Argentina: La Ley de Semillas se “discutió” en la Comisión de agricultura

En el primer encuentro estuvieron presentes, entre otros, el Ministerio de Agroindustria, la Asociación de la Cadena de la Soja (ACSOJA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y el INTA. El día 22 fueron de la partida el Instituto Nacional de semillas (INASE), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), el mega productor Gustavo Grobocopatel, la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (ARPOV), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONNINAGRO), un representante de la multinacional Syngenta y la Multisectorial contra la Ley Monsanto de semillas.

El representante del Ministerio presentó el proyecto del Ejecutivo, que consta de tres puntos:

1) Plantea un pago único en concepto de todos los derechos de propiedad intelectual.

2) Restringe el denominado uso propio de las semillas ya que explicita que tras la compra de las mismas el productor deberá pagar un derecho a las empresas por las siguientes tres campañas si siembra por la misma superficie comprada. Al cuarto ciclo no deberá pagar más, salvo que haga una superficie mayor. Se contempla la figura de “agricultores exceptuados” para productores de agricultura familiar, pueblos originarios y quienes tengan una facturación anual menor a 1,8 millones de pesos (tres veces la categoría más alta del monotributo). Pero no explicita cómo se determinará quiénes se entran en cada categoría.

3) Propone el fortalecimiento del INASE, con una participación paritaria público-privada.

Durante ambas jornadas, tanto el INASE como otros organismos estatales, defendieron este proyecto. Por su parte, ASA presentó un proyecto propio que contempla el uso propio oneroso durante toda la vigencia de la propiedad intelectual (15 o 20 años). Quienes disertaron en nombre de las entidades de empresarios del agronegocio, defendieron esta postura, reforzando la necesidad de que se endurezcan controles y sanciones, y argumentaron a favor de que la legislación no sea de orden público ya que esto “limita la posibilidad de realizar contratos entre privados que estén por fuera de la ley”.

Para el vocero de Syngenta, el proyecto del oficialismo “limita a sólo 3 años la propiedad intelectual y esto hace inviable económicamente recuperar las inversiones en investigación y desarrollo y cierra la puerta a nuevas tecnologías generando inseguridad jurídica”.

Las entidades agropecuarias nucleadas en la Mesa de Enlace, reafirmaron la necesidad de que el uso propio sea gratuito y de que la ley sea de orden público. Para la FAA, que presentó su propio proyecto, es necesario discutir cuáles son las mentadas inversiones ya que “en los últimos años desaparecieron cientos de semilleros locales y miles de productores agropecuarios”. Para la CRA, que tuvo un discurso muy duro contra Monsanto y las empresas transnacionales biotecnológicas, los productores deben poder disponer libremente del producto de la cosecha ya que es “la única posibilidad de seguir sembrando ante una oferta de semillas tan concentrada”.

Todas las voces ¿todas?

Sin lugar a dudas, la “Multisectorial contra la Ley Monsanto de semillas” fue la voz más crítica que se escuchó a lo largo de ambas jornadas. Intervinieron por la misma, Carla Poth de la organización territorial Río Bravo, Tamara Perelmuter, de Patria Grande, y Margarita Gómez, del Movimiento Nacional Campesino Indígena.

Las tres recuperaron la importancia de que sean mujeres las voceras de este espacio, ya el resto de los oradores fueron varones. “Las mujeres somos muy importantes en la producción de alimentos y de conocimientos”, sentenciaron. Asimismo, hicieron hincapié en que “las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria, fuente de vida y base de la biodiversidad del planeta” y cuestionaron que durante toda la jornada se haya asociado directamente a las semillas con la biotecnología.

Poth argumentó a favor de la realización de un “verdadero debate que contenga a todas las voces”, proponiendo que se cumpla con el artículo 20 de la Ley General de Ambiente que obliga a las autoridades a realizar consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para autorizar actividades que puedan generar efectos negativos sobre el ambiente, así como también a cumplimentar el artículo 169 de la OIT sobre consultas previas a los Pueblos Originarios. También dejó en claro que la Multisectorial se opone a la modificación de la Ley en términos que responden a las presiones de las multinacionales.

Perelmuter rescató al uso propio como “una práctica milenaria y constitutiva del agricultor en tanto refiere al hecho de seleccionar, guardar, intercambiar y resembrar semillas”. Por eso, agregó, “tiene que seguir siendo un derecho libre y gratuito de los agricultores”. Luego explicó que es “inadmisible que pase a ser una excepción al derecho de los obtentores, ya que esto viola Acuerdos internacionales como el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO o incluso UPOV 78” e ilegaliza prácticas tradicionales generando “un aumento de la criminalización de los productores como ocurrió con la Resolución 970 en Colombia”.

Finalmente, Gómez planteó una ferviente defensa del significado de las semillas para las comunidades indígenas y campesinas como “aquello que se vino mejorando en los territorios, fuente de alimentación de nuestros pueblos”. “Son el encuentro con nuestros antepasados, con el futuro, en el presente”, manifestó tras interpelar a los legisladores a no discutir sólo “como hacer más plata”. “Sepan que vamos a defender las semillas en los territorios”, vaticinó.

Las cartas están sobre la mesa, pero los tiempos legislativos de 2016 ya se acabaron. Todo indica que un nuevo año finalizará sin la tan esperada nueva Ley de Semillas.

Fuente: Notas