Argentina: El glifosato de la discordia

La empresa Monsanto, principal productor del herbicida en cuestión, salió rápidamente a posicionarse a través de un comunicado donde expresó que “como consumidores, la seguridad de nuestros productos es de suma importancia para cada uno de los que trabajamos en Monsanto. Y queremos ser claros: todos los usos del glifosato para el cuidado de los cultivos incluidos en la etiqueta de los productos son seguros para la salud”.

Fernando Mañas, investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en una entrevista realizada por el programa Bajo Consumo por Radio Sur y publicada por Notas, declaró que si bien “el gobierno no tiene una obligación desde un punto de vista legal para generar cambios ya que la OMS solo marca una línea de conducta en cuanto al cuidado de la salud pública, (…) va a tener que sentir algún tipo de presión en cuanto a la declaración de la IARC-OMS”.

Por su parte, para Medardo Ávila, coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud e integrante de Médicos de Pueblos Fumigados, al ser entrevistado por Notas en el marco de la 2° Jornada de Salud, Nutrición y Soberanía Alimentaria realizada en el Facultad de Medicina de la UBA “esto cambia el escenario mundial. Hasta ahora la OMS mantenía la cabeza bajo el suelo, pero en los últimos diez años se fue acumulando evidencia de que el glifosato produce cáncer. Y esto ya no podía ser ignorado”.

En tanto que, en relación a los nuevos desafíos, Ávila sostiene que “se trata de exigir al Estado nacional que el glifosato no esté en contacto con las personas. Esto es parte de nuestra lucha por ciudadanos, ya que el Estado no lo va a ser por sí mismo”.

En el ámbito político la declaración también tuvo algunos coletazos. El bloque de diputados nacionales de Unidad Popular (UP), que preside Claudio Lozano, ya adelantó que presentará un proyecto de ley para “prohibir la importación, elaboración, formulación, comercialización, uso y aplicación del principio activo ‘glifosato’ y sus productos formulados, con el fin de proteger la salud de la población”.

Fundamentan su postura, en que “el glifosato está categorizado como banda verde en nuestro país, y se aplica en cantidades enormes, cerca de núcleos poblados, sobre escuelas rurales y se dispersa por deriva. El Estado Nacional no puede permanecer impasible ante esto, no más”.

Por su parte la senadora nacional María Magdalena Odarda por la Coalición Cívica-ARI de Río Negro, presentó un proyecto que “busca prohibir tanto la importación del principio activo glifosato, como la elaboración, formulación, comercialización y uso de los productos que lo contengan”.

La nota de color al respecto la brindó la diputada nacional Elisa Carrió quién se pronunció a favor del glifosato a través de su cuenta en Facebook, asegurando que “el proyecto de ley presentado por la senadora Odarda (…) no responde a la plataforma política de la Coalición Cívica. Menos aún responde a mi opinión personal y política”. La ahora aliada de Mauricio Macri justificó su rechazo aseverando que “es una pésima solución ahogar productores agropecuarios. Este proyecto de ley mata al campo ya cansado de tantos golpes y sometido a la humillación de un gobierno que se empecina en maltratar a uno de los sectores más productivos de la Nación”.

El feliz matrimonio del glifosato y el agronegocio sojero

El glifosato es el herbicida más utilizado en nuestro país, ligado fundamentalmente a la soja transgénica, pero usado también en otros tipos de cultivos. En ese sentido, la expansión de la frontera agropecuaria y su consiguiente profundización del agronegocio, han llevado a un aumento exorbitante en los últimos años. Hoy se aplican unos 300 millones de litros de glifosato al año en más de 28 millones de hectáreas, donde viven unos 13 millones de personas.

Las conclusiones del informe de la OMS no hacen más que confirmar lo que ya desde varios sectores se venía denunciando. El caso más emblemático es el de Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA y ex presidente del CONICET, fallecido en mayo de 2014, quién denunció hace ya varios años los efectos nocivos del glifosato. En su momento sus investigaciones y conclusiones le valieron descredito y amenazas.

En 2012, en tanto, se llevó a cabo el primer y hasta ahora único juicio a productores agropecuarios acusados de fumigar campos con agroquímicos. Eso ocurrió diez años después de que las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba, comenzaron a denunciar el aumento exponencial de enfermedades que ocurrían en el barrio a causa de las fumigaciones con glifosato. Nacían de esa manera las “Madres de Ituzaingó”, un símbolo de la lucha contra una de las consecuencias más visibles del modelo sojero.

Fuente: Notas