Santos contrapone, en muchos de sus trabajos, al agónico paradigma “moderno” la creación de uno nuevo que aún no lo hemos nominado pero que, sin duda, despunta. Lo acompaña un pensamiento social crítico que se configura en los derroteros de las organizaciones y pueblos en resistencia en este siglo XXI. La modernidad, el paradigma hegemónico hasta hace algunas décadas, tuvo pilares básicos para sostener su deslumbrante ingeniería social, pero desde hace años debe generar bisagras con un nuevo tiempo. El rasgo “monocultural” europeizante de los viejos pilares de la modernidad se abre para cobijar “otras” culturas generadas por la humanidad toda. El autor elige el sugerente concepto de “ecologías” para dar cuenta de cómo un viejo dispositivo “moderno” que “invisibilizaba” otras maneras de vivir se puede desprender de su naturaleza colonial y transformarse en una herramienta mucho más democrática y pluricultural. Santos habla de cinco ecologías donde “lo ausente” se haga “presente”, entre ellas la “ecología de saberes”, que será el concepto a usar para mostrar la incapacidad de los actores del poder para comprender sujetos inmersos en ideas y acciones de este siglo.

En el conflicto de Famatina podemos observar, por un lado, esa dupla formada por gobiernos y las corporaciones –Luis Beder Herrera y la empresa Osisko Mining Corporation– y, por otro lado, las asambleas y poblaciones en resistencia. La dupla del gobierno provincial y la Osisko ha decidido suspender el emprendimiento minero en el cerro Famatina sin rescindir el contrato como demandan las poblaciones en lucha, sino que plantean “hacer una campaña de información” para luego consultar a la población. Las asambleas inmediatamente respondieron que “este pueblo está informado”. Frente a un mismo problema –información–, los actores muestran dos maneras de comprenderlo difíciles de conciliar.

La dupla sostiene que el pueblo riojano necesita información científica que le muestre que la contaminación y los riesgos ambientales no existen. Para este fin cuentan con algunos ingenieros en minas, geólogos (y también cientistas sociales) que, en la convicción de que sus meros títulos universitarios los autorizan a declarar inofensiva la actividad, pasan por alto toda evidencia en contra o la etiquetan de “no científica”; y el “principio precautorio”, para ellos, no existe. De este modo, “informar” es convencer mediante el dispositivo monocultural-moderno “lo dice la ciencia” (pobre ciencia) y por lo tanto los emprendimientos deben hacerse.

Por otro lado, los asambleístas y poblaciones en lucha saben que para fundamentar el rechazo necesitan conocimientos científicos que demuestren (no simplemente que enuncien) los graves problemas de la actividad extractiva pero, además, y esta es su gran ventaja, cuentan con la recopilación de muchos otros saberes que provienen, por ejemplo, de pueblos que ya han pasado por esta situación y dan sus dramáticos testimonios, agricultores que saben cuánto baja cada año el agua del acuífero del valle y que apenas alcanza para esa labor y para el consumo... Es decir, al mentado “conocimiento científico” de los técnicos al servicio de las empresas les contraponen conocimientos científicos generados por grupos independientes de universidades nacionales y extranjeras combinados con los significativos “otros” saberes. En síntesis, las poblaciones en resistencias, como dignos sujetos sociales de este siglo, manejan una “ecología de saberes” que las diferencian y las ponen en ventaja sobre la supuesta única “racionalidad” enunciada por los universitarios de la modernización colonial.

Existe, de todos modos, una sospecha generalizada acerca del “modo” en que la supuesta información será difundida por el gobierno y la corporación. No obstante, atravesamos tiempos distintos, con lógicas de acción colectiva, modos de generación y asimilación de información que al poder le cuesta mucho entender y, por lo tanto, sus estrategias de “convencimiento” vienen fallando, aun desplegando mucho dinero. Cuando una población se opone no hay “licencia social” y sin ella no hay minería en democracia.

Norma Giarraca, Socióloga, Instituto Gino Germani (UBA).

Fuente: Página 12