Argentina: Familia campesina resiste violento desalojo en Santa Fe

Los terrenos están ubicados en Ocampo Norte, una zona rural de la ciudad de Villa Ocampo del departamento General Obligado al norte de Santa Fe. El conflicto surge porque el empresario Orlando Fantín afirma haber comprado un total de 50 hectáreas dentro de las cuales se ubica el predio que ocupa Juan para dedicarse a la agricultura y la ganadería.

Si bien los hostigamientos y amenazas se venían produciendo hace tiempo nunca se había llegado a este extremo. Lo último que había ocurrido hace algunos meses fue la destrucción del alambrado que cercaba el predio de Verón. Como integrante de Obreros del Surco, Juan alertó a sus compañeros quienes se hicieron presentes para acompañarlo y garantizar la seguridad de su familia.

Con apoyo de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino –ACINA– los militantes difundieron un comunicado donde afirman que “el intento de desalojo ocurrió pese a que en la Provincia de Santa Fe se encuentra vigente la Ley 13.334 de Emergencia y Suspensión de los desalojos en Predios Rurales que impide cualquier acción orientada al desalojo de pequeños productores, familias de trabajadores rurales o campesinos” por un plazo superior a diez años.

Además, esta situación también está avalada por la ley Veinteañal (o proceso de usucapión en términos jurídicos) que establece que los títulos de las tierras se otorgan a quienes demuestren ser dueños de las mismas con una antigüedad mayor a 20 años.

Es importante aclarar que el beneficio corresponde solo a aquellos que no se encuentren en relación de dependencia respecto a los titulares oficiales de los terrenos. Por lo tanto, a Juan Verón le corresponde la posesión legal de sus hectáreas por demostrar que tanto él como sus antecesores vivieron allí hace más de 30 años y que actualmente realiza sus tareas de forma autónoma.

Con respecto a lo que sucedió el domingo, Jose Luis Castillo militante de ACINA relató que “el empresario, Orlando Fantín, un conocido ganadero de la región, llegó borracho y con nueve personas armadas con clara intención de desalojar de forma violenta a la familia Verón”. Para resguardar a todos los que estaban presentes, la organización consideró que la mejor vía era establecer un diálogo pacífico para llegar a un acuerdo. Sin embargo, afirma Castillo, “este hombre agitaba permanentemente, incitaba a la violencia, usando para eso a gente contratada, vecinos nuestros con los que nos conocemos desde la infancia… es la forma de actuar que se repite siempre en cada conflicto”.

El derecho a la tierra y la lógica del patrón

Como se mencionó anteriormente, existen actualmente una serie de leyes que tienen por objetivo impedir los desalojos y proteger a pequeños productores del campo. El último triunfo de las organizaciones campesinas del país fue la aprobación de la Ley de Agricultura Familiar a fines de 2014 (ver aquí).

La misma tiene como objetivo “promover el desarrollo humano integral, bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores de campo y, en general, de los agentes del medio rural, mediante la diversificación y la generación de empleo en el medio rural”.

Esta ley, si bien aún no ha comenzado a implementarse, considera a la tierra como un bien social. En el artículo 16 dispone la creación de un Banco de Tierras y en el artículo 18 el establecimiento de una Comisión Nacional Permanente de Regularización Dominial de la Tierra Rural con el fin de relevar y abordar la situación legal de los terrenos que ocupan familias campesinas en nuestro país.

Sin embargo, todo este marco legislativo parece invisible para aquellos empresarios del negocio agroexportador que todavía hoy mantienen una lógica con los pequeños productores de “patrón a peón”. Las zonas rurales de nuestro país viven frecuentemente este tipo de hechos donde un supuesto dueño puede, impunemente, arremeter contra el trabajo o incluso la vida de familias campesinas. Como ocurrió en en 2011 cuando un grupo de sicarios asesinó al militante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) Cristian Ferreyra y sólo fue condenado el autor material de los hechos y no el empresario Jorge Ciccioli, autor intelectual de la muerte.

“Acá y en todas partes siguen los hostigamientos, los cierres de caminos, cosas que afectan todos los días a las familias campesinas a pesar de los derechos que se les vienen reconociendo”, asegura Castillo quien se desempeña además como director del área de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a las Organizaciones de la Secretaría de Agricultura Familiar. “Yo creo que lo que hizo la familia Verón apoyados por el resto de las organizaciones, fue repetir con fuerza lo que siempre decimos: basta de atropellos, de violencia y patotas, deseamos que aparezca la justicia”, sentenció.

Fuente: Notas