Argentina: Juicio contra comunidad mapuche por defender su territorio

El 28 de diciembre de 2012 la oficial de justicia Verónica Pelayes, acompañada por efectivos policiales y representantes de la petrolera Apache, llegó hasta la comunidad Winkul Newen para notificar el desalojo de la comunidad mapuche. La jueza civil Ivonne San Martín, cuestionada por su aversión a los mapuches, había firmado un nuevo lanzamiento.

El ambiente estaba tenso, la comunidad mantenía paralizado el yacimiento Portezuelo Norte y las represalias eran inminentes, a ello se sumaba el pesar por la muerte de una beba nacida con graves problemas de salud. El despliegue de uniformados y petroleros contribuyó a desbordar la situación; hubo gritos, insultos y piedras, y una dio en el rostro de la empleada judicial.

El 13 de abril se definirán en Zapala los cargos contra Relmu Ñamku, Martín Maliqueo, werken (vocero) de la comunidad, y Mauricio Rain, logko (autoridad política) de Wiñoy Folil.

El fiscal Marcelo Jofre y el abogado querellante, Julián Álvarez, piden que Ñamku sea procesada por intento de homicidio y los otros imputados, por daños agravados. Detrás de ese pedido cierran filas los sectores económicos más concentrados de la provincia, que llevan adelante una cruzada por el desconocimiento de los derechos fundamentales del Pueblo Mapuche. De prosperar la acusación y ser condenada, lanzar una piedra en el marco de una protesta, en Neuquén, podría ser considerado un intento de homicidio.

¿Cómo se llegó a esta situación?

– Hace más de una década que la comunidad viene resistiendo los avances de las empresas petroleras, en un principio fue Pioneer, después Apache, hoy Yacimientos del Sur [subsidiaria de YPF]. En 2012 Apache pretendía ampliar la explotación –actualmente hay 10 pozos, entre petróleo y gas, y una planta compresora–, a lo cual nos opusimos y comenzamos acciones para frenar el avance. Y la empresa empezó con acciones judiciales para intentar ingresar. Pasamos cinco o seis instancias de desalojo y distintos procesos de militarización de la comunidad. Somos siete familias, una comunidad chica, y la fuerza que podíamos mostrar ante la policía no era la misma: treinta personas contra cien policías.

Tuvimos más de una pelea con la policía, incluso las mujeres de la comunidad nos rociamos con combustible para evitar que la empresa entrara. Hasta que pudimos generar condiciones para sacar a los trabajadores y a la policía privada, y pusimos tranqueras por todos lados [bloqueando los accesos al yacimientos].

– La decisión política de la Provincia era que la empresa entrara…

–Exactamente. En el medio de eso tuvimos la visita del Fiscal de Estado [Raúl Gaitán], también del fiscal que instruye la causa por tentativa de homicidio [Marcelo Jofre]. Tuvimos varias visitas del Gobierno pero nunca resolvieron nada. Le pedíamos que se saneara lo que el mismo Gobierno decía, a través de su autoridad de aplicación, con actas de inspección: que había derrames, piletas tapadas con crudo, caños pinchados.

El 27 de diciembre [de 2012] sepultamos en el cementerio de la comunidad a una beba que había nacido con malformaciones, tuvo horas de vida y falleció, y el 28 estábamos en nuestra casa, con toda la familia y gente conocida, y de repente escuchamos ruido de vehículos donde teníamos el alambrado. Nos asomamos y se veía una fila de vehículos de la empresa. Sabíamos que era un desalojo. No había gran cantidad de efectivos policiales, había sí una gran cantidad de vehículos de la empresa y de seguridad privada. Se acercó una señora con un papel… pensamos que era una escribana, porque es la metodología que utilizan, constatar todo con sus escribanos; pero era una oficial de Justicia que venía a notificarnos el desalojo. Empezamos a discutir con ella, porque no entendíamos quién era, por qué venía con la empresa. Le pedimos que se fuera, nos cruzamos en palabras, nos decía que lo que estábamos cortando no era de la comunidad, que era un camino público, ponía en duda nuestra condición mapuche. Finalmente nadie le recibió lo que traía y dejó un papel pegado en el alambrado. Se empezó a ir, pero antes le dio una orden a la topadora que estaba en el alambrado. La topadora avanzó y eso bastó para que reaccionáramos a las piedras, que es lo único que hay en el lugar.

En ningún momento quisimos que pasara lo que pasó con ella, que quedara una persona herida, de hecho la comunidad hizo un pedido de disculpas (ver noticia). En todos estos años siempre nos ha tocado tener los heridos nosotros y sabemos lo que es estar lastimado por las empresas petroleras.

“Están buscando la pena máxima para poder activar el yacimiento”

– Decías que no era la primera vez que los notificaban. ¿En las otras se había dado un despliegue así?

–No, nunca. Las oficiales de justicia dejaban su auto en una tranquera que teníamos y caminaban hasta la casa, golpeaban, te daban la notificación y se iban

– Hay un dato singular, la oficial de justicia había terminado su jornada laboral cuando le ordenaron que notificara a la comunidad. Era el último día hábil antes de la feria judicial.

– A esta mujer [Pelayes] el aparato judicial la presionó para que a fuera a notificarnos, lo vimos en el expediente. Ese día desde muy temprano los abogados de la empresa estuvieron en el juzgado pidiendo un mandamiento para que se librara el desalojo a la comunidad. Sacar un mandamiento como ese, tarda… ellos en horas lo lograron.

La idea era que quedáramos toda la feria judicial detenidos y por suerte no pudieron. Fue duro estar detenidos como delincuentes, cuando lo único que hicimos fue defender nuestro territorio. Dos meses antes la comunidad había sido golpeada por una patota de la empresa, incluso a un menor le pegaron un tiro en una pierna. La policía identificó a cada una de las personas que estuvieron ahí, no quedó nadie detenido, y hoy esa causa está a punto de prescribir. Investiga esos hechos es el mismo fiscal que lleva la causa por tentativa de homicidio. Ahí vemos todo el paño político que está detrás, cuando la comunidad se defiende, ‘le busquemos la pena más alta’; cuando la comunidad es golpeada, ‘acá no pasó nada, dejemos caer la causa’.

– Inicialmente te imputaban por lesiones graves, después cambiaron por tentativa de homicidio.

– Es una causa política, están buscando la pena máxima para que no acompañemos acciones en otras comunidades y para poder activar el yacimiento. Y, por otro lado, la querella está dirigida por Julián Álvarez, uno de los impulsores de Adeley –Asociación en Defensa de la Ley-, donde estaban los estancieros, las petroleras. La intencionalidad de ellos es manchar la causa lo peor posible con una carátula de tentativa de homicidio, que obviamente la pena no es la misma que lesiones graves. Creemos que tiene que ver con una ofensiva de la Provincia y las empresas para criminalizar a todo aquel que luche en contra de las petroleras. Neuquén tiene una gran movilización en contra del fracking, pero si a nosotros nos va mal en esta causa, por [resistir a la explotación de hidrocarburos] con un método convencional, imaginate qué va a ocurrir con el fracking.

Fuente: Marcha