Argentina: La Cámara de Diputados comienza a discutir la Ley de Semillas

Si bien hubo intentos por modificar esta legislación a partir de 2003, el tema viene estando en la agenda pública con fuerza desde 2012. Coincidiendo con el anuncio de Monsanto del lanzamiento en nuestro país de la soja RR2 Intacta, el por entonces Ministro de Agricultura Norberto Yauhar anticipó la intención de modificar la Ley de Semillas.

Para esto se abrió una mesa de negociaciones en el marco de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), de la que participaron integrantes de organismos públicos como el INTA, el INASE y el Ministerio de Agricultura; del sector privado como la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM), la Asociación de Productores de Siembra Directa (AAPRESID); y de las entidades de que componen la Mesa de Enlace.

El hecho generó un importante rechazo en cuanto a los contenidos y a la orientación de los anteproyectos que pudieron conocerse, por parte de organizaciones sociales, políticas, campesinas, indígenas y de la agricultura familiar. La Federación Agraria Argentina (FAA) y algunos sectores del gobierno kirchnerista, también explicitaron su desacuerdo. Por lo tanto, hasta hace unas semanas ningún anteproyecto oficialista había ingresado al Congreso para su discusión.

El punto más crítico del debate, siempre estuvo centrado en la discusión del uso propio, es decir, la posibilidad de los productores de guardar parte de su cosecha y volverla a resembrar sin pagar regalías por esto.

Los proyectos en debate

En la reunión de la comisión de agricultura se pondrán en consideración 9 proyectos, de los cuales 2 fueron presentados en 2015 y los restantes a lo largo de este año. Entre ellos, hay cuatro que sobresalen por su trascendencia

En primer lugar, el oficialismo de Cambiemos, luego de varios meses de negociaciones en secreto, presentó su propuesta el pasado 13 de octubre. Como era de prever, acota la figura del uso propio, en tanto explicita que tras la compra de la semilla, el productor deberá pagar un derecho a las empresas por las siguientes tres campañas si siembra por la misma superficie comprada. Al cuarto ciclo no deberá pagar más, salvo que haga una superficie mayor, con lo cual deberá abonar la diferencia.

En tanto, contempla como “agricultores exceptuados” a los productores de agricultura familiar, pueblos originarios y quienes tengan una facturación anual menor a 1,8 millones de pesos (tres veces la categoría más alta del monotributo). No explicita cómo se determinará quiénes se encuentran dentro de cada categoría.

A la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), entidad que reúne a las principales empresas del sector, este proyecto le resultó insuficiente. En un comunicado expresaron que “el proyecto presentado no responde a los objetivos de integración con el mundo y desarrollo sostenible planteados por el Presidente en la reciente cumbre del G20 realizada en China”.

Por lo tanto, presentaron su propio proyecto el cual contempla el uso propio pago durante toda la vigencia de la propiedad intelectual, es decir, durante 15 o 20 años. No contempla ningún tipo de excepción, por lo tanto, no establece límite de tiempo ni de tamaño de las producciones.

El tercer proyecto en cuestión, es el de la Federación Agraria Argentina (FAA). Esta entidad, históricamente ha realizado una lectura crítica sobre la modificación de la ley, dado que pone en el centro de la discusión el riesgo de dependencia creciente del productor en manos de las grandes empresas multinacionales semilleras. También refutan la tesis del sector semillero que asocia el mercado ilegal de semillas con el derecho del agricultor.

Por lo tanto, en el proyecto que presentaron defienden la figura del uso propio sosteniendo este principio para todos los productores, menos para aquellos que superen las 1500 toneladas al año de soja o trigo, quienes podrán hacer un “uso oneroso a requerimiento del obtentor de las semillas protegidas”.

Finalmente, el presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, el legislador del Frente Renovador, Gilberto Alegre, presentó el 27 de mayo un proyecto de modificación que busca regular el “uso propio” creando para tal efecto un registro de “agricultores exceptuados”, manteniendo así el espíritu de los que circularon en 2012 y 2014.

Todo indica que las negociaciones más fuertes estarán entre el oficialismo y los sectores empresariales. Pero para que la ley sea aprobada se necesita los votos del massismo, por lo tanto, algún nivel de consenso se supone que deberá haber también con ese sector.

Hecha la ley, hecha la resistencia

Ni bien se conoció la existencia del proyecto de Cambiemos, la “Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas”, espacio que nuclea a decenas de organizaciones sociales, políticas, socio-ambientales, sindicales, de campesinos e indígenas, manifestaron su rechazo el mismo, en tanto “estas negociaciones dejan afuera las necesidades e intereses de agricultores familiares, comunidades campesino- indígenas, consumidores, y afectados directos por el agronegocio”.

Según expresan en un comunicado: “La limitación del derecho básico a guardar semilla para cultivar, inherente a la misma existencia de la agricultura, es inaceptable y la rechazamos de plano”.

En ese sentido, convocan el mismo martes que comienza la discusión, a realizar una radio abierta en la puerta del Congreso bajo las consignas “Las semillas son un Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad”, “No a la nueva Ley de Semillas Monsanto”, “No a la privatización de las semillas y la vida” y “Fuera Monsanto y la las corporaciones del agronegocio de América latina”.

Tamara Perelmuter – @tamiperelmuter

Fuente: Notas